El miércoles pasado culminó la primera etapa del juicio por las actividades que desplegó la financiera CBI Cordubensis SA. Se inició el 4 de noviembre y durante poco más de cinco meses, en audiencias semanales, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) escuchó y observó testimonios y pruebas aportadas para evaluar si se confirma la acusación de presunta intermediación financiera no autorizada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), lavado de activos y estafas a ahorristas.
La sentencia está prevista para fines de junio, luego de que los 16 acusados tengan la posibilidad de expresar su última palabra. Seis jornadas insumirán los alegatos que comenzarán a exponerse el miércoles de la semana entrante y continuarán el 5, 6, 12,19 y 26 de junio.
El desarrollo de las audiencias evidenció las estrategias de las defensas de cada uno de los acusados que se pueden dividir en dos grandes grupos: los involucrados en la formación y desarrollo de CBI; y los que, desde afuera, usaron esa estructura para alimentar el circuito financiero.
En el primer grupo, el expresidente de la empresa, Eduardo Rodrigo en persona -pidió declarar en varias audiencias- y los testigos que ofrecieron sus defensores apuntaron a negar la existencia de intermediación financiera. Sostuvieron que facilitaron acuerdos privados y “las personas (ahorristas) eran conscientes de lo que estaban haciendo”, dijo Benjamín Sonzini Astudillo, abogado de Rodrigo, a este medio. La acusación, por el contrario, considera que sí existió intermediación financiera. En la audiencia del 15 de mayo, una contadora y docente universitaria que había realizado un informe a pedido de Rodrigo sobre un listado de cheques, ante insistentes preguntas del fiscal Carlos Gonella y la querella del BCRA, terminó admitiendo que habría existido intermediación.
Por su parte, Darío Onofre Ramonda, titular de Centro Motor, negó que fuera socio capitalista de la empresa. La defensa técnica cambió, si se compara la estrategia desplegada durante la investigación preliminar de la causa con la que se exhibió en el proceso oral. Cuando fue conducida por Manuel de Allende y Justo Casado abrió una guerra contra el instructor Enrique Senestrari a quien recusaron por parcialidad y hasta denunciaron en la Procuración Nacional. En numerosas resoluciones del Juzgado y la Cámara Federal el fiscal fue confirmado y continúa al frente de los expedientes.
A partir de la designación de Marcos Daher como defensor, el esfuerzo se dirigió en cambio a desacreditar la hipótesis de la acusación. La pregunta que ahora se deberá develar es si Ramonda aportó capital en CBI y si fue garante de negocios que realizó la financiera. Según la acusación, aportó a fines de 2011 unos $8 millones (en la actualidad equivaldrían a $70 millones).
Fisuras. Los socios, por su parte, intentaron aislarse de las decisiones empresarias y, en consecuencia, las depositaron en Eduardo Rodrigo. Las diferencias quedaron expuestas como cuando Silvia Daniele, exesposa de Aldo Ramírez, afirmó que él “no tenía participación ni injerencia en la empresa”.
Desde el inicio de la audiencia, Daniel Arnoldo Tissera fue quien más se despegó de la conducción de la financiera. Reconoció haber sido socio, pero solo hasta 2012, cuando cedió sus acciones y se alejó por diferencias con Rodrigo, manteniendo solo el servicio de las cajas de seguridad. Un argumento similar sostuvo Julio César Ahumada. No obstante, la acusación considera que siguieron perteneciendo a la sociedad.
El ala que miró a la política. Las empresas fantasma Jotemi SA y Halabo SA monetizaron más de $700 millones en la sucursal Plaza San Martín del Banco Nación. Funcionaron en el edificio Bristol, en la peatonal de Córdoba. Miguel Ricardo Vera, artífice de ambas, según declaró en calidad de arrepentido, tejió vínculos con el exvicepresidente de CBI, Jorge Suau, a quien conoció a través de Fernando Boldú, exintendente de Laguna Larga. Habló de dirigentes kirchneristas, reintegros a productores, directores de Banco Nación de aquellos años y de coimas.
Un detalle que no pasó desapercibido fue que en los comienzos de la investigación sostuvo la defensa de Vera el abogado Domingo Pelliza, al igual que de los empleados de Jotemi y Halabo, también acusados. Como podían colisionar intereses, Vera revocó el poder y designó al defensor oficial, Rodrigo Altamira. Hay quienes sostienen que continuó digitando las estrategias de sus subalternos, excepto la de Jorge Castro, el empleado que conciliaba el movimiento de valores de Jotemi.
En la última audiencia, Castro -asistido por Manuel Calderón- lo complicó. Entregó al tribunal y a las partes la clave para acceder a archivos que custodia desde 2014 con el universo completo de cheques que se cambiaron en la firma. Para algunos el aporte es absolutamente novedoso. Habrá que corroborar si efectivamente hasta ahora no habían sido incluidos en los informes enviados por el Banco Nación.
La última palabra la tendrá el tribunal presidido por Fabián Asís e integrado por Carlos Lascano, Jaime Díaz Gavier y Julián Falcucci, este último como cuarto juez. Será el 27 de junio.
ARREPENTIDO
En su declaración, Miguel Vera admitió movimientos ilegales a partir de Jotemi y Halabo. Para homologar un acuerdo que podría beneficiarlo con una condena atenuada se deben probar los datos aportados. Hasta el momento lo único que dejó en claro es que participaron dos ‘cueveros’ porteños, Joaquín Juana y Teófilo Grant. Están imputados en dos expedientes, uno de ellos tramitado en los tribunales de Buenos Aires y otro en Córdoba. Primero el fiscal y luego el tribunal evaluarán el peso de sus aportes para considerar si sigue o no vigente el acuerdo.
ADN NEGATIVO
A comienzos de marzo este medio publicó que estaba próximo a develarse cómo murió Jorge Suau en febrero de 2014. Mañana se conocerá el resultado de dos ADN practicados a Miguel Ricardo Vera y Hugo Maldonado, custodio de Suau. Según pudo saber PERFIL CORDOBA los resultados son negativos y serán incorporados al expediente por el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja quien se reintegrará al tribunal después de unos días de licencia. Es el último informe que se espera. Restan analizar todos los indicios y pruebas acumuladas y resolver. Fuentes tribunalicias habían advertido que hay elementos conducentes para abonar como principal hipótesis la del suicidio.
FARANDULA
En la cuenta puente del Banco de Córdoba por la que pasaba la recaudación de Red Bus a través de la UTE Cordubensis-Rivelux hacia Siemens se cambiaban cientos de cheques diarios. En el verano de 2012 aparecieron dos valores, uno emitido por Ricardo Fort y otro de Jacobo Winograd. Durante el juicio, quien fuera secretaria de Eduardo Rodrigo, Marcela Barreiro, dijo que escuchó decir a su exjefe que CBI se había apartado del negocio de la recaudación municipal del transporte público por el pago de coimas. El electo concejal Juan Pablo Quinteros reiteró una denuncia en tal sentido en la Justicia Federal.
EL DREAN TEAM JURÍDICO
ACUSADOS Y DEFENSORES
Eduardo Rodrigo: Benjamin Sonzini Astudillo y Facundo Amoedo
Aldo Hugo Ramírez: Ivana Celeste Rossi
Julio César Ahumada: Tristán Gavier
Daniel Arnoldo Tissera: Juan Bernardo Alberione y Eduardo Gómez Caminos
Oscar Altamirano: Hernán Gavier
Luis de los Santos: José D´Antona y María Eugenia D´Antona
Darío Onofre Ramonda: Eugenio Darío Vezzaro y Marcos Daher
Diego Ariel Sarrafián: Ángel Carranza
Miguel Ricardo Vera: Rodrigo Altamira
Carina Andrea Moreno: Domingo Pelliza y Germán Rodrigo Gangoso
Roberto Di Rienzo: Domingo Pelliza y Germán Rodrigo Gangoso
Lucas Sebastián Bulchi: Germán Rodrigo Gangoso y Domingo Pelliza
Jorge Osvaldo Castro: Manuel Calderón Meynier
Paula Andrea Vettorello: Julio Deheza
Olga Beatriz Divina: Maximiliano García, Lucas De Olmos
José María Núñez: Hernán Gavier Tagle
