Esta semana se conoció, primero en Brasil y luego en Argentina, que se llegó a un acuerdo entre las procuraciones generales de ambos países para que los tribunales locales puedan acceder al contenido de los testimonios de arrepentidos que declararon en la causa LavaJato. Sin embargo, se puede afirmar que Córdoba está un paso adelante.
Sucede que días antes de la feria judicial, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) remitió a la Cancillería argentina un pronunciamiento avalando el dictamen del fiscal General, Alejandro Moyano. PERFIL CORDOBA pudo confirmar la información en fuentes cercanas al Ministerio de Relaciones Exteriores.
El máximo tribunal provincial no solo coincidió con la resolución de Moyano que dio curso al exhorto del exfiscal Anticorrupción, Hugo Amayusco. También opinó que Córdoba ya se encuentra en condiciones de acceder formalmente a la prueba reunida en Brasil en lo que refiere o puede ser de interés local. De este modo, el alto cuerpo allanó los obstáculos y fijó postura sobre uno de los puntos principales de las condiciones exigidas por la justicia brasileña en el Acuerdo de Compromiso de Especialidad y de Limitación del Uso de Pruebas.
El aspecto central es que la justicia local no use la prueba para perseguir a los delatores del vecino país.
Qué interesa en Córdoba. Desde hace años hay sospechas sobre el pago de posibles coimas para que las empresas brasileñas Odebrecht, OAS y Andrade Gutiérrez -cartelizadas- accedieran a la licitación de los gasoductos troncales en 2008/2009. De hecho, en aquel momento la última de ellas resultó adjudicataria en una Unión Transitoria de Empresas (UTE) con las argentinas Iecsa SA y Britos SA Si bien el proceso quedó trunco por falta de avales de la Nación, en 2015 se volvió a abrir la licitación que actualmente está en ejecución. Una importante porción de la obra quedó en manos de Odebrecht, a con tramano de lo sucedido toda la región que tras los escándalos de corrupción excluyeron a la firma de sus concesiones.
En 2011 la justicia de Brasil secuestró un cuaderno que tenía en su poder el cambista arrepentido Alberto Youssef. En esas anotaciones, que refería un listado de coimas prometidas y/o pagadas, había cuatro menciones a Córdoba. Por esa razón, uno de los puntos a profundizar será que Youssef pueda decir quiénes son esas personas. Hay otros testimonios que será importante incorporar: el del condenado presidente de la firma Andrade Gutiérrez, Otavio Marques de Azevedo; el titular de OAS, Leo Pinheiro, y el propio Marcelo Odebrecht.
El objetivo es saber si se pagaron coimas, cuánto y a quiénes. La investigación en Córdoba primero se tramitó en la Fiscalía Anticorrupción N°2 cuando su titular era Gustavo Hidalgo, actual juez de Control del fuero. Ante denuncias de los legisladores opositores Juan Pablo Quinteros, Liliana Montero y Aurelio García Elorrio, Hidalgo no habilitó el exhorto que le solicitaban y terminó archivando la causa. Años más tarde se produjo una nueva presentación en la Fiscalía N° 1 del mismo fuero, donde la Provincia envió decenas de cajas con la documentación sobre la última licitación de las obras de los gasoductos.
¿Qué sospechan los legisladores opositores que vienen reclamando desde años una pesquisa seria? Que en las adjudicaciones de 2015 se concedieron las obras a quienes habrían pagado sobornos en el proceso anterior que no pudo ejecutarse. Por ese motivo, en el marco de esta investigación, Hugo Amayusco envió un exhorto a Brasil solicitando información referida a Córdoba. La justicia de ese país respondió estableciendo las condiciones ya conocidas.
Allí fue cuando intervino el fiscal General, Alejandro Moyano, quien lejos de declararse prescindente se pronunció por la viabilidad del acuerdo. Lo hizo señalando que de ese modo se despejarían las dudas sobre si en Córdoba se pagaron o no sobornos. No obstante, por la envergadura del compromiso consideró que el dictamen debía firmarlo la Cancillería argentina. Ese mismo dictamen fue la base para que luego el TSJ expresara su aval y habilitara a la justicia local a suscribir el convenio, a la par del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Pesquisas en Brasil. No obstante la renovada posibilidad de profundizar la investigación en tribunales cordobeses, los legisladores opositores viajarán a Brasil porque consideran que también allí puede ser investigado este caso. El razonamiento es el siguiente: si se comprueba que se pagaron coimas el dinero habría salido de las arcas brasileñas porque el financiamiento de las obras estuvo a cargo del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes).
POR OBRAS, SIGUE BAJO LA LUPA
Aunque solo le resta completar el 3% de la obra de gasoductos troncales (tiene seis de los 10 sistemas), a Odebrecht el gobierno le sigue el paso de cerca. Luego de un reclamo de una deuda por parte de la empresa, desde la administración Schiaretti salieron a desmentir a la compañía y fijaron pautas para controlar, semanalmente, el trabajo que concreta la empresa hasta su finalización, previsto para agosto. Pero eso no fue todo.
En la semana se conoció que Odebrecht mantendría una deuda con algunos de sus proveedores. Según la información extraoficial, unas 100 pymes locales estarían reclamando una deuda que llegaría a los $ 300 millones. Consultado el respecto, López sostuvo que no es competencia de quien contrata la obra (en este caso la Provincia) verificar si la empresa cumple con los pagos a proveedores. “Sin embargo, teniendo en cuenta que se trata de una situación particular, le vamos a plantear el tema a la empresa para que, eventualmente, regularicen la situación con las empresas cordobesas que contrataron”, dijo el ministro.
