Si se pensaba que sólo había ruidos internos en las fiscalías de Instrucción sobre la reforma integral que pretende instrumentar en breve la Fiscalía General de la Provincia, hay que decir que también el Poder Judicial está manifestando sus propios malestares internos. En este caso, los vocales de las 12 cámaras en lo Criminal y Correccional lo expresaron formalmente en una nota dirigida a la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Una fuente consultada subrayó que “firmaron 35 de los 36 vocales”, lo que demuestra que el descontento es generalizado, casi unánime.
En concreto, le recriminan a los vocales que integran la sala, Aída Tarditti, María Marta Cáceres de Bollati y Sebastián López Peña, adoptar resoluciones inconsultas, unilaterales, sin tener presente la opinión de quienes tienen real experiencia de la gestión de todos los juicios penales que se desarrollan.
“Los operadores especialistas en temáticas de juicio no son consultados sobre las decisiones”, puntualizó la misma fuente y señaló que, excepto Tarditti que ocupó cargos en un juzgado, el resto de los vocales no cuentan con experiencia directa en la conducción, organización y ejecución de los procesos.
Cuando desaparecieron los Juzgados Correccionales sus competencias fueron absorbidas por las Cámaras del Crimen y desde hace 20 años, a pesar de un incesante incremento en la litigiosidad, no se han creado nuevos tribunales colegiados. Sí se han sumado dos oficinas de apoyo: la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) y la Oficina de Servicios Procesales (Ospro).
La primera se encarga de la organización de los juicios de todos los tribunales y fija las fechas. La segunda es un soporte para diligenciar prueba, realizar notificaciones, etc.
A cinco años de su creación, la OGA –se presume es un apoyo para optimizar la organización– es criticada por los jueces de cámara. En rigor, no se ataca a la estructura sino a las directivas inflexibles que bajaron del TSJ para hacer cumplir el cronograma que se defina.
Antes de que existiera esta oficina, cada tribunal organizaba según el cúmulo de expedientes que tenía, las fechas de las audiencias. Se ponían de acuerdo con los abogados de las partes; cuentan que la mayor dificultad estaba en coordinar con asesores letrados por la cantidad de causas en las que intervienen y se resolvía en cada cámara. Ahora, la OGA se encarga de esa tarea. Pero, según comentaron a este medio algunos jueces descontentos, lejos de agilizar “sumó burocracia”.
Uno de los consultados puso este ejemplo: “Hay debates que se prevén en dos o tres semanas, en el transcurso del juicio las partes renuncian a testigos y es posible adelantar la fecha de la sentencia; eso posibilita convocar antes otros procesos con fechas posteriores. Sin la autorización expresa de la OGA es imposible cambiar ni siquiera los horarios”.
Otro tema que exasperó los ánimos es la imposición de la virtualidad para los juicios abreviados que, según disposición del TSJ, deben realizarse en horario vespertino. Los camaristas expresaron en la nota que no se previó que, durante las tardes, no hay personal de las oficinas de apoyo.
Una tercera cuestión sensible para los vocales de las cámaras es la directiva del Tribunal Superior sobre el orden de prioridades para fijar las audiencias en materia de violencia familiar, teniendo en cuenta el riesgo medio o alto que enfrentan las víctimas; como si los jueces no tuvieran un criterio para establecerlas. “Una cosa es exhortar, pedir, sugerir y otra es imponer”, dijo muy molesto uno de los vocales a este medio.
"NO ES NADA NUEVO, DICE EL TSJ"
PERFIL CÓRDOBA procuró obtener una respuesta de parte del TSJ. Se explicó que la existencia y apoyatura que brindan las dos oficinas de gestión y de servicios procesales “no es nada nuevo”, porque son proyectos de los que se viene hablando “desde 1999”. Explicaron que son experiencias que se fueron extendiendo progresivamente. Inició en el fuero de Narcotráfico, luego se incorporaron cuatro cámaras a un plan piloto y ahora se incluyen las oralidades de todas las prisiones preventivas en los Juzgados de Control, a partir del 1 de mayo.
Las fuentes consultadas en el alto cuerpo opinaron que, en esta materia, Córdoba está más atrasada en relación a otras provincias que ya tienen sistemas similares.
Si bien se reconoce una alta calidad en la producción de sentencias por parte de las cámaras, observaron que “no se puede tocar la orquesta y barrer el piso”. Desde hace más de 20 años se vienen hablando de este modo de organización, pero se fue avanzando primero con la mesa general de entradas y ahora se habilitó el uso de la OGA para todas las Cámaras del Crimen.
Defendieron su inclusión porque, según los resultados del plan piloto, “mejoró la productividad” de los tribunales que se incorporaron. “No se pueden arrastrar formas de trabajo decimonónicas”, se escuchó en los despachos de Tribunales I.
