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CóRDOBA / COMISARIOS AL BANQUILLO
domingo 13 octubre, 2019

Cobraban ‘contribuciones’ a comercios y prostíbulos a cambio de protección

El fiscal Senestrari elevó a juicio a ocho jefes policiales y a miembros de la cooperadora de la Seccional 1°. Prometían seguridad a los negocios y vía libre a las whiskerías.

por María Ester Romero

PAGOS. Mujer rescatada en un caso de trata relató que el dueño de la whiskería abonaba a la cooperadora policial para que no la controlasen. Foto: Cedoc Perfil
domingo 13 octubre, 2019

Hay preguntas que siempre sobrevuelan sobre casos de trata de personas u otros hechos ilícitos del crimen organizado. ¿Funcionan los controles o hay connivencia con la policía? El fiscal federal Nº1, Enrique Senestrari, elevó a juicio recientemente una causa en la que logró desentrañar cómo se otorgó protección a personas que regentearon prostíbulos en pleno centro de Córdoba, a cambio de ‘contribuciones’ y pago de dinero a una cooperadora policial.

Están acusados ocho comisarios, que dirigieron la sede de la Seccional Primera, y cinco civiles que integraron una asociación cooperadora creada para esa jurisdicción. Se los considera responsables, en diferentes hechos y con diversa participación de los delitos de exacciones ilegales, cohecho pasivo, trata de personas mayores de 18 años agravada y promoción de la prostitución ajena.

El expediente es un desprendimiento de una causa penal por trata de personas. Una de las mujeres que fue rescatada declaró que el dueño abonaba a la policía para que el prostíbulo “pudiera funcionar”, “trabajar libremente” y “mantener el lugar abierto”; y precisó que “los pagos se realizaban a la Comisaría 1ª”. Cuando se juzgó a los dueños del local ‘Majas’ -ubicado en Tucumán 462-, el Tribunal Oral advirtió que podría haber conductas delictivas de personal policial.

La investigación, luego, determinó que entre los años 2008 y 2013 esa recaudación se hizo a través de la cooperadora policial. El fiscal Senestrari, instructor del caso, señaló que los sucesivos titulares de la Comisaría 1ª, los comisarios Nicolás Ricardo Díaz, Gabriel Carlos Álvarez, Ricardo Marcelino Galarza, Carlos Osvaldo Cejas, Osvaldo Emilio Arias, Ariel Alejandro Pérez, Walter Martín Roldán y Amado Rafael Núñez, abusando de sus cargos, “solicitaron, exigieron e hicieron pagar indebidamente de manera periódica diversas sumas de dinero a responsables o dependientes de entidades comerciales, bancarias, educativas y sindicales de Córdoba capital, a cambio de ofrecerles y/o brindarles protección o seguridad policial, las cuales eran utilizadas para reparaciones de vehículos policiales, vacaciones del personal, adquisición de artículos de librería, pagos de alimentos en bares y carnicerías, pagos de traslados de personal en vehículos taxímetros, provisiones para la dependencia y/o para tareas de mantenimiento y limpieza de la misma”.

Floja de papeles. La cooperadora de la Comisaría Seccional 1ª había sido creada en 1987 como una asociación integrada por civiles, que tenía por finalidad recibir aportes de dinero de entidades lícitas (comercios, sindicatos, universidades, colegios, vecinos particulares) y destinarlos en insumos para el funcionamiento de la sede policial. Se constituyó regularmente con personería jurídica.

En 2002 pasó a ser una simple asociación por encontrarse inhabilitada para funcionar de manera regular porque los mandatos de sus autoridades se encontraban vencidos. A partir de allí operó sin control alguno. Con el correr de los años se conformó como una sociedad de hecho, que actuaba a través de distintos operadores que se fueron sucediendo en el tiempo y que no revestían cargo estatutario alguno.

Sin embargo, invocaban desarrollar su actividad ‘de bien público’. El fiscal Senestrari analizó, también, por qué no regularizaron la situación legal: continuaron sin personería jurídica para eludir la supervisión sobre las recaudaciones ilícitas a actividades criminales desarrolladas en los prostíbulos.

 

APORTANTES OBLIGATORIOS

Los recibos secuestrados dieron cuenta de la cantidad de negocios a los cuales los persuadían de hacer aportes para garantizarles seguridad, algo absolutamente innecesario si se interpreta que la seguridad es un servicio público a cargo íntegramente del Estado.

Según los recibos secuestrados, entre 2008 y 2013, se vieron en la obligación de entregar periódicamente sumas de dinero a la cooperadora destacados comercios céntricos, entidades profesionales y hasta gremios. Algunos son: Sorocabana, Vanesa Duran, Universidad Blas Pascal, Alianza Francesa, Colegio de Arquitectos, Setur, Uepc, Barujel, Emanuel Motos, Banco Hipotecario, Banco Julio, Círculo de Gendarmería, Alfonsina, Colegio de la Inmaculada, Universidad Siglo 21 y Banco Nación. Y la lista sigue.

 

LA NOTITA

A cada institución o comercio entregaban un escrito con el texto siguiente: “Estamos llevando adelante una campaña de recaudación de fondos destinada a proveer a nuestra Comisaría 1° de los elementos necesarios, ejemplo: arreglos de edificios, material didáctico, artículos de limpieza, repuestos y arreglos para los móviles cuando es necesario; la colaboración es de acuerdo a su posibilidad a la cual le extendemos un recibo debidamente identificado; descontando por anticipado su aporte, aprovechamos la oportunidad para saludarlo atte”.

Y al pie del mensaje se incluía la frase en letra mayúscula: “JUNTOS EN LA PREVENCION DEL DELITO”.


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