La Justicia Federal avanza contra contadores públicos en investigaciones de evasión fiscal. Se trata de la novedad que presentan los últimos expedientes, que impactaron en el mundo empresarial y financiero cordobés. En la megacausa de facturación apócrifa, a cargo de los fiscales Enrique Senestrari y Maximiliano Hairabedián, radicada en el Juzgado Federal 1, hay una decena de profesionales de las ciencias económicas imputados, varios fueron detenidos y algunos de ellos permanecen con prisión domiciliaria.
El expediente ha individualizado a 48 contribuyentes (personas físicas y empresas) y ya se habla de un monto de facturación apócrifa de $2.400 millones, con la consecuente evasión al fisco. Por considerarlos eslabones en las maniobras, como partícipes de ese delito, la Justicia avanzó sobre contadores públicos que asesoran a las empresas.
El miércoles pasado recuperó la libertad Lucas Zopetto (de San Francisco). La lista de imputados incluye también a Mario Casco, de la empresa Corphone, donde está acusado su titular, Cristian Debarre, quien consiguió la libertad pese a que la Cámara Federal había rechazado su excarcelación. También figuran Martín Alejandro Sarmiento, de Corebi SA; la contadora María Cecilia Ribera Ardiles y Federico Dellamaggiore, de la firma Softkey SA Bornix SA; Walter Ariel Ghione y Andrés Pollano, de Guione SA; Fernando Lozano, de Urbis Cargo, y Mario Eduardo Morselli y Augusto Boero, de la empresa Mitre SA.
Los profesionales fueron incluidos en el requerimiento fiscal de investigación como partícipes necesarios de evasión. La cuestión de la responsabilidad de los contadores por el artículo 13 de la ley tributaria había sido excepcional en la Justicia Federal. Ahora, por un avance de los organismos de control y la decisión del Ministerio Público Fiscal (MPF), se analiza su responsabilidad penal.
Cuevas y facturas apoc. Las investigaciones del delito penal económico en Córdoba han evidenciado la coexistencia, en la última década, de financieras ilegales -conocidas como cuevas- y de usinas de facturas apócrifas. El trasfondo es el mismo: cómo sortear los controles para evadir impuestos. Los ejemplos de las primeras abundan: CBI Cordubensis, la nunca esclarecida situación de Guido Romagnoli en la calle Rondeau, Compañía de Inversiones Bursátiles y las financieras del edificio Vistalba en Villa Belgrano.
Si bien el robo de claves fiscales ya se investiga desde hace años, se pusieron de moda en los últimos tiempos las denominadas usinas dedicadas a esa actividad. Este año estalló la megacausa por facturación apócrifa en la que los principales imputados son Diego y Natalia Ferrer Vieyra.
La semana pasada se produjeron allanamientos y detenciones en otra, donde está imputado el fundador del Iaraf, Nadín Argañaraz, y en la que el principal sospechoso es Matías Gastón Lafuente Sivilotti. Son las más grandes, con más imputados y con un mayor volumen de evasión. Pero hay otras menores.
EL ROL DE AFIP
“Aunque no hay una bajada de línea, sí hay funcionarios que analizan al delito económico como un hecho que genera un gran daño social”, comentó a este medio un alto funcionario vinculado a la investigación. Desde las entrañas de Afip hay quienes objetan las moratorias, porque van a contramano de la lucha en contra de la evasión, pero reconocen que responden a necesidades económicas urgentes del Estado.
En la comparación interanual de la recaudación, octubre marcó un récord con una suba del 60%. Hay quienes atribuyen el logro, en parte, a la decidida persecución penal porque acorrala a quienes ya son investigados a acogerse a planes de pago y desalienta a otros.
JOSÉ SIMONELLA: “Inquieta que se impute por asistir a los clientes”
El presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba (CPCE), José Simonella, reconoció a PERFIL CÓRDOBA que hay preocupación porque la Justicia imputa a los contadores “por el solo hecho de asistir a los clientes”.
“Se puede hacer control de facturas apoc, que más tarde aparecen como usinas, pero cuando el profesional prestó sus servicios no figuraba así en la base de datos de Afip”, subrayó. Simonella también explicó que “uno sabe de sus clientes lo que quieren que se sepa de ellos”.
La entidad analiza con inquietud el aumento del grado de responsabilidad que la Justicia endilga a los profesionales, “por el solo hecho de firmar un balance, sin tener presente todo lo que implica un proceso de auditoría”. Diferenció la situación cuando los profesionales pudieran integrar una asociación ilícita.
Por último, comentó que los 34 Consejos del país, más la Federación, trabajan sobre la nueva planificación tributaria de Afip en cuanto genera una responsabilidad adicional a los profesionales “que es complicada, está en juego el secreto profesional”.
