Analizan la continuidad de la jefa de Policía hasta el final del verano

Martín Llaryora repite una y cien veces que su gestión tendrá básicamente tres ejes: seguridad, salud y educación y, de ellos, el más urgente es el primero, debido a los gravísimos problemas que se registran en la provincia y que, lejos de frenarse, crecen exponencialmente.

A Seguridad decidió darle rango de ministerio y designó a Juan Pablo Quinteros, aunque oficialmente no hubo ningún anuncio. El dirigente, que viene de Encuentro Vecinal, no atiende sus teléfonos y cultiva un perfil que podría definirse como subterráneo. 

Sin embargo, hay que volver un poquito atrás en el tiempo y recordar algunas de sus frases de campaña: “En seguridad no quiero anuncios sino resultados” y “voy a trabajar muy duro para combatir al narcotráfico”.

La lucha contra el narco será la meta que buscará desde el 10 de diciembre.

Habrá una ley de seguridad que dicen que es muy simple pero contundente y fue redactada por Emilio Graglia –especialista en la materia–, retocada luego por algunas otras figuras de peso del gobernador electo, entre ellos, Quinteros.

Mientras preparan la mudanza a 'El Panal', fuentes del Palacio 6 de Julio comentaron que habrá incorporación de civiles y más policías en la calle, tras lo cual habrá impacto con la nueva promoción de uniformados, con tres años de clases.

El llaryorismo asegura que Quinteros ya definió quiénes serán sus acompañantes en esa estratégica cartera, pero dará a conocer los nombres una vez que sea confirmado como ministro.

Lo que es más importante es que, hoy por hoy, se analizan cambios en la policía, pero algunas voces que interpretan fielmente el pensamiento de Llaryora dijeron que la salida de la jefa de Policía, Liliana Zárate Belletti no sería inmediata.

“Podría demorarse un poco el cambio en la conducción de la Policía por los problemas coyunturales que presenta el verano, como lo son el aumento de los robos en diciembre (lo dicen las estadísticas), la presencia siempre latente de conflictos sociales, los 'operativos verano' que demandan una logística importante y algunos otros hechos de relevancia”, cuentan los informantes.

En ese sentido, los llaryoristas apuntan que la demora en realizar modificaciones en la cúpula policial “es una alternativa que se está manejando en estos días y será definida personalmente por el gobernador que, sin dudas, escuchará opiniones pero terminará resolviendo él”.

La seguridad es un área en la que habrá sorpresas, algunas de las cuales ya fueron anunciadas como la comunicación, que tiene en Quinteros a un conocedor de la materia y de diálogo fluido con los medios.

Ahora, el futuro ministro seguramente sabrá que este desafío es a suerte y verdad. Las cosas salen bien o mal y no valen las respuestas que se queden a mitad de camino.

Terremoto en la Legislatura. La Legislatura vivió horas de tensión y larguísimas discusiones esta semana, pero el lunes se dieron algunas definiciones.

Finalmente se confirmó que el actual ministro de empleo, Facundo Torres, será titular provisorio de la Legislatura, es decir la tercera autoridad de la provincia. El dirigente de Alta Gracia fue anteriormente ministro de Gobierno y tiene muy buenos vínculos con intendentes y exintendentes. Y es un dialoguista, tal vez allí radique el motivo de su elección. 

Torres fue elegido el lunes, y el miércoles todo tembló; no por su elección sino por la sanción de la ley de reforma al Tribunal de Cuentas de la Provincia y la reforma electoral.

El cambio de funciones y la falta de control preventivo (anterior a la erogación) fue considerado una afrenta a la democracia por los opositores de Juntos por el Cambio, que pusieron a sus principales espadas: Luis Juez, Mario Negri y Rodrigo de Loredo, entre otros. Fueron muy duros con el gobernador saliente Juan Schiaretti y con el sucesor Llaryora. 

Entendieron que estaban violando la voluntad popular, que en las pasadas elecciones provinciales le dio la victoria a Juntos por el Cambio en la categoría Tribunal de Cuentas de la Provincia.

Desde el riñón de Llaryora replican: aseguran que los opositores podrán controlar después de realizado el gasto y aducen que si se les permitía hacerlo antes demorarían todo lo que hay que hacer de manera urgente.

“Si quiere, Juez tiene todas las posibilidades de controlar el gasto, antes y después. Pero el señor senador no quiere controlar, sólo le interesa obstruir”, le contestaron de mala gana desde la mesa chica del exintendente de San Francisco.

Y apareciste tú.  Además, en esa ruidosa sesión legislativa Orlando Arduh, el más flamante de los llaryoristas, presentó un proyecto de reforma electoral que le da mucho más margen al gobernador para fijar la fecha electoral. Esto mereció el rechazo frontal de los constitucionalistas, no ya de los dirigentes de la oposición. El reclamo central que se hace es buscar una solución similar a la que existe en la Nación, donde se vota en una fecha fija consagrada por la misma ley. El tercer domingo de septiembre, por ejemplo, sin concederle a las autoridades de turno un margen tan amplio para decidir de acuerdo a su conveniencia.

Desde la oposición se anticipa que el año próximo trabajarán para modificar esta situación y consagrar una fecha fija o bien dar un rango muy breve para establecer la fecha de la elección de gobernador.

Desde las cátedras de derecho constitucional, muchos especialistas señalan que tendría que invitarse a ciudades, pueblos y comunas a votar en la misma fecha que las provinciales para evitar el desgaste y el gasto que significa organizar tantas votaciones en un año. Este año los cordobeses fuimos cinco veces a las urnas en todos los centros urbanos que sufragaron para nominar intendente en fecha diferenciada. Una locura.