La investigación por el femicidio de Agostina Vega continúa generando debates sobre la actuación de las instituciones públicas. En ese contexto, el especialista en criminología y docente de la Universidad Blas Pascal, Jorge Jofré, analizó el caso y advirtió que, más allá de las herramientas legales existentes, existen falencias estructurales vinculadas a la prevención, la articulación comunitaria y la comunicación pública durante situaciones críticas.
En diálogo con Punto a Punto Radio, Jofré destacó que tanto la normativa nacional como la provincial establecen mecanismos de actuación inmediata ante la desaparición de personas. Mencionó el decreto nacional que regula la Alerta Sofía y la Ley Provincial 10.654, que obliga a los organismos públicos a intervenir sin demoras. “Hay normas que han permitido construir un esqueleto en la actuación de los órganos públicos”, explicó.
Sin embargo, consideró que el caso Agostina expuso los límites de ese esquema cuando no existe una red de contención previa. “La ley tiene un límite cuando la ley no tiene red. Falta una red organizada que aparezca mucho antes del expediente”, sostuvo. Según explicó, "la comunidad necesita mecanismos de prevención y protección que actúen antes de que intervengan la Policía, la Justicia o el Ministerio Público”.
Para Jofré, uno de los principales problemas es la tendencia a trasladar todas las responsabilidades a los organismos judiciales cuando ocurre una crisis. “Hay una derivación persistente de la responsabilidad política y de la responsabilidad cívica hacia órganos con potencia punitiva”, afirmó.
En ese sentido, remarcó que la función del Ministerio Público es investigar delitos, reunir pruebas y garantizar el cumplimiento de las normas procesales, pero no reemplazar las políticas preventivas que deben impulsarse desde otros ámbitos del Estado. “Los actores políticos son los que tienen que desarrollar políticas públicas para que la comunidad se organice y pueda construir un segundo anillo de protección cuando la familia falla”, señaló.
El especialista ejemplificó que, ante una situación de emergencia, la prioridad debe ser preservar la vida de las personas y no la investigación penal. “Si hay una crisis en una casa donde se cree que hay heridos, primero tiene que entrar quien pueda salvar vidas. El Ministerio Público va en segundo, tercero o cuarto lugar”, explicó.
La polémica por la comunicación oficial
Otro de los aspectos que analizó fue la forma en que se comunicó la investigación a la sociedad. Sin referirse puntualmente a responsabilidades individuales, sostuvo que existe una falla institucional cuando la información de un caso de alto impacto queda exclusivamente en manos de quienes investigan.
“La capacidad y la calidad técnica de un funcionario que sabe investigar no necesariamente son las capacidades de un sujeto que sabe comunicar”, afirmó. Por eso, consideró que debería existir personal especializado para centralizar la información y transmitirla de manera adecuada a la comunidad.
Jofré remarcó que este tipo de situaciones involucran múltiples dimensiones al mismo tiempo: el dolor de una familia, la preocupación social y la credibilidad de las instituciones. “La centralización de información se debe hacer a través de personal capacitado para comunicar”, indicó.
El especialista insistió en que la prevención debe involucrar a toda la comunidad y no limitarse a la respuesta judicial posterior al delito. “Existen capacitaciones específicas para los taxistas, los colectiveros y quienes tienen negocios frente a las paradas de colectivos para que detecten menores en riesgo”, explicó.
Finalmente, para Jofré ese tipo de herramientas forman parte de una estrategia comunitaria más amplia. “Eso es coordinación comunitaria llevada adelante por los poderes ejecutivos”, afirmó, al remarcar que la protección de niños y adolescentes no puede depender únicamente de la actuación posterior de la Justicia o de las fuerzas de seguridad.
