Con foco en seguridad y transporte, Passerini activa la Guardia Urbana y ‘Ersa reconvertida’
La seguridad en la ciudad será el eje central del discurso del intendente capitalino. En medio del foco de incendio que implicó la quita de subsidios al transporte público se suma el retiro de Ersa del sistema.
PRIMER DISCURSO. El próximo viernes, Passerini dará comienzo a las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante. |
CEDOC PERFIL
Rodrigo Miranda
En medio de una coyuntura compleja por la crisis económica y el ataque del poder libertario al interior del país, el intendente Daniel Passerini pronunciará el viernes –1 de marzo– su primer discurso de apertura del período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante.
El dirigente delasotista, quien forjó una alianza con Martín Llaryora dentro de la nueva era del peronismo en el poder, abrirá el ciclo ordinario de sesiones de un Concejo que, durante el período estival, atravesó un proceso de extraordinarias un tanto atípico, que finaliza con el deber cumplido: la sanción de la ordenanza por la cual se crea el Ente de Fiscalización y Control en la ciudad.
Tras cumplir con este objetivo que impulsó el Ejecutivo Municipal, el titular del Palacio 6 de Julio trazará los ejes de su hoja de ruta de gestión para el presente año. Los desafíos son enormes en medio de una coyuntura dominada por la crisis económica y el ajuste fogoneado por el poder central.
El clima social y político turbulento domina la escena, ante un municipio que debe garantizar la prestación de los servicios básicos que demandan los vecinos. Más allá de que la salud, la educación y la cuestión social serán ejes de su mensaje, Passerini pondrá el foco en seguridad y transporte.
La puesta en marcha de la Guardia Urbana será el anuncio central del discurso que pronunciará ante los concejales oficialistas y opositores. “La seguridad será lo más importante”, confió un integrante del círculo más próximo al jefe comunal.
La inseguridad figura en los primeros puestos del ranking de demandas de los ciudadanos. Ya quedó claro que los jefes territoriales no pueden desligarse del problema ante la competencia de la provincia en materia de seguridad.
De hecho, el nuevo paradigma puesto en práctica por la gestión Llaryora es articular respuestas entre los municipios y la fuerza policial. En sintonía fina con la administración provincial, el municipio capitalino fue el primer distrito local en adherir a la nueva ley de seguridad pública que fue sancionada –con polémica– por la Unicameral el 21 de diciembre de 2023.
A través de las guardias locales, los municipios y comunas trabajarán en articulación y de manera auxiliar con la Policía de la Provincia. La administración provincial comprometió recursos para la implementación de la ley en los distritos locales, entre ellos vehículos, armas no letales, alarmas comunitarias y tecnología de videovigilancia.
El intendente ya adelantó que la Guardia Urbana del municipio será una fuerza de seguridad de cercanía, con apego al Código de Convivencia de la ciudad. Este cuerpo de seguridad, que tendrá 840 agentes, dispondrá de armas no letales, chalecos antibalas y móviles propios.
Desde hace siete semanas, la Municipalidad y la Provincia vienen delineando la estrategia de trabajo conjunto para la implementación de la Guardia Urbana en territorio capitalino, en base a lo que fija el nuevo marco de seguridad pública.
Transporte: la brasa caliente. El ataque del poder libertario al interior del país, que significó la quita de los subsidios nacionales al transporte público de las provincias, puso en pie de guerra a los intendentes y gobernadores. Esta batalla se libra en varios frentes: el reclamo político, las quejas administrativas y la vía judicial.
Falta el ‘capítulo Congreso’ que entrará en escena tras la apertura de las sesiones ordinarias. Las señales de confrontación que fogonea el presidente Javier Milei con los ‘traidores’, proyecta un escenario de fuerte disputa. Los signos de esa pelea se verán este viernes en la reacción que adopte el mandatario ante la asamblea legislativa.
Por el ajuste arbitrario del poder libertario que habita la Casa Rosada, la gestión de Passerini debió tomar una medida extremadamente incómoda en medio de la crisis que golpea el bolsillo de los usuarios del transporte público al aumentar un 100% el boleto del servicio, que pasó a costar $700. Y arremetió contra Milei por su “anomia legal” al pisar los subsidios sin emitir una resolución formal de ese acto administrativo.
En menos de un mes, en la ciudad de Córdoba la tarifa del servicio se incrementó un 190%. A pesar de ello, el municipio inyecta fondos en subsidios al sistema para cubrir la diferencia del precio de $1.100 que implica el costo real del boleto, aunque sigue en alza con el proceso inflacionario que impactan en las variables económicas (combustible y sueldos en personal, por nombrar tan sólo dos) que afrontan las empresas concesionarias.
“Pusimos 4.500 millones en febrero y en marzo se espera destinar 2.000 millones”, le dijo Passerini a PERFIL CÓRDOBA la semana pasada. De este modo, el municipio sigue cubriendo un 50% del subsidio, mientras que la otra parte, ahora, se volcó en la tarifa vigente.
En el análisis que hacen en el Palacio 6 de Julio, sobre la base de la medición del comportamiento de los vecinos ante el ajuste del boleto, se desprende la conclusión de que fue “acertada” la decisión de fijar en $700 el valor del servicio. Se observa que el usuario pudo afrontar ese impacto. Otro dato alentador es que se mantiene el nivel de corte de boleto, pero la calidad del servicio es deficitaria.
