El conflicto gremial de los empleados judiciales tiene una definición importante, el pronunciamiento unificado de la mesa de lucha de la que participan el oficialismo de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (Agepj), representantes de la oposición de Alternativa 16N y de Autoconvocados.
En un comunicado expresaron unánimemente el pedido al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para la apertura de una mesa de negociación que permita avanzar en el reclamo principal: la equiparación al 90% de los salarios del personal de tribunales con sus pares de la Justicia Federal. Eso implicaría en la actualidad “un incremento promedio del 20% en los haberes para todas las categorías”, señala el pronunciamiento.
Le pusieron números al pedido.
Sin aumentos en el horizonte
Sin embargo, fuentes consultadas en el Poder Judicial señalaron a Perfil Córdoba que hoy no se analiza un incremento salarial para los empleados.
El gobierno provincial tiene la caja para todos los sectores públicos. En este momento, la prioridad está en la paritaria con los empleados públicos, en cifras sensiblemente inferiores a las pretensiones de los judiciales. Se habla de uno o dos por ciento de aumento que está intentando cerrar el Ejecutivo y se anunciará en breve.
Respecto a la constitución de una mesa de negociación, las fuentes señalaron que “siempre existe la posibilidad, pero no hay plata”. La falta de recursos es el principal obstáculo y la Provincia ya asignó casi $600 millones mensuales para la recategorización que se ejecutó a partir del mes pasado.
Todo bien con el diálogo, pero no hay recursos. Es sabido que todos los sectores del país sufrieron la licuación salarial. Esa es la línea argumental que se comunica, sin más definiciones.
La esperanza en el mediano plazo es el ingreso mensual de $5.000 millones de la deuda de Anses con la Provincia de Córdoba, pero en el Tribunal Superior reconocen que el gobierno posiblemente priorizará mejorar los haberes de los jubilados antes que destinarlos al resto de la masa salarial de los tres poderes del Estado.
Paro ratificado
Desde mañana se llevará a cabo un paro por 72 horas en todas las sedes de los tribunales provinciales y las unidades judiciales (UJ).
Precisamente en estas últimas dependencias es donde más impacto tienen las medidas de fuerza, lo que obligó a reorganizar y asignar a secretarios y prosecretarios que trabajan en tribunales a asistir a las UJ para hacerse cargo de la atención.
Este es el primer paro que se realiza desde que se liquidaron los incrementos asignados del 2% retroactivo a febrero que resolvió la Corte, el 2,1% de la Provincia y las subas producto de los ascensos por la recategorización. Si bien significó mejoras de más del 16%, éstas beneficiaron a la categoría más baja.
