Según el DNU 2021-334, hasta el 30 de mayo rige en la Argentina una limitación en la circulación de 6 de la mañana a 6 de la tarde y la restricción de circulación nocturna, establecida en el artículo 18 del Decreto N° 287/21, regirá desde las 18 hasta las 6 del día siguiente, salvo las excepciones de quienes son considerados esenciales.
“Suspensión de la presencialidad en las actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, culturales, deportivas, religiosas, educativas, turísticas, recreativas y sociales”, indica el texto y aclara: “Las personas deberán permanecer en sus residencias habituales y solo podrán desplazarse para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos y otros artículos de necesidad en los comercios esenciales y para retiro de compras autorizadas por este decreto, siempre en cercanía a sus domicilios”.
Por su parte, el tránsito interdepartamental estará restringido a las personas que realicen tareas esenciales, quienes serán las únicas en poder utilizar el transporte público.
En relación con los permisos, todas las personas exceptuadas de la prohibición de circular deberán portar el Certificado Único Habilitante para Circulación-Emergencia Covid-19, que se gestiona a través de la app Cuidar.
Operativo saturación. Con este panorama y al considerar que Córdoba adhirió de manera plena a las restricciones, en las últimas horas comenzaron a observarse imágenes que parecen una repetición de marzo del 2020: controles policiales, puentes cerrados y pedidos de certificados para transitar.
Desde las 0 de ayer sábado se desplegó a casi toda la fuerza policial para el control de las restricciones. En la capital se cortaron los siguientes puentes: Bicentenario, 25 de Mayo, Yapeyú, Zipoli, Leticia, EEUU, Cantón, Alvear y Puente del Trabajo.
Todavía retumban en la sociedad y en la Justicia dos episodios que marcaron a fuego el abuso de la vigilancia policial durante la cuarentena 2020: Blas y Solange.
Para evitar tragedias similares, ahora tanto desde el Ministerio de Seguridad como desde la Jefatura policial, la orden que se bajó a los policías afectados a los controles fue clara y contundente: “Usar el sentido común”, aunque el riesgo de un exceso siempre está latente.
En diálogo con PERFIL CÓR DOBA , el comisario Mayor Cristian Moreno, –subdirector General de la zona Sur– a cargo de todo el operativo de control policial aseguró: “La policía está acompañando estas medidas sanitarias, tanto como el esfuerzo que se le demanda a la sociedad. Hay que dejar en claro que estas restricciones, no son un hecho policial sino una medida de corte sanitario, cuya eficacia necesita sí o sí de la convalidación social”.
En cuanto al despliegue de la policía en la Capital, Moreno apuntó: “Hemos amplificado la presencia en la vía pública, se reforzaron los controles y se establecieron cortes en algunos puentes con el objetivo de atenuar la movilidad. En los puentes vedados, únicamente podrán pasar el transporte público y el de emergencia”. Además advirtió que desde las 18 los controles serán mucho más estrictos: “A partir de esa hora se implementa una restricción total con una mayor presencia en los puentes, mucho control y mucha presencia en avenidas principales y acceso a espacios verdes”.
Moreno reafirma el criterio que unificaron y bajaron a los policías: “Se está trabajando con respeto y tolerancia, tratando de desalentar la movilidad de personas no autorizadas, esa es la directiva. Ante una situación determinada, se invita a las personas a que cumplan con la restricción y se vuelvan a su casa, y si corresponde será detenido. La intención es que ante esta situación extraordinaria se actúe con respeto, tolerancia, sentido común y apelando a la responsabilidad social”.
Delgado ordenó la tropa propia. En las últimas semanas fue reiterado y constante el reclamo de los intendentes para que la policía y la Justicia actúen ante los desbordes, principalmente de fiestas clandestinas.
Ante las nuevas medidas, ayer por la tarde se produjo una reunión via Zoom entre el flamante fiscal general Juan Manuel Delgado y los fiscales de las jurisdicciones más importantes y se les ordenó que actúen frente a un episodio denunciado de violación de las medidas sanitarias o a un hecho en flagrancia.
“Los fiscales tienen la obligación de librar un acta, identificar a los autores e imputarlos por el artículo 205”, confiaron fuentes judiciales.