Entre el jueves 15 y viernes 16 se realizarán las indagatorias de los hermanos Ariel Hernán, Juan Pablo, Lucas Alberto y José Matías Márquez; y del contador de la constructora Márquez y Asociados, Ramiro Gonzalo Nievas. Todos permanecen detenidos en la cárcel de Bouwer.
Hasta este martes el número de denuncias de presuntos damnificados asciende a unas 4.250. Tan sólo a través de la web del Ministerio Público Fiscal donde se habilitó un botón especial para realizar las presentaciones, se efectivizaron 3.910. El resto fueron iniciadas en forma presencial ante la Fiscalía de Delitos Complejos de Enrique Gavier.
Por la dimensión y extensión de las presuntas estafas se trata de uno de los casos complejos más impactantes de los últimos años.
La declaración indagatoria se realizará en forma presencial. Los cinco serán trasladados desde el Complejo Penitenciario de Bouwer hasta Tribunales II. Allí tomarán conocimiento de los hechos por los cuales se encuentran imputados por presunta asociación ilícita y estafa reiterada. Y la defensa a cargo del estudio jurídico Gramática-Ferrari también podrá acceder al expediente.
Al haberse declarado la quiebra, todos los reclamos civiles serán tramitados en el Juzgado Civil y Comercial de 52°, a cargo del juez Sergio Ruiz.
Este mediodía se realiza el sorteo del síndico que tendrá la función de velar por los activos de la constructora Márquez y Asociados. De ese acervo, luego se liquidarán los créditos que logren verificarse hasta el 11 de noviembre próximo.
Qué pasará con los ex empleados
La complejidad de la causa penal y de la concursal también se refleja en el Fuero del Trabajo. Decenas de ex trabajadores de la constructora están presentando demandas laborales.
Hay dos grupos. Los administrativos que se encontraban mal categorizados como empleados de comercio y les dejaron de pagar el sueldo a partir de febrero de este año. Y los profesionales, la mayoría arquitectos e ingenieros, que trabajaban en negro como monotributistas. Así lo explicó a PERFIL CÓRDOBA el abogado Eduardo Ordóñez
En ambos casos se reclaman indemnizaciones de ley, diferencias salariales, salarios caídos y pago de aportes adeudados.
Ordóñez citó como ejemplo que una arquitecta que trabajaba ocho horas diarias tenía un sueldo de $850.000.
Todas se tramitan antes los Juzgados Laborales. A partir de la designación del síndico de la quiebra, se definirá cómo se gestionarán y si será por procedimientos abreviados o no. En ese caso, podría alcanzarse sentencia en los próximos seis a ocho meses. Caso contrario, deberán llegar hasta la Cámara y el plazo será mayor al año.
Una vez que los jueces laborales resuelvan los montos a abonar, los extrabajadores tienen prioridad entre los acreedores de la quiebra, después de Arca y antes que los damnificados civiles.
