Córdoba: detienen a las máximas autoridades del Servicio Penitenciario por asociación ilícita
Juan María Bouvier, Víctor Hugo Vivas, Silvia Barbero y Diego Martín Ayala fueron apresados por orden del fiscal. Por asociación ilícita en la causa que investiga el fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier. Esta mañana el gobernador Llaryora decidió desplazar a toda la cúpula.
Bouvier fue detenido y Llaryora desplazó a toda la cúpula del SPC |
Perfil Cedoc
Fueron detenidos las máximas autoridades del Servicio Penitenciario de Córdoba acusadas de corrupción institucional. Por orden del Fiscal de Delitos Complejos Enrique Gavier, la cúpula del servicio penitenciario fue detenida: incluyen al inspector general Juan María Bouvier, el subjefe Víctor Hugo Vivas, el director Diego Martin Ayala y a la subdirectora Silvia Barberó, todos acusados por asociación ilícita en las causas denominadas “call center tumbero” y "Bouwer". Un dato no menor, Bouvier y Barberó son pareja.
Se trata de cúpula máxima que controla todos los complejos carcelarios de la provincia de Córdoba.
Esta mañana, quizás conociendo la novedad judicial que estaba a punto de comunicar la fiscalía, el gobierno de Martín Llaryora decide aceptar la renuncia del inspector general Juan María Bouvier y el resto de la cúpula del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC). Bouvier estaba en el cargo desde 2008 y se va tras 15 años en la función.
En su reemplazo se designó interventor del SPC al ex fiscal federal y fiscal General provincial Gustavo Vidal Lascano. El cargo formal que desempeñará Vidal Lascano en el Ministerio de Justicia y Trabajo es el de secretario de Organización y Gestión Penitenciaria.
El fin de una larga etapa en Servicio Penitenciario
Bouvier era conocido como “el Johny”. Fue un egresado de la primera promoción de penitenciarios, del año 1978, en plena dictadura militar. Siempre le gustó manejarse con perfil bajo. “Que no sea noticia es una buena noticia”, suele decir. La última novedad pegó cerca de su despacho: la imputación del jefe de Seguridad del SPC, Darío José Tello Pajón. Pero esta salida ni las anteriores –por caso, un subdirector del complejo carcelario de Bouwer por favores a los presos y corrupción– lo despeinaron.
Su ascendencia en el SPC es, incluso, más vieja, porque luego de varios años se retiró en 2004, con el cargo de subjefe. Pocos meses después estalló el más feroz motín carcelario en la historia de Córdoba y con una nueva revuelta, fue llamado de urgencia en 2008 para tomar una conducción que no abandonó hasta este martes.
Las causas “call center tumbero” y "Bouwer"
Hace unos meses, María Ester Romero contó en Perfil Córdoba que se sospechaba que la causa conocida en los pasillos de tribunales como “Bouwer” podía alcanzar a la más alta esfera del Servicio Penitenciario de Córdoba.
“La pesquisa no parece agotarse ahí. Investigadores que analizan el contenido de las pruebas que se van recolectando advirtieron que ‘no hay techo’. Es prematuro aventurar si lo encontrará en las personas detenidas, si subirá hacia la cabeza de la propia fuerza o si escalará más arriba, en un nivel superior de responsabilidades políticas”, remarcó la periodista.
Las nuevas detenciones se suman a las ya ordenadas por el fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier. A lo largo de los años emergieron a la luz numerosos hechos de estafas virtuales, cometidas por los internos en connivencia con agentes de distinto rango -muchos ya condenados-, la pesquisa actual da el marco de una verdadera trama de presunta corrupción institucional.
En un expediente se encuentran detenidos el exsubdirector del complejo penitenciario, Sergio Alejandro Guzmán, junto a los abogados Alfredo Alberto Ciocca, Julio César Paez y los particulares Ramón Alberto Salas y Aldo Campos.
En el otro, permanecen presos quienes eran las máximas autoridades del Establecimiento Penitenciario 5 de Villa María: Andrés Américo Aciar, Edgar Ezequiel Arroyo y Néstor Gómez, director, subjefe de Operaciones y jefe de Seguridad, respectivamente. Días después se sumó el sargento de la Policía, Mauricio Agüero, que pertenecía a la Brigada de Investigaciones de Bell Ville.
Los nueve están imputados por presunta asociación ilícita. En cada causa, los inicios fueron diferentes. En la de Bouwer, un expresidiario del penal de Cruz del Eje, a la semana de recuperar la libertad, denunció que le cobraron una coima para mejorar su situación de encierro. Apuntó directamente a Guzmán. En la de Villa María, el caso estalló por personas estafadas a través de llamados telefónicos desde la cárcel.
