El miércoles último, la Legislatura convirtió en ley la creación de un Juzgado de Control y cuatro Fiscalías de Instrucción de Flagrancias, que tramitarán procesos judiciales por delitos detectados mientras son cometidos por sus autores. La iniciativa había sido presentada por el Poder Ejecutivo en base a un trabajo desplegado desde la Fiscalía General y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
La nueva estructura actuará sólo en la Primera Circunscripción, que comprende a la ciudad de Córdoba. Por el momento, el tratamiento específico de las flagrancias no se contempla para el interior. Los más optimistas aspiran a que entre en funcionamiento a fin de año.
La creación de nuevas fiscalías y de un juzgado con competencia específica, significa un decidido apoyo del gobierno provincial al proyecto que anunció hace poco más de un año a PERFIL CÓRDOBA el fiscal General Juan Manuel Delgado e implica nada menos que la asignación de recursos para esa estructura.
Todavía no están los números, pero en breve comenzarán las consultas entre el Ejecutivo y el Poder Judicial para delinear el proyecto de presupuesto 2024 que debería contemplar, entre todos los gastos e inversiones, una partida para ese fin. Tampoco está definido si el juez y los cuatro fiscales surgirán de nuevos concursos o se utilizarán órdenes de mérito vigentes para su propuesta y designación.
Tendrán la enorme tarea de tramitar un volumen importante de casos: la proyección indica que para este año serán 10.000. Hay quienes definen esa cifra como el “núcleo duro de la inseguridad”, porque en su gran mayoría está compuesta por hurtos y robos a mano armada.
Mientras tanto, avanza el proceso licitatorio para levantar el nuevo Centro de Recepción de Personas Aprehendidas (CRPA) en Cardeñosa 2900, en barrio La France. Este organismo fue creado a raíz de la pandemia de coronavirus y continúa funcionando en el Polo Judicial de barrio Observatorio.
Y también sigue el trabajo en oficinas que dependen del TSJ y la Fiscalía General sobre la realidad actual de las flagrancias en Córdoba: qué tipo de delitos se cometen, cuáles son las zonas donde se detectan y a qué población afecta, entre otros aspectos.
De ese diagnóstico surgirá el diseño del sistema con el protocolo de acción para las nuevas fiscalías, con indicaciones sobre el procedimiento y las sanciones aplicables según establecen el Código Penal y el Código Procesal Penal. Para los hechos más leves se analizan medidas restaurativas y trabajo comunitario, entre otras alternativas.
¿Evitará la puerta giratoria? Este medio intentó obtener mayores definiciones sobre cómo se llevará a la práctica la ley aprobada el miércoles, pero desde el TSJ y la Fiscalía General la respuesta fue similar: todavía se trabaja en el diseño.
Lo cierto es que nadie quiere salir a dar mayores definiciones porque inmediatamente surgieron consultas de jueces a las cabezas de ambos poderes, cuestionando falta de información previa.
Sí admiten que se avanza con un sistema integral de flagrancias, como respuesta a la inseguridad que asola a la ciudadanía y que se enmarca en el ‘plan de gestión territorial’ del conflicto penal que implica la reorganización del trabajo de las fiscalías.
Se modificaron los turnos por distrito y se constituyeron equipos con Unidades Judiciales asignadas de modo que cada fiscal quedó como máximo responsable de las investigaciones penales por delitos que ocurren en un determinado territorio. Esta iniciativa del Ministerio Público Fiscal se puso en marcha el 13 de mayo en el Distrito 4 y progresivamente fue abarcando al resto.
Las fuentes consultadas subrayan que todas estas medidas apuntan a “dar una respuesta desde el Poder Judicial a la inseguridad”.
No se habla de un “fuero de flagrancia” sino de un “sistema integral” –se trata de una definición que está en elaboración– que no abarcará a toda la Provincia sino sólo a la Capital, a partir de fin de año.
Tampoco hay definiciones del espacio físico donde funcionará, pero una posibilidad es que los cuatro nuevos fiscales de flagrancia puedan tener sus despachos en el CRPA, donde podrían tomar contacto inmediato con los detenidos.
“La ventaja de la flagrancia es que la prueba está reunida. Son pocas las gestiones que se requerirán de una Unidad Judicial para obtener prueba. Se podrá hacer más ágil el proceso, con juicios abreviados y soluciones alternativas”. Así explican el meollo del proyecto.
Ante la pregunta de por qué se decidió dividir las flagrancias del cúmulo de expedientes de mayor complejidad, la respuesta fue: “El sistema integral de flagrancias se encolumna con un tema que la sociedad requiere. Así se evita la puerta giratoria, la reincidencia que permite que una persona recaiga permanentemente en el delito. La idea es: flagrancia, aprehensión, solución alternativa y salida del proceso con una condena. La próxima vez, esa persona que delinquió no tendrá el beneficio de la libertad condicional. Así se cierra el camino de la reiteración de delitos”. La experiencia dirá si el objetivo se cumple.
NUEVO EDIFICIO PARA EL CENTRO DE DETENIDOS
Desde la pandemia de coronavirus, la imposibilidad de realizar traslados y circular por la ciudad motivó la creación de un Centro de Recepción de Personas Aprehendidas (CRPA) que funciona actualmente en el Polo Judicial de barrio Observatorio, a metros de los despachos de los fiscales penales.
Si bien desde la Policía y algunas fiscalías se sigue objetando la existencia de un único lugar para recibir los sumarios con detenidos, por las largas esperas que implica la concentración del trabajo, no sólo no se piensa en desarmarlo sino que avanza el proyecto para construir un nuevo edificio donde pueda continuar funcionando.
ERFIL CÓRDOBA consultó en el Ministerio de Obras Públicas en qué estado se encuentra el proyecto. La adjudicación de la obra está a la firma del ministro Ricardo Sosa. La empresa adjudicataria es Cova SA, con un presupuesto total de $ 779,1 millones. El nuevo edificio se levantará en Cardeñosa 2.900, en barrio La France, junto al Hospital Materno Neonatal. Tendrá una superficie de 1.000 metros cuadrados, con accesos diferenciados para imputados y víctimas.
