Las comisiones de Seguridad, Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, y Legislación General de la Legislatura provincial recomendaron la aprobación del Proyecto de Ley Nº 44944/L/25, impulsado por la legisladora Fernández, que propone la creación de la Procuración Penitenciaria de la Provincia de Córdoba. El organismo, que operará en el ámbito del Poder Judicial, tendrá como misión central la tutela, promoción y protección de los derechos de todas las personas privadas de libertad.
La institución podrá intervenir en cárceles, complejos penitenciarios, alcaidías y cualquier dispositivo de detención. Contará con autonomías funcionales, aunque su administración dependerá del Tribunal Superior de Justicia.
Un organismo judicial con estructura propia
El proyecto crea la figura del Procurador Penitenciario General, acompañado por cuatro adjuntos y dos secretarías técnicas. Todos sus integrantes serán designados por el Ejecutivo con acuerdo legislativo y gozarán de inamovilidad, con un régimen salarial equivalente al de un vocal del Tribunal Superior de Justicia.
El procurador tendrá amplias facultades: inspecciones, monitoreo, presentación de denuncias penales, impulso de acciones de tutela como hábeas corpus y amparos, pedidos urgentes de intervención judicial y comunicación inviolable con personas detenidas. La negativa o entorpecimiento de su labor será considerada una falta grave.
El diseño se complementa con la creación de una Comisión Especial de Seguimiento del Sistema Penitenciario, integrada por legisladores y representantes de organismos académicos y sociales.
Las críticas de Brenda Austin: costos, diseño institucional y estándares internacionales
La legisladora de la UCR Brenda Austin manifestó un rechazo contundente a la iniciativa, asegurando que el proyecto se aleja de lo que recomiendan los estándares internacionales en materia de prevención de la tortura.
Según la dirigente radical, el reclamo central de los organismos internacionales apunta a la creación de un Comité Provincial de Prevención de la Tortura, figura establecida por los tratados que Argentina firmó, y no a una procuración judicializada como la que promueve el oficialismo.
"Hay un reclamo de la creación de un organismo que es el Comité Provincial de la Tortura, que es lo que exigen las convenciones internacionales", señaló.
"Y lejos de hacer eso, el oficialismo trae como propuesta esta procuración penitenciaria, que es un organismo mucho más caro y menos eficaz".
Austin cuestionó también que Córdoba arrastre denuncias reiteradas por muertes bajo custodia, incluso en casos de personas detenidas “solo por averiguación de antecedentes”. Mencionó episodios en la UCA, el Complejo Esperanza y unidades penitenciarias que, a su criterio, justifican un órgano especializado en control externo.
Estructura, costos y cargos vitalicios: los principales reparos
Para Austin, el proyecto configura una estructura costosa e injustificada. Destacó que mientras a nivel nacional hay un procurador y un adjunto, el proyecto cordobés crea cinco cargos, todos con escalas salariales equiparadas al TSJ.
"Es mucho más caro porque crean un órgano con un procurador y cuatro adjuntos, todos con remuneración equivalente a un vocal del Tribunal Superior de Justicia", criticó. También apuntó a la designación sin audiencia pública, la inamovilidad de por vida y la posibilidad de que los funcionarios accedan al régimen jubilatorio del Poder Judicial, al que calificó como “de privilegio” y "van a estar allí de por vida", señaló.
La legisladora insistió en que, además de caro, el organismo nace con atribuciones limitadas y sin herramientas clave como la legitimación procesal plena. Austin también cuestionó que la Procuración quede bajo la órbita judicial. Señaló que, en otras provincias, los organismos similares dependen del Poder Legislativo, justamente por tratarse de mecanismos de control externo.
