La investigación por la presunta existencia de una cueva financiera en el departamento de Guido Romagnoli, donde ocurrió el trágico atraco el 16 de febrero de 2018, está archivada porque la Justicia Federal no pudo probar su existencia, pero la información contenida allí podría echar luz a otra causa trascendente: la presunta defraudación y lavado de activos en la que se encuentran procesados dirigentes del gremio de Luz y Fuerza.
El juez federal Ricardo Bustos Fierro solicitó a su par Miguel Hugo Vaca Narvaja dos informes que aportaron el Banco Nación y el Banco de Córdoba al Juzgado Federal 3, en los que se investigó a Romagnoli. Se trata de 200 fojas de cheques escaneados que pertenecerían al sindicato lucifuercista. La solicitud se enmarca en el expediente que busca dilucidar si la cúpula gremial defraudó a su propio gremio y si, con el provecho de esas maniobras, habría lavado dinero.
En esa causa están imputados el secretario general, Gabriel Suárez, y el adjunto, Jorge Molina Herrera, entre otros.
El dato de la ‘cueva’. Los informes financieros habían sido pedidos por el juez Vaca Narvaja a las entidades bancarias, porque desde que ocurrió el asalto al departamento de calle Rondeau 84 surgió el rumor de la existencia de una ‘cueva’ dedicada a cambiar dólares y cheques, donde operaban sindicatos cordobeses.
A semanas del atraco, la por entonces fiscal federal Graciela López de Filoñuk generó de oficio la pesquisa por la presunta financiera ilegal. Su sucesor, Maximiliano Hairabedian, mantuvo el expediente abierto, hasta que solicitó su archivo ante la inexistencia de pruebas que pudieran incriminar a Romagnoli o algún allegado.
Entre las numerosas pruebas ordenadas por Vaca Narvaja se encuentran los informes de las cuentas de Luz y Fuerza en el Banco de Córdoba y el Nación.
Motivo de la sospecha. La versión de que parte del botín con los que huyeron los asaltantes de Romagnoli estaba formado por cheques de gremios cordobeses tomó cuerpo, a fines de 2018, cuando detuvieron por narcotráfico a uno de los hijos de Raúl Cuello, apodado el ‘Tuerto Cacho’. En un video amenazante, tres encapuchados nombraron a dirigentes lucifuercistas y señalaron que “tenían pruebas” de lo que había en la financiera de Romagnoli. Los culpaban de todo lo que tenían que soportar al ser perseguidos judicialmente.
Bustos Fierro espera, ahora, que las fojas incorporadas al expediente de Romagnoli sean certificadas por el magistrado y remitidas a su juzgado. La importancia de esos datos radica en que los cheques son documentos trazables. Es decir que es posible obtener datos de quienes intervinieron en la cadena de endosos, quiénes los libraron y sus destinatarios.
Si las salidas de dinero no están debidamente justificadas y respaldadas en facturas de compras o prestación de servicios, se podría inferir que se consumó una defraudación.
La punta del ovillo. La investigación penal federal a la directiva del gremio se puso en marcha por una alerta sobre la cantidad de cheques que se monetizaban en el Banco de Córdoba. El Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) se comunicó a la Unidad de Información Financiera (UIF) y esta notificó a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que envió los antecedentes a la Fiscalía Federal N°2, por entonces a cargo de Gustavo Vidal Lascano (ya jubilado).
La normativa vigente impone que los cheques sean librados por un máximo de $50 mil. Se detectó que había un drenaje de valores por ese monto y por eso saltó la sospecha. Pero también, en la última década, hubo una catarata de valores rechazados que se estimaron en $860 millones al momento en que se produjeron las imputaciones, en 2019.
A cualquier cliente con ese antecedente se le cierra la cuenta y se le impide continuar operando en su empresa. En el caso de los sindicatos tienen un tratamiento diferente y esa cartera está a cargo de las denominadas ‘Cuentas gubernamentales’.
Una pericia empantanada. La incorporación de datos sobre los cheques informados en el expediente Romagnoli procura sumar información a la causa de Luz y Fuerza, que está empantanada a raíz de una compleja pericia contable a cargo de especialistas de Gendarmería Nacional.
CONTRA EPEC
En forma paralela, y con un final provisorio diferente, se tramita otra causa contra el directorio de Epec, por la presunta presentación de balances manipulados en 2018. Hace tres años el gremio denunció que el presidente y directivos de la empresa habían modificado, en un lapso de dos meses y medio, los resultados de los balances para conseguir calificaciones que permitieran colocar en el mercado de valores $100 millones. Hace un mes, el fiscal federal Carlos Casas Nóblega consideró que no hubo delito y solicitó el archivo del expediente.
