La causa que investiga el robo cometido bajo la fachada de un allanamiento trucho en una vivienda del barrio Pueyrredón, en la ciudad de Córdoba, sumó esta semana un dato central: la Justicia federal formalizó las imputaciones contra los dos agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) detenidos por el hecho.
El fiscal federal Maximiliano Hairabedian, a cargo de la investigación, les atribuyó a Matías Mercado y Emanuel Guardia una acumulación de delitos que agrava sensiblemente su situación procesal: peculado, violación de domicilio, extorsión, robo calificado y secuestro coactivo agravado.
Las imputaciones llegan casi dos semanas después de las detenciones, ocurridas tras un operativo que combinó el análisis de cámaras de seguridad de la zona, el rastreo de geolocalización de la camioneta oficial utilizada en el hecho y la constatación de que el kilometraje del vehículo había sido adulterado para simular que no había circulado el día del robo.
Un catálogo de delitos que agrava el cuadro
La incorporación de la figura de secuestro coactivo agravado resulta, hasta el momento, el dato más gravoso del expediente: apunta directamente a la situación que vivieron la dueña de la vivienda y sus hijos menores durante el procedimiento, reducidos por el grupo mientras los sospechosos revisaban la propiedad.
A esa imputación se suma la de extorsión, vinculada al uso de la falsa condición de allanamiento judicial para forzar el ingreso y la entrega de bienes, y la de violación de domicilio, por el ingreso sin orden judicial real.
El cargo de robo calificado responde al monto sustraído -más de 30 millones de pesos, además de joyas y otros objetos de valor- y a las circunstancias en que se produjo, con daños a la vivienda en la búsqueda de una caja fuerte que, según los propietarios, no existía. La imputación por peculado, en tanto, remite al uso indebido de un vehículo y de recursos oficiales de la fuerza federal para la comisión del hecho.
Silencio oficial pese al avance judicial
Mientras el expediente avanza con rapidez en los tribunales federales, ninguna autoridad se expresó públicamente sobre el caso. La Delegación Córdoba de la PFA no emitió comunicado alguno tras la formalización de las imputaciones.
Tampoco lo hizo el titular de la Región Centro de la fuerza, comisario mayor Fabio Ascona, ni la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, pese a que el escándalo se suma a una seguidilla de causas por corrupción que golpean a la misma delegación en las últimas semanas, entre ellas la que investiga al ex jefe de la Sección Antidrogas, Alejandro Falcón, y a otros tres efectivos imputados por hurto calificado, peculado y dádivas.
El silencio institucional contrasta con la celeridad de la pesquisa judicial, que ya identificó el vehículo utilizado, secuestró los teléfonos de los imputados -hallados sin datos relevantes tras haber sido cambiados durante la semana previa al robo- y avanza ahora en la identificación de los otros dos sospechosos que participaron del procedimiento, según fuentes judiciales.
