El juez federal N° 2 de Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes, rechazó el pedido de excarcelación y la solicitud subsidiaria de prisión domiciliaria presentadas por las defensas de Emanuel Elías Guardia y Matías Mercado, dos policía federales apartados de su función apenas fueron detenidos.
El fiscal federal Maximiliano Hairabedián se opuso a la liberación porque la investigación está en su fase inicial bajo secreto de sumario y persisten severos riesgos procesales.
Córdoba tiene la deuda pendiente de un proceso penal acusatorio para garantizar imparcialidad
Qué se investiga
Ambos policías están acusados de peculado -por el uso de un vehículo de la Policía Federal Argentina- por violación de domicilio, extorsión, robo calificado y secuestro coactivo calificado, a raíz de un allanamiento falso que habrían realizado para asaltar a una familia en Barrio Pueyrredón.
Sánchez Freytes analizó el tipo de delitos por los cuales están imputados y enfatizó que el secuestro coactivo calificado prevé en abstracto una escala penal que va de los 10 a los 25 años de prisión o reclusión, lo que impide la concesión de una condena de ejecución condicional y refuerza la necesidad de la prisión preventiva.
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Maniobras de entorpecimiento y rastreo por GPS
Pero, además de las consideraciones sobre la gravedad de los hechos investigados, el juez advirtió maniobras dirigidas a ocultar pruebas y entorpecer la pesquisa.
Entre las irregularidades detectadas por la fiscalía analizó que el 22 de agosto -día del asalto-, Guardia y Mercado salieron de la dependencia policial a las 9:40 horas a bordo del móvil oficial y regresaron a las 12:30 horas. El registro del sistema GPS ubicó de manera directa al vehículo oficial en las inmediaciones del domicilio de la denunciante durante esa misma franja horaria.
Posteriormente, se constataron múltiples conductas obstructivas. Habrían alterado el libro del móvil, modificando el registro de kilometraje del vehículo para dificultar la reconstrucción del recorrido. También habrían descartado el teléfono celular al momento de los allanamientos. Se descubrió que el dispositivo móvil de Mercado había sido reemplazado recientemente por uno nuevo sin información previa.
Cuando ingresaron a la vivienda utilizaron capuchas e interrumpieron el sistema de cámaras de seguridad del inmueble damnificado.
En base a esos argumentos, el juez resolvió que ambos deben continuar detenidos en el complejo penitenciario de Bouwer.