El miércoles pasado fue el último día en que Ricardo Bustos Fierro fue titular del Juzgado Federal 1 (JF1) de Córdoba. Estuvo casi 30 años en el cargo y llegó a ser el juez que reunió todas las competencias. Además de las que tiene cualquier otro magistrado de su jerarquía, fue juez electoral y por decisión de la Cámara de Casación también se le asignaron las causas más complejas de lesa humanidad.
El 25 de enero se venció el plazo de prórroga que le otorgó el presidente, Mauricio Macri, en 2018. Ese día dejó de ser magistrado en actividad, por jubilación.
Inmediatamente, la Cámara Nacional Electoral designó al titular del JF2, Alejandro Sánchez Freytes, como juez con competencia en la materia. La resolución fue protocolizada y notificada el jueves pasado.
Los argumentos con los cuales fue nombrado fueron breves y directos.
El vocal, Daniel Bejas, -quien suscribió la resolución- se remitió a cuatro artículos de la Ley de subrogancias 27.439 en los que se indica en qué casos deben producirse las designaciones temporarias y cuál es el orden que se debe seguir para elegir a la persona a ser nombrada.
En particular, citó un parte del apartado del artículo dos que establece que procede designar a un “juez de igual competencia y de la misma jurisdicción territorial o, en su defecto, de la misma jurisdicción territorial y de competencia similar o, cuando ello no fuere posible, con un juez de la jurisdicción territorial más próxima”.
“Siguiendo tal parámetro -señaló- le corresponde al titular del JF2, quien históricamente ejerció la subrogancia en materia electoral”.
Es decir que, para los comicios nacionales que se celebrarán este año la Junta Electoral quedará constituida con Graciela Montesi, como presidenta de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes y el titular del Tribunal Superior de Justicia, Domingo Sesín.
La Cámara Electoral ni siquiera mencionó el acuerdo de la Cámara Federal local que, por mayoría, designó para subrogar el JF1, en el resto de competencias, al juez de Bell Ville, Sergio Pinto. En aquel acuerdo hubo una fuerte discusión y finalmente la resolución surgió por mayoría.
Los vocales Eduardo Avalos, Liliana Navarro e Ignacio Vélez Funes analizaron el volumen de expedientes en trámite –según las últimas estadísticas disponibles- y concluyeron en que Pinto era el juez en mejores condiciones para asumir el reemplazo provisorio.
Disintieron en la solución los vocales Graciela Montesi y Abel Sánchez Torres, quienes opinaron que la ley estipula que el subrogante debe pertenecer a “la misma jurisdicción territorial”. Sin citar el controvertido acuerdo, la Cámara Nacional Electoral alegó exactamente ese argumento en la designación de Sánchez Freytes. No ahondó en ningún otro argumento.
Bajo el mismo criterio, el propio Sánchez Freytes y el titular del JF3, Hugo Vaca Narvaja, habían pedido a fin de año avocación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en contra del nombramiento de Pinto. El recurso permite la intervención del máximo tribunal del país para confirmar o revertir la designación como subrogante del juez de Bell Ville.
La Corte aún no emitió su opinión.
