El miércoles pasado, el camarista federal Ignacio Vélez Funes presentó su renuncia para hacerse efectiva a partir del 1 de julio. Desde hace años tiene acordada la jubilación como magistrado. Simultáneamente, pidió licencia por compensación de feria hasta el 7 de julio.
El jueves, el Ministerio de Justicia de la Nación solicitó información a la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura, respecto a si existen denuncias o actuaciones en trámite en contra del juez cordobés y en qué estado se encuentran. Este medio consultó al Consejo si ello podría acarrear la no aceptación de la dimisión. La respuesta fue que “es una decisión facultativa del Poder Ejecutivo Nacional. Aun con informes adversos el Presidente podría aceptarla igualmente”.
Vélez Funes había decidido jubilarse a fin de año pero los tiempos se aceleraron a raíz de las denuncias por maltrato, acoso laboral y sexual que la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN) presentó en su contra ante el Consejo de la Magistratura.
El camarista se llamó a silencio y expresó en un comunicado que su decisión de no hablar “no debe entenderse otorgar, convalidar o aceptar las acusaciones efectuadas”. También señaló que no había sido notificado de ninguna presentación.
La renuncia tornará abstracto el tratamiento de las presentaciones de la UEJN en el Consejo de la Magistratura. La semana pasada PERFIL CÓRDOBA fue informado respecto a que el próximo miércoles se giraría el expediente a la Comisión de Acusación. Ese derrotero quedará, en principio, en la nada, una vez que se efectivice el alejamiento de Vélez Funes, ya que la comisión mencionada sólo puede llegar a la decisión de apartarlo del cargo, lo que se concretará con la dimisión.
Las denuncias. En la presentación inicial y la ampliación posterior, a las que tuvo acceso este medio, la UEJN narró hechos que encuadrarían en abuso de autoridad, amenazas y maltrato laboral cotidiano, que habrían ocurrido en 2012, 2022 y 2023.
También individualizó dos hechos de acoso sexual en 2003 y 2006. En ambos casos, el relato incluye posteriores humillaciones, persecución y discriminación a las víctimas, cuya identidad preserva.
En los dos escritos, el gremio ofreció más de 60 testigos, hombres y mujeres, personal de tribunales de diferentes rangos y también personas externas para acreditar las situaciones descriptas. Las denuncias que el gremio realizó, con Julio Piumatto a la cabeza más las rúbricas de la secretaria de Protección Individual, Rocío Herrera, y del secretario Regional de Córdoba, Juan Triputti, fueron la estocada final a la carrera judicial de Vélez Funes. Ahora prometieron actuar para conseguir el resarcimiento a cada una de las víctimas.
Las consecuencias. El alejamiento de Vélez Funes generará, inevitablemente, efectos colaterales. Apenas se hicieron públicas las denuncias, se enervó un estado de opinión adversa al ahora excamarista. Los dardos de la denuncia fueron directo al costado más vulnerable para derribarlo, ya que son conocidas sus reacciones ocasionales y malos modos circunstanciales. A esta altura de la historia, con avances concretos en materia de género, con abundante normativa en contra de la discriminación y maltrato laboral, la existencia de un solo hecho de esa naturaleza se torna inaceptable.
El contexto. En una entrevista radial, el periodista Dante Leguizamón le consultó a Piumatto, conocedor del timming y efectos de las decisiones políticas, si la denuncia tenía alguna relación con la indisimulable interna que afecta a la Cámara Federal de Córdoba. Lo negó. Sin embargo, las consecuencias que se produjeron y las que se desencadenarán pueden leerse dentro de esa lógica.
Por lo pronto, la renuncia de Vélez Funes que está a consideración del Presidente de la Nación, generará en pocas semanas una nueva vacante en la Cámara Federal que quedará con cuatro integrantes: Graciela Montesi –actual presidenta–, Abel Sánchez Torres, Liliana Navarro y Eduardo Avalos.
Ya existe un concurso en trámite que se abrió para la cobertura de la vocalía que se produjo por el fallecimiento de Luis Rueda. El concurso 474 convocado por el Consejo de la Magistratura servirá también para cubrir el puesto que dejará Vélez Funes cuando se haga efectiva la renuncia. Lo más seguro es que el gobierno que surja de las próximas elecciones es quien realice ambas designaciones.
La futura conformación provocará un reacomodamiento de mayorías, aunque hay que admitir que la baja ocasionada por la dimisión de Vélez Funes ya la causó. Hasta tiempos recientes la pulseada se dirimía tres a dos.
Perfil confrontativo. A lo largo de su desempeño como magistrado, Vélez Funes fue ganando enemigos. Sus críticas y posiciones quedaron, en muchos casos, estampadas en sentencias. En una de ellas reprochó a sus colegas las designaciones a dedo de familiares en cargos ostensibles.
Pero hubo un fallo en particular que enardeció a algunos detractores. En febrero del 2020 cuestionó la familiaridad de trato entre abogados defensores de causas penales económicas de peso con funcionarios de la Justicia Federal. “No sólo hay que ser sino parecer”, arremetió. Quizás esa consideración fue el principio de su fin.
Al año siguiente fue imputado por filtración de información de una causa con datos sensibles. Estuvo en la picota hasta abril pasado, cuando Casación confirmó su sobreseimiento.
Mientras ello ocurría, la UEJN preparaba desde hacía meses la presentación que culminó virtualmente con su carrera.
