Causa Hugo Moyano: podría anularse la escritura de compra de los terrenos

El fiscal federal Carlos Casas Nóblega planteó la incompetencia territorial del juez Alejandro Sánchez Freytes sobre el expediente que intenta dilucidar si hubo delito en la compra de terrenos en La Falda por parte del Sindicato de Camioneros.

Casas Nóblega basó su posición en que, a esta altura de la investigación, se comprobó que el escribano que labró el acta notarial mintió. El documento refiere fecha y lugar de la operación inmobiliaria en Córdoba, sin embargo, de un cúmulo de testimonios recogidos se comprobó que el acuerdo se celebró en la ciudad de Buenos Aires, en la sede central del gremio que lidera Hugo Moyano.

Por esa razón, incluso, el notario de La Cumbre, Daniel Fernando Abat, está imputado por presunta falsedad ideológica en la causa. Ahora, si la operación se hizo en Buenos Aires el expediente, tal como está, tendría que ser investigado por el juez de turno en aquella jurisdicción. Esta es la posición que sostuvo Casas Nóblega.

Apenas llegó a la Fiscalía Federal 2, subrogando la vacancia que dejó su antecesor jubilado Gustavo Vidal Lascano, pidió el expediente para analizarlo y al cabo de unos días dictaminó la incompetencia. El expediente llegó al juzgado de Sánchez Freytes pero los abogados de Moyano, Daniel Llermanos y Nicolás Rins, se opusieron. La causa se encuentra ahora en la Cámara Federal, donde resolverá la camarista Liliana Navarro, en sala unipersonal.

¿Escritura nula? Ahora bien, reconocer la falsedad de la escritura traslativa del dominio de los terrenos implicará, posiblemente, que el juez analice la validez del documento y pueda declararlo nulo. Allegados a la investigación reconocieron explícitamente esa posibilidad. Aclararon, al mismo tiempo, que ello no implicará que se caiga toda la operación inmobiliaria, pero no tendrá validez el documento público.

Así, se convertirá automáticamente en una especie de boleto de compraventa, es decir un acuerdo privado entre partes. En ese caso, para volver a ser inscripta, el sindicato tendrá que pedir el acuerdo del vendedor, Carlos Mesias, y emitir una nueva escritura.

Hay otro dato que sobrevuela al expediente. Hasta el momento, de las pruebas que se pudieron obtener no hay elementos que evidencien una vinculación previa entre Moyano y Mesías. “No habría connivencia entre ambos”, comentó una fuente que conoce la causa.

Queda por determinar, sin embargo, si la operación según los montos en los que se concretó fue o no ruinosa para el gremio. Es decir no sólo si hubo sobreprecio tal como lo indicaron las pericias, sino que la magnitud de los números hayan significado un perjuicio económico.

De la posible defraudación -delito por el que está imputado Moyano y otras cuatro personas- depende que se consolide la hipótesis de lavado de activos. Hay que recordar que hasta el momento lo único que pesa sobre los dirigentes y los particulares son imputaciones. Lo que está en manos del juez es resolver procesamientos o sobreseimiento y, en caso de no llegarse a la convicción de ambas, sería falta de mérito.

CUESTIONAMIENTOS DE LA DEFENSA

Daniel Llermanos y Nicolás Rins, defensores de Hugo Moyano, cuestionaron la posibilidad de que la causa termine finalmente en Buenos Aires. “Es una demostración más de otro tipo de incompetencia: la profesional -sostuvo Llermanos-, es inadmisible que se arrastre durante años una denuncia que un principiante hubiera desestimado en pocas horas. La causa no debió iniciarse jamás por total ausencia de delito y ahora como tendría que admitirse que se trató de un clarísimo caso de Lawfare, prefieren que la decisión la tome otro magistrado. Es simplemente una medida dilatoria que pone en evidencia el deterioro de la Justicia federal”. “Imagine a nuestra justicia manejando ambulancias, es penoso”, retrucó el exjuez y actual abogado del dirigente camionero.

Por su parte, Rins se mostró sorprendido e indicó que “no hay ningún elemento nuevo que haya modificado la situación”. “Hace dos años que está en Córdoba, creíamos que era un tema superado, se generaron pruebas, informes, pericias: esto es un atentado contra la economía procesal porque cuando está todo terminado deciden remitir la causa a otro juzgado”, puntualizó.

Respecto a la posible nulidad de la escritura, Rins advirtió que es un efecto jurídico ajeno a la causa penal donde él actúa.