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domingo 11 marzo, 2018

Con protocolo de la ONU, Provincia busca modificar el sistema de licitaciones públicas

A través de programas de Participación Público-Privada apuntan a reducir costos, ganar eficiencia y disminuir la corrupción.

por José Busaniche

NUEVO ESQUEMA. La Nación quiere movilizar inversiones en la obra pública bajo el formato PPP por US$ 97 mil millones. Foto: Cedoc

Mientras legisladores de la oposición avanzan con de­nuncias y pedidos judiciales, para dilucidar si hubo una ramificación local del com­plejo sistema de coimas con que operó la compañía brasi­lera Odebrecht, la Provincia comenzó a dar los primeros pasos para modificar el siste­ma actual de licitaciones de obras y concesiones de servi­cios públicos.

La intención es seguir el ca­mino que marcó la Nación al sancionar, en 2016, la Ley de Participación Público-Privada para llevar adelante proyectos de infraestructura y gerenciar servicios públicos.

La Provincia adhirió a la norma nacional (a través de la ley 10.409) y, mientras se trabaja en su reglamentación, lanzaron una línea concreta: un acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) que prometió apoyo técnico y el know how para estructurar el nuevo sistema.

En qué consiste. Los progra­mas PPP proponen una serie de herramientas para que los privados participen de for­ma más activa en el diseño, distribución, concreción y financiamiento de la obra pú­blica. “Implica una asociación para un interés u obra deter­minada o la prestación de un servicio. El privado asume el cumplimiento de ese objetivo y el Estado le va pagando una vez finalizada la obra, a dife­rencia del actual sistema, si la obra reúne las características y condiciones que se solicita­ron. Se presentan una serie de incentivos para que el privado realice la obra de la mejor ma­nera posible y en los mejores plazos porque, como contra­parte, el Estado puede aplicar sanciones o no pagar”, detalla la secretaria de Planeamiento y Modernización del Estado, Alejandra Torres.

Otra diferencia con el es­quema actual es que al finan­ciamiento lo aporta el priva­do. Así, el Estado se limita a trabajar en el pliego de licita­ción y en las tareas de control y seguimiento de la obra, a través de una unidad ejecuto­ra específica.

La PPP admite varias mo­dalidades: puede ser un fi­deicomiso, o conformar una Asociación Público-Privada (APP). La semana pasada se realizó en Córdoba el Primer Encuentro de Participación Público-Privada. De esa jor­nada, la Provincia se llevó el compromiso de la UNOPS de gestar un vínculo asociativo para formar equipos técnicos y la posibilidad de financiar estudios de prefactibilidad para identificar las obras que podrían salir bajo esta moda­lidad. “Estamos trabajando para que salga este año”, se­ñaló Torres.

-La obra pública ha sido uno de los sectores que más se ha prestado para la co­rrupción, ¿una PPP puede ayudar a bajarla?  
-Un estudio que realizó el BID dio como resultado que con la asociación público-pri­vada se encontraron menos casos de sobrecosto, por la generación de incentivos para que se terminen las obras con menores costos y a tiempo pa­ra evitar penalizaciones.

-¿Hasta qué punto no im­plica una privatización de servicios o de la obra públi­ca?  
-No, no tiene nada que ver lo ideológico. La obra o el servicio que se preste es un bien público, no se cede la propiedad. Buscamos mayor eficiencia porque hay cosas que el Estado no tiene por qué ponerse a hacer. Es una herramienta más para tratar de trabajar a mayor velocidad y hacer las cosas mejor. No es una privatización.


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