El juez federal Alejandro Sánchez Freytes aún no tiene claro el valor real de los cinco terrenos que adquirió en 2013 el Sindicato de Camioneros. El dato es esencial para definir la situación procesal de los cinco imputados. Ellos son: el líder del gremio, Hugo Moyano; el dirigente, Pablo Villegas, y los particulares Carlos Mesias, Rubén Jorge Capucchio y Enrique José Mariñasky.
La primera pericia oficial había estimado que los lotes que cubren una superficie de 1.490 m2 y por los cuales el sindicato pagó $6 millones, en realidad valían la mitad. La pericia de parte, contratada por la defensa de Moyano, estimó en cambio que tenían un valor de $7 millones. El juez ordenó luego una nueva intervención por parte del Tribunal de Tasación de la Nación, encabezado por el ingeniero Darío Guiltelman. Este último determinó que las tierras, en su conjunto, valían $4,1 millones. Todas las estimaciones están lejos de la valuación fiscal: $964.553.
Sin un precio concluyente, el juez no puede establecer con certeza si existió o no una defraudación en perjuicio del sindicato. Si el precio abonado estuvo por encima de lo que se debió pagar, se puede concluir que se perjudicó a las arcas del gremio. En caso contrario, se cae la figura de defraudación y también la de lavado de activos, porque habría razones suficientes para justificar la erogación realizada.
Al mensurar los costos de los terrenos, desde el inicio de la investigación, la defensa de Hugo Moyano sostuvo que el monto pagado se justificó no sólo por el valor de la tierra sino, particularmente, por ser colindantes al hotel que el sindicato posee en la ciudad de La Falda. La adquisición de los lotes resultó ventajosa para el gremio porque así se neutralizaron potenciales emprendimientos que podrían haber causado molestias a los huéspedes del hotel; como locales bailables u otros negocios.
Cadena de operaciones inmobiliarias. La causa se inició por un informe elaborado por la Unidad de Información Financiera (UIF) a partir de una alerta emitido por el Registro de la Propiedad de la Provincia de Córdoba, que debe informar sobre operaciones que podrían encubrir lavado de activos. En marzo de 2014 se elevó al organismo nacional un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS). Allí se informaba que el Sindicato de Camioneros había comprado cinco lotes de entre 267 m2 y 360 m2 cada uno, que suman 1.490 m2 en total.
Según la denuncia, el titular de los terrenos era Jorge Cappucchio, quien los vendió a la empresa Kiano SA el 11 de octubre de 2013 por $309 mil. En el directorio de Kiano figuraba también Cappucchio. En menos de una semana los mismos lotes fueron adquiridos por Carlos Mesías, quien pagó $500 mil. Finalmente, el Sindicato de Camioneros (representado por Hugo Moyano y Pablo Villegas) erogó $6 millones el 5 de diciembre de 2013 por las mismas tierras.
