Colonia Tirolesa: confirman que el exintendente Lauret y su secretario de Hacienda deben ir a juicio
La Justicia los acusa de contratar en forma directa servicios informáticos de una firma, a nombre de María Vanesa Cacciamano, esposa del responsable del área económica. El caso irá a la Cámara 10a del Crimen.
COLONIA TIROLESA. Son 42 las contrataciones directas de internet e insumos informáticos que quedaron bajo la lupa de la Justicia. |
Cedoc Perfil
El exintendente de Colonia Tirolesa, Remigio Oscar Lauret, será juzgado por presuntos negocios incompatibles con su función. En la misma causa están acusados el exsecretario de Hacienda del municipio, Aldo Maximiliano Rover, y su esposa, María Vanesa Cacciamano. Por un fallo de la Cámara de Acusación quedó firme la elevación a juicio.
Con el voto de la vocal Patricia Farías y la adhesión de sus colegas, Carlos Salazar y Maximiliano Davies, el tribunal rechazó los argumentos que presentaron los defensores.
En breve, el expediente será asignado a la Cámara 10a del Crimen donde se llevará a cabo el debate oral y público con jurados populares, por tratarse de presuntos delitos cometidos por exfuncionarios municipales durante el ejercicio de los cargos que ocuparon.
Lauret, del grupo de radicales que el año pasado se sumó junto a Miryan Prunotto al espacio transversal liderado por Martín Llaryora, dejó la intendencia en diciembre último. Su candidato perdió frente al dirigente Juan Panicheli, actual intendente de la localidad.
OSCAR LAURET. Fue intendente de Colonia Tirolesa hasta diciembre del año pasado. En su gestión, contrató a una firma a nombre de la esposa de su secretario de Hacienda.
El fiscal Anticorrupción Franco Mondino, realizó la investigación preliminar, tras la denuncia de un tribuno de Cuentas, un abogado y una concejal de Colonia Tirolesa. Detectó que los acusados firmaron 42 contratos directos con la firma Civilian Wireless Service, para la provisión de productos de computación y servicio de internet al municipio. Esa empresa está inscripta a nombre de Cacciamano. Además de ser esposa del exsecretario de Hacienda, en las elecciones locales del 2015 y del 2019 integró la lista de Lauret como candidata al Tribunal de Cuentas en carácter de suplente.
Los defensores de los acusados sostuvieron que las contrataciones fueron respaldadas por la aprobación del Tribunal de Cuentas y el Concejo Deliberante. Al analizar las posiciones defensivas, la vocal Patricia Farías ratificó que los tipos delictivos aplicados en este caso procuran garantizar “el actuar transparente en el ejercicio de las funciones públicas, protegiendo a la administración de la actuación de funcionarios que actúen de manera interesada o parcial”.
“No quedan dudas que cuando un funcionario público utiliza su posición para obtener beneficios personales o para favorecer a terceros con lo s que tiene vínculos personales, nos encontramos ante un desvío de poder en la toma de decisiones gubernamentales, en la representación de intereses públicos, no hay cabida para intereses ajenos a la administración”, aseveró.
En ese marco, Farías señaló que en la instrucción se acreditó que hubo un interés privado del exsecretario de Hacienda al contratar a la empresa propiedad de su esposa. Y agregó: “No resulta un dato menor que el imputado realizara trabajos informáticos por la tarde en la mencionada firma”, contradiciendo lo que sostenían los abogados defensores.
En el fallo de Acusación, se citó en varios tramos el análisis efectuado por el juez de Control que confirmó la elevación a juicio previamente. En la resolución citada por la Cámara, el magistrado había señalado que la ley otorga a los funcionarios la potestad de contratar, independientemente de la aprobación de otros órganos.
“Las funciones públicas ejercidas por Lauret y Rover incluían la celebración de contratos y la legalidad de sus acciones no debe confundirse con el papel de los órganos de control”, señaló
Entendió que los imputados, Oscar Remigio Lauret y Aldo Maximiliano Rover, ejercieron plena autonomía al suscribir las 42 contrataciones. Destacó que las negociaciones se realizaron únicamente con sus firmas, sin necesidad de visado previo ni posterior, y que contaban con la capacidad de llevar a cabo los contratos y efectuar los pagos de manera independiente. Todo a pesar de que, como funcionarios públicos, tenían la obligación legal de realizar procedimientos públicos imparciales y garantizar la igualdad de los interesados en participar.
Además de analizar varias cuestiones, el juez destacó que las contrataciones pudieron sostenerse durante años posiblemente por “la falta de control por parte del Tribunal de Cuentas de Colonia Tirolesa”. Sin embargo, el magistrado entendió que a pesar de la insistencia de los abogados en señalar que Lauret, quien dictó la orden de compra y la posterior orden de pago, no tenía relación con la otra parte del contrato (Cacciamano), las constancias demostraron precisamente lo contrario.
Sobre Aldo Maximiliano Rover analizó que tenía la potestad de aprobar y otorgar validez a los actos administrativos suscritos por el Intendente. Por eso consideró su participación en cada una de las contrataciones directas “en calidad de parte y no accesoria como pretendió la defensa”. Nombre de fantasía.
Según el informe de Afip, Civilian Wireless Service era un nombre de fantasía utilizado por Cacciamano como monotributista. El domicilio fijado por la empresa era el de la fábrica de chacinados, perteneciente a la familia Rover.
En relación con la modalidad de contratación directa en los hechos investigados, el juez rechazó la posición defensiva que sostenía que los montos exiguos permitían eludir las licitaciones públicas. Como tribuna de Cuentas suplente, Cacciamano nunca debió celebrar contratos con el municipio. La misma posición fue citada y sostenida por la Cámara de Acusación.
