En febrero de 2019, con apenas 37 años y tras haber sido alcalde de la capital, San Salvador, el publicista Nayib Armando Bukele Ortez obtenía casi el 54 por ciento de los votos y se convertía en el presidente más joven de la historia salvadoreña.
Con un perfil inicial de tecnócrata, un amplio manejo de la comunicación a través de las redes sociales, efectistas promesas de cambio y diatribas contra los desprestigiados dirigentes políticos de su país, Bukele fue ganando adeptos al mismo tiempo que sus medidas fortalecían su autoridad y avanzaban sobre la independencia de los otros poderes del Estado.
Lejos de menguar los apoyos a su cada vez más controvertida figura, su perfil autoritario y su discurso de mano dura parecieron aumentar su popularidad en una nación sacudida desde hace años por la violencia. Pero fueron sus más recientes medidas en materia penal y carcelaria las que instalaron el nombre de Bukele y su “estilo” en debates que traspasaron fronteras.
El cinematográfico y ominoso traslado de miles de presuntos pandilleros hacia una cárcel de máxima seguridad que albergará hasta a 40.000 detenidos tuvo repercusión global y mucho más abordaje mediático que las investigaciones y denuncias contra el mandatario por su presunta connivencia reciente con líderes de las violentas maras, el actual blanco declarado de una “guerra” con la que justifica cualquier abuso.
Para tener una visión más cercana a lo que han significado estos años en el poder de un Bukele que en 2024 buscaría su reelección, pese a que la Constitución de su país impide dos mandatos presidenciales consecutivos, PERFIL CÓRDOBA dialogó con Katlen Urquilla, periodista salvadoreña con más de 20 años de trayectoria en noticias de Política, Economía, Judiciales e Internacionales.
-¿Cómo han sido las políticas de Bukele desde que llegó al poder y qué evaluación hace de su manera de enfrentar la violencia y los altos índices delictivos de El Salvador?
-En el gobierno de Bukele lo que ha predominado son la improvisación y la falta de transparencia con el uso de los fondos públicos. Mucha información que debería ser pública, como las compras durante la pandemia, sólo por mencionar un ejemplo, ha sido puesta bajo reserva de ley o bloqueada al conocimiento de los ciudadanos por varios años. También hay información sobre proyectos grandes de infraestructura o de supuestas compras de Bitcoin que son como un secreto de Estado. A casi cuatro años de su llegada al poder se desconoce cuál es el plan de gobierno quinquenal donde se detallen cuáles son las políticas de seguridad, de economía, de salud, educación, agricultura, etc. Los programas o medidas que anuncia han ido surgiendo sobre la marcha, ya sea en respuesta a alguna coyuntura, pero sobre todo dependiendo de si contribuirían a exaltar la figura del presidente. Ese es el caso de la implementación del régimen de excepción, desde hace ya casi un año, con el propósito de combatir a las pandillas, lo cual en los sondeos de opinión pública ha sido un factor que influyó a favor de la imagen del gobierno.
-¿Es tan masivo ese respaldo a las medidas extremas? ¿No se objetan los abusos entre la población?
-Si bien ha sido una medida que muchos salvadoreños califican de positiva, porque perciben que están “más seguros” con el encarcelamiento de pandilleros, la otra cara de la moneda son los detenidos de forma arbitraria y los muertos bajo custodia de las autoridades durante el régimen de excepción; esto ha sido denunciado por organizaciones de derechos humanos en El Salvador y a nivel internacional. Pero además hay un fenómeno que el gobierno trata de minimizar o de desviar la atención con el discurso de que hay “cero homicidios” en el país y se trata de centenares de personas desaparecidas, sobre todo jóvenes de entre 18 y 30 años; las autoridades de Seguridad no dan respuestas a los familiares que denuncian las desapariciones y los parientes viven un tormento por no saber qué ha sido de los suyos. Y se han conocido casos de personas, sobre todo hombres, que están huyendo del país por miedo a ser capturados por los militares o policías sin tener algún vínculo con maras; incluso algunos de ellos también han sido víctimas de las pandillas. El enfoque mediático del gobierno en el área de seguridad ha sido “desaparecer” o “exterminar” a las pandillas y construir la cárcel “más grande de Latinoamérica”, pero a costa de también desaparecer derechos humanos de muchos salvadoreños que no están involucrados en las maras y de usar fondos públicos que los ciudadanos no saben cómo se han administrado.
-Muchos medios sugieren que el endurecimiento del trato a las maras sobrevino tras denuncias sobre pactos iniciales entre cúpulas pandilleras y el actual gobernante, ¿qué hay de cierto?
-Tanto investigaciones de medios salvadoreños como internacionales han revelado pactos entre las pandillas y el gobierno actual, pero también con administraciones anteriores. Dichas publicaciones han difundido videos, fotografías y documentos que indican que habrían ocurrido encuentros de cabecillas de maras con políticos. Lo paradójico es que el actual gobierno fustigó a quienes lo hicieron en gestiones pasadas, pero luego surgieron investigaciones periodísticas que sacaron a la luz que funcionarios actuales también habrían pactado con pandillas para bajar los homicidios en El Salvador. Y recientemente se supo que el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer una acusación en contra de 13 cabecillas de la MS-13 por delitos de narcotráfico y crimen organizado, la cual fue presentada en el Distrito Este de Nueva York y señala una vinculación de funcionarios del actual gobierno con la pandilla ocurrida en 2019.
-¿Por qué cree que la popularidad de Bukele es tan alta aún cuando las acusaciones de violaciones a los derechos humanos son tan fuertes fuera de El Salvador?
-Mientras en el extranjero hay organizaciones de peso como Naciones Unidas o Human Rights Watch (HRW) que señalan las violaciones a derechos humanos durante el régimen de excepción en El Salvador, puertas adentro el gobierno mantiene activa una amplia maquinaria de propaganda que enfoca su narrativa en que es “el país más seguro” o que están “haciendo historia”, con cada ofrecimiento de obras, así sólo queden plasmadas en simulaciones digitales. Además, desvía la atención sobre otros asuntos, como la persecución de sus opositores. Pero también influye otro fenómeno que lo han señalado estudios académicos realizados en el país: la baja escolaridad de quienes apoyan a Bukele. Según encuestas realizadas por la Universidad Francisco Gavidia, el presidente sale mejor evaluado entre la población que tiene menos grados de escolaridad y, por el contrario, los encuestados con estudios técnicos y universitarios son los que menos puntos le dan al gobernante en sondeos. Según datos oficiales, la escolaridad promedio del salvadoreño es hasta séptimo grado; es bajo el porcentaje que tiene estudios universitarios en el país.
-¿Cómo se ve la polémica entre Bukele y el presidente colombiano, Gustavo Petro, quien dijo que la solución a la violencia no pasa por construir más cárceles sino más universidades y escuelas?
-Esta polémica desató una batalla en redes sociales. Por un lado, los seguidores de Bukele, incluidos funcionarios de su gobierno, diputados afines y cuentas de “troles”, emprendieron una campaña para criticar al presidente colombiano y, por otro, tanto políticos opositores, representantes del sector académico como otros ciudadanos se expresaron a favor de lo que señaló Petro. Sin embargo, estos dimes y diretes le han servido al gobierno para desviar la atención de los cuestionamientos sobre la “megacárcel”, ya que no ha explicado cuánto costó, qué empresa se contrató, si los reos trasladados ya son personas con una condena, ni se ha pronunciado sobre los señalamientos de Human Rights Watch de que viola reglas de Naciones Unidas, entre otros puntos sobre los que calla.
