Confirman procesamientos por lavado a Miguel Azar, excarcelado recientemente
Es por adquirir vehículos de alta gama sin respaldo económico para afrontar esas inversiones. Se toma como delito precedente la intermediación financiera no autorizada. Una camarista planteó la necesidad de investigar a los fondeadores.
FINANCIERA ILEGAL. La Cámara Federal confirmó que corresponde el procesamiento de quienes manejaron la financiera no autorizada que funcionaba en el edificio Vistalba, sobre la avenida Laplace al 5400 del barrio Villa Belgrano. |
Cedoc Perfil
A casi dos años de la resolución del juez federal 2, Alejandro Sánchez Freytes, que procesó por presunto lavado de activos a integrantes de la financiera ilegal que operaba en Villa Belgrano, la Cámara Federal de Apelaciones confirmó la resolución y rechazó los planteos formulados por los defensores. El fallo alcanza a Martín Azar, Agustina Cherro de Miguel, Miguel Ángel Azar, Diego Sebastián Sánchez y su hermano, Lucas Javier Sánchez.
La investigación destapó la actividad de la financiera que funcionaba, sin autorización del Banco Central, en el edificio Vistalba de Laplace al 5400 de la ciudad de Córdoba.
Martín Azar y Diego Sánchez se encuentran acusados por los delitos de asociación ilícita, intermediación financiera no autorizada y lavado de activos. La imputación por asociación ilícita también alcanzó al exjuez Miguel Ángel Azar, a Agustina Cherro de Miguel, esposa de Martín, y a Lucas Sánchez, hermano de Diego.
Se presume que a través de la financiera captaban dinero en efectivo, concedían préstamos onerosos con ese dinero, realizaban descuento de cheques, compraventa de moneda extranjera y transferencias ilegales de dinero hacia y desde el extranjero, utilizando una maniobra de compensación o conciliación de cuentas propias o de terceros.
Cuando la causa estalló a raíz de una denuncia que llegó a la Justicia Federal, se realizaron allanamientos y se secuestraron importantes montos de dinero: $ 8,6 millones y más de US$ 1,1 millón, además de cheques y pagarés.
La condición fiscal irreal que registraban Azar, Sánchez y Cherro de Miguel hizo que acudieran a personas de confianza para adquirir bienes. En este caso, quedaron bajo la lupa compras de seis vehículos de alta gama, entre autos y motos. Todos estos elementos fueron ponderados en su voto por la camarista Graciela Montesi.
También se sospecha que habrían recurrido a la incorporación directa del bien registrable a su patrimonio utilizando declaraciones de fondos falsas. Y que los fondos para comprarlos habrían surgido del enriquecimiento que les procuró la actividad de la financiera con sus múltiples servicios, todos fuera de las regulaciones financieras.
Entre esos servicios, se señaló que Cherro de Miguel habría abierto cuentas y sociedades en el exterior para que la financiera ilegal concretara las operaciones de ‘cable’, a la vez que habría realizado personalmente las transferencias de dinero desde dichas cuentas y otras con las que contaba la asociación, asesorando y brindado información a los clientes.
En cuanto a la participación del exjuez Miguel Ángel Azar se presume que colaboró con su hijo creando las sociedades comerciales ‘Ángel Usa Corp’ y ‘Valoni Corp’, firmas que permitieron abrir cuentas en el exterior para realizar operaciones de compensación.
La Sala A, integrada por Graciela Montesi, Liliana Navarro y Abel Sánchez Torres, confirmó los procesamientos de las personas mencionadas.
El tribunal también confirmó la falta de mérito de la abuela de Agustina Cherro: Celia María Remonda había sido imputada por entregar –según declaró– US$ 40.000 para regalarle a Martín y su nieta una Jeep Wrangler Unlimited.
El resto de vehículos que la Justicia halló ‘flojos de papeles’ y que habrían sido adquiridos por el matrimonio Azar-Cherro de Miguel y por Diego Sánchez son: un BMW Modelo X3, una pickup Amarok, un BMW X4, un Hyundai Tucson 2WD y una moto BMW.
Arma sin autorización. Otro hecho contenido en la resolución está referido a la tenencia sin autorización vigente de Diego Sánchez de una pistola marca Bersa Thunder Pro, calibre nueve (09) milímetros, con su respectivo cargador con 11 municiones, como así también una caja con 46 municiones. No obstante, Montesi y Sánchez Torres consideraron que se deberán analizar los tiempos y plazos de prescripción del delito.
SECUESTRO. Cuando se realizó el allanamiento en la sede de Laplace 5400, hace tres años, se secuestró una importante suma de dinero en efectivo, en pesos y dólares, además de valores.
¿Y los fondeadores? La camarista Liliana Navarro coincidió con sus colegas y realizó un agregado en su voto. Puntualizó que en este expediente se investiga un conjunto de ilícitos, entre ellos la intermediación financiera no autorizada. Para que exista movimiento de dinero, debe haber personas que lo aportan.
“Considero que estos fondeadores también resultan beneficiarios de esta ‘supresión’ del poder de inspección y supervisión del Banco Central que tiene lugar cuando se opera por fuera del sistema, toda vez que –entre otras cosas– no se les exige rendir cuentas del origen de los fondos que ingresan al sistema financiero no autorizado”, puntualizó.
Navarro afirmó que es “necesario urgir al Ministerio Público Fiscal a los fines de que indague respecto de la conducta de los aportantes o fondeadores de la supuesta financiera no autorizada”. Instó a hacerlo con premura para “evitar la prescripción de eventuales delitos que podrían haber cometido estos actores como parte fundamental de la supuesta intermediación financiera al aportar el capital necesario para la comisión del delito de mención”. “En caso de que la fiscalía federal interviniente no actúe en consecuencia deberá el juez instructor reasumir la dirección de la investigación a fin de evitar que se frustre la eventual promoción de la acción penal en el referido sentido”, finalizó.
EXCARCELADO
El 10 de marzo el juez federal Alejandro Sánchez Freytes ordenó el cese de la prisión domiciliaria de Miguel Azar. El fiscal Carlos Casas Nóblega apeló de inmediato. A mediados del año pasado la Cámara de Casación Penal había ordenado detenerlo nuevamente atento al riesgo procesal y la gravedad de los delitos investigados.
