Córdoba sometió a su sistema agrícola a un riesgo extremo: pérdidas por 4% del PBG

No se trata de un “desastre natural”. Córdoba fue gestando un “desastre no natural”, que maduró su impacto en la última década y ahora está pasando una costosa factura al Estado, a los productores y al modelo agrícola en su conjunto.

Según el Departamento de Informaciones Agroeconómicas (DIA) de la Bolsa de Cereales de Córdoba (BCC), las inundaciones que afectaron a miles de hectáreas en la provincia hicieron que en 2016 se perdiera sólo en soja, el principal cultivo, US$777 millones ($10.975 millones). Si a estas pérdidas se le suma el resto de los granos, principalmente maíz, el monto supera el 4% del Producto Bruto Geográfico (PBG). Respecto de 2017, al mes de mayo, la BCC estimó que la Provincia dejará de percibir unos U$S117 millones, al quedar bajo el agua 106.900 hectáreas.

"El fenómeno abre una amplia gama de situaciones que impactan de manera directa en el desarrollo social, económico y ambiental de las zonas afectadas”, explica Gonzalo Agusto, analista de la BCC. “El área inundada afecta principalmente suelos con buena aptitud agrícola en el sur provincial”, agrega. En el departamento General Roca los llamados ‘cuerpos de agua’ (zonas inundadas, ríos, arroyos, lagunas) crecieron 825% en los últimos tres años; en tanto, Sáenz Peña mostró un avance del 663%; en Marcos Juárez y Unión, en tanto, la suba fue de 56% y 53%, respectivamente.

¿Quiénes son responsables de que los campos de la provincia se hayan transformado en gigantescas masas de agua de difícil gestión? Para los funcionarios, apuntar al cambio climático es cómodo porque distrae la atención de los resultados de las políticas públicas. Sin embargo, en ámbitos académicos, técnicos y productivos, el análisis es más consciente.

“Es fácil echarle la culpa al cambio climático, que existe y no lo minimizo, pero no tenemos evidencia clara de que estas lluvias sean particularmente distintas a las del pasado. De lo que estamos seguros, es que el uso que hacemos del suelo es distinto”, sostiene el ingeniero agrónomo e investigador principal de Conicet, José Paruelo.

“Acá tenemos la culpa todos: técnicos, productores y demás”, apunta la ingeniera Florencia Barbero, directora de la consultora HumusLab. “El suelo es un recurso olvidado, nunca se lo atendió; habiendo agua se descontó que siempre darían. Ahora se prendió una luz roja importante; entonces ya es hora de aprender que el suelo es un ambiente complejo que tiene tres patas: física, química y biológica; nadie habla de las tres cosas en conjunto”, enfatiza Barbero.

Aquel “yuyo verde”. En 2007, cuando la soja estaba a US$600 la tonelada, nadie estuvo dispuesto a tomar nota de la advertencia que formulaba el INTA: “En 10 años vamos a estar en riesgo si no se rotan los cultivos”, alertaba entonces el Instituto.  El Estado nacional fue el principal ‘distraído-interesado’: el monto total de lo ingresado por retenciones (de 2002 a 2014) sumó US$88.000 millones, según cálculos del Instituto de Estudios Económicos la Sociedad Rural Argentina (SRA). Demasiado bueno para ser cuestionado.
Pero, esa avidez por recursos generados en el monocultivo de base sojera causó un fenómeno que el investigador del Conicet, Sebastián Gómez Lende, define como “acumulación por desposesión”. Dicho en criollo: “pan para hoy hambre para mañana”. Y la soja no fue la culpable, sino la lógica que se impuso en su cultivo, desconociendo principios naturales básicos.

Un monte nativo absorbe 300 milímetros de agua por hora, una pastura convencional (donde hay ganado) 100 milímetros y un campo con soja apenas 30 milímetros por hora. “Los excesos hídricos no se deben tanto a las lluvias como a cuestiones asociadas al proceso de minería que sufre la agricultura y a la agriculturización de las últimas dos décadas principalmente”, afirma Nicolás Bertram, investigador del INTA Marcos Juárez.

Ocurrió que miles de hectáreas de pasturas perennes y pastizales que consumían agua durante los doce meses del año fueron cambiadas por cultivos anuales que, en el mejor de los casos, lo hacen durante un tercio o la mitad de ese tiempo, pasando de consumir anualmente 1.500-2.000 milímetros a 400-600 milímetros.

“Esto es la causa de que hoy la napa esté muy cerca, a dos metros o menos de la superficie, con lo cual cualquier lluvia normal nos pone en situación de fragilidad”, explica Bertram. “Tenemos que volver el consumo a una situación de equilibrio porque estamos consumiendo un 50% de lo que precipita”, agrega. Según el técnico del INTA hay que cambiar el sistema agrícola porque una de las variables que se puede accionar es el consumo de agua, independientemente de que esté lloviendo más.

Junto al consumo de agua, la otra variable clave que se debe gestionar es la calidad de los suelos (medida en cantidad de materia orgánica). Este factor también se descuidó por la falta de rotación de cultivos y la decisión de no hacer cultivos de cobertura; ambos hechos potenciaron la compactación de los suelos dificultando que el agua infiltre y, al final, termine escurriendo.
“Se debe hacer una rotación al 50%, donde hice maíz tengo que hacer soja y viceversa, es rotación gramíneo-leguminosa; a su vez, en entretiempo tengo que poner un cultivo de cobertura que no me dará rentabilidad porque no lo voy a cosechar, sino secar; sin embargo, dará rentabilidad en el cultivo siguiente y en términos de la calidad que le aportará al suelo”, explica Barbero.

Según estos expertos, un 100% de la tierra cultivable en la provincia debería ser trabajada bajo un sistema de rotación (trigo-soja / maíz-soja), cuando hoy apenas se hace un 30%. Esto es insostenible. “Además, hay que tener en cuenta que sólo con la agricultura no se sale, hay que volver a las pasturas y cuidar los montes, para equilibrar el balance hídrico”, apunta Bertram.

Deforestación y arrendamientos. Aunque la preservación de los bosques no ocupa un lugar prioritario en la agenda del gobierno provincial (quizá por un guiño que continúa haciendo a favor de los desarrollistas inmobiliarios que avanzan con sus mega proyectos en el interior), esta actitud desaprensiva podría significar un gran costo para generaciones futuras.

“Los bosques ya no se deben tocar. En zonas cercanas a Las Varillas y Alicia, desde que se desmontó el pie de sierra, aumentó el problema de napas altas y el volumen de correntías es mayor”, señala Barbero. 

Córdoba ha perdido en 10 años el 80% de los bosques. “En velocidad, la pérdida es de un 5% anual, mientras que en el mundo el promedio de deforestación anual es menos de 1%”, afirma Marcelo Cabido, Premio Nobel de la Paz 2007 como miembro del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático.

En base a estos datos, el investigador analiza: “Hemos estado perdiendo bosques a una velocidad cinco o seis veces mayor al promedio mundial de deforestación”. Se podría pensar que se debe a la falta de legislación, pero “Córdoba tiene leyes que, en algunos casos, han sido pioneras a nivel global. El problema es la falta de control, aplicación, reglamentación”, explica Cabido. Sin duda, un tema de decisión política y de compromiso con el concepto de “sustentabilidad”, más allá del marketing de gestión oficial.

Junto a los procesos de monocultivo y deforestación, el combo de factores que han atentado contra la conservación de los suelos de Córdoba se completa con un hecho netamente económico que no se puede soslayar: el avance de la explotación agropecuaria bajo sistema de arrendamiento de campos. “Desde mediados de los años ’90, la incorporación de la soja transgénica alteró el mapa de la propiedad y uso de la tierra”, asegura Eduardo M. Basualdo, investigador del Conicet.

Según el ingeniero Bertram, de INTA, en Córdoba podría ser que un 70% del área sembrada ya corresponde a tierras que el dueño arrienda. ¿Cuál es el condicionante de este modelo? Generalmente son contratos anuales, un muy corto plazo como para comprometer a quien alquila a hacer inversiones que conserven la calidad del suelo. Dicho de otro modo: quien alquila sólo arriesga en función de la ecuación de rentabilidad del cultivo que le permita la mayor ganancia con la menor cantidad de capital invertido.

“Como los contratos se hacen por un año y a quintales de soja por adelantado, los inquilinos buscan el cultivo más rentable, o sea, soja”, explica Florencia Barbero. La soja arriesga menos dinero porque poca gente fertiliza, solo pone fosforo y en poca cantidad. “El maíz necesita fosforo y nitrógeno, cuando el productor ve que tiene que desembolsar y arriesgar, ya no quiere hacer rotación”.
Por eso, Barbero aconseja a sus clientes propietarios: “Al momento de alquilar un campo, se debe saber qué hacer para preservar la tierra y establecer un plan de rotaciones de cultivos. Si hablamos de rotaciones –afirma– nos referimos a más de un año de arrendamiento, lo que asegura al propietario que las cosas se van a hacer correctamente, porque al inquilino le importará cuidar los rendimientos de la tierra”.

Aunque es cierto que actualmente rige el cortoplacismo inmediatista como lógica para todos los negocios, más verdad aun es que alquilar campos para terminar destruyendo los suelos es una necedad, que termina haciendo perder a todos. Cada gramo de suelo que se pierde o cada gramo de materia orgánica y de estabilidad de agregados que se pierde, implica que después hay que invertir más capital en fertilizantes, en el mejor de los casos. En el peor, el campo queda inutilizable por degradación y excesos hídricos. ¿Cuál es el negocio?

Infraestructura y sistematización. En medio de la crisis que generó el recrudecimiento de las inundaciones de comienzos de este año (hay 3.000 establecimientos en emergencia o desastre agropecuario, la mayoría en las cuencas hidrográficas ubicadas en el sur provincial), el Gobierno de Córdoba agilizó un programa de obras destinadas a las zonas afectadas y la coordinación de políticas con otras provincias. El Plan de Saneamiento Hídrico y Sistematización de Cuencas, que consiste en la ejecución de 10 obras por un monto total de $426,6 millones es parte de esas respuestas.

Por su lado, la Asociación de Consorcios Camineros de la Provincia de Córdoba dispone de $400 millones y demandó otros $30 millones para hacer reparaciones de emergencia y desarrollo de obras proyectadas. “La verdad es que todos nos dormimos en los laureles”, reconoce Antonio Picca, titular de la Asociación. “No se trata de sacar agua para tirarla a otro lado; tendríamos que habernos esforzado en retenerla (por mantenimiento de suelos) y no mandarla al vecino”, admite.

Este reconocimiento de Picca tiene como referencia un fenómeno que adquirió dimensiones preocupantes: la construcción de 600 canales clandestinos que desagotan en campos de Santa Fe. “Hay toda una red integrada por ingenieros y obreros que canalizan los campos de noche y ahuyentan a la gente que se acerca, a balazos”, confió a PERFIL CORDOBA un productor.

La situación llegó a un ‘sálvese quien puede’ producto no sólo de la conjunción de los factores mencionados hasta aquí, sino también porque los productores dejaron de hacer obras de sistematización de sus campos (curvas de nivel, terrazas, canales con límites, lagunas de retención, levantamiento del nivel de caminos internos). “Ahora en la cuenca del arroyo Tegua, en la zona de Berrotarán, comenzaron a sistematizarse unas 450 mil hectáreas, a partir del trabajo de Consorcios de Conservación de Suelos… Hay que hacer un click en la mente de los productores e ir por ese camino. El que crea que ahora se salva solo, está equivocado”, dice Picca.

La soja transgénica, la siembra directa, la agricultura de precisión, los agroquímicos, todo ayuda a expandir la frontera agrícola y crear riqueza. No caben dudas. Sólo que esa ecuación ‘olvidó’ incluir entre sus variables la conservación del suelo. “Ninguna técnica per se es mala, aquí de lo que se trata es de lo que hace el hombre”, señala la ingeniera Barbero.

“Pan para hoy, hambre para mañana”. Las sociedades que viven del cortoplacismo no construyen futuro. Pero, fundamentalmente, dan cuenta de falta de cultura, entendiéndose como tal ‘falta’ la incapacidad para respetar y acrecentar el patrimonio intergeneracional que debe dar sustento a la sobrevivencia de generaciones futuras. Córdoba enfrenta el desafío de revertir esta tendencia.