La anunciada reforma judicial a nivel nacional tuvo esta semana repercusiones en los Tribunales federales locales. El martes hubo una reunión de la que participaron unos 40 funcionarios, jueces, camaristas de Córdoba y el interior, secretarios, más algunos fiscales. El encuentro se mantuvo en absoluta reserva.
El 2 de noviembre había llegado a la delegación local de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) un correo electrónico que solicitaba opinión y sugerencias sobre cinco puntos: eliminación de la feria judicial de julio; modificación de la estival del 15 de diciembre al 15 de enero; cambio del horario de atención al público de 9,30 a 15,30 horas; ampliación de la jornada laboral a 8 horas; y un régimen de licencias conforme a la antigüedad. Del encuentro celebrado el martes surgió la decisión de no responder cada uno de los aspectos señalados indicando que merecen estudios previos y no son temas que permitan respuestas superficiales.
No fueron pocos los funcionarios invitados por PERFIL Córdoba para dar una opinión sobre estas y el resto de las reformas anunciadas. En todos los casos primó el silencio. ¿Se trata de una respuesta corporativa? ¿El Poder Judicial atrasa y se niega al cambio? ¿Hay miedo de exponer posiciones contrarias? Posiblemente un poco de cada cosa. Las reformas apuntan a cambios en el cumplimiento de las tareas diarias en los diferentes tribunales del país, la modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal y el alcance que tendrá en el sector la anunciada reforma del sistema previsional.
Horario y feria. Las fuentes consultadas coincidieron en que para mejorar la respuesta del Poder Judicial al reclamo social de justicia, ampliar el horario de atención o modificar la feria judicial son reformas inexorables aunque también periféricas. “Trabajamos 30 horas semanales mientras cualquier otro trabajador con menos sueldo cumple 40” afirmó un juez a este diario. Para que no sean reformas cosméticas, plantean que habría que digitalizar toda la Justicia, designar más personal y mejorar la infraestructura. Otro funcionario interpretó que el horario y la feria son “cortinas de humo” para encubrir la intromisión desde el Ejecutivo del Poder Judicial. En cuanto al régimen jubilatorio, actualmente los jueces que pasan a situación pasiva reciben incrementos a medida que crecen los haberes de los activos. En caso de ir a un sistema de ajuste por inflación o cualquier otra fórmula, quedarían en desventaja. Actualmente hay tres magistrados en Córdoba con la jubilación concedida pero, dos de ellos no presentaron sus renuncias y al tercero que sí la presentó no le fue aceptada aún. Ellos son Luis Roberto Rueda, Jaime Díaz Gavier y José María Pérez Villalobos. De aprobarse la reforma previsional, los cambios ¿alcanzará también a ellos o ya es un derecho adquirido y no verán sus jubilaciones menguadas? Rueda admitió que “Si cambian las reglas de juego habrá que aceptarlas, aunque creo que al haberse concedido ya la jubilación es un derecho adquirido”. Hay otros que cumplieron 60 años y comenzaron a consultar aunque aclararon que el trámite jubilatorio tarda aproximadamente un año y, de consagrarse cambios, serían inminentes. El dato es que puede haber en todo el país cargos vacantes, productos de las jubilaciones, que serán cubiertos por el actual gobierno.
Ministerio Público Fiscal. Tanto jueces como fiscales destacaron el temor ante futuras eventuales persecuciones. La reforma de la Ley Orgánica del MPF es interpretada como un avance contra su independencia. Según las opiniones recogidas por este diario, hay también miedo de despidos del personal. Habría que agregar que hay una cláusula transitoria en la iniciativa que comenzó a analizarse en el Senado Nacional que algunos interpretan como hecha a medida de Carlos Gonella, fiscal ante el Tribunal Oral Federal 2. El artículo establece que quienes fueron designados con acuerdo del Senado para un destino, deben cumplir tareas allí. En 2013, mientras estaba al frente de Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) fue designado fiscal general ante el Tribunal Oral Federal de Formosa. Durante el debate de esta semana en el Senado su nombre fue invocado varias veces. Gonella, además fue procesado por favorecer, presuntamente, a Lázaro Báez. En su descargo señala que fue él quien propuso allanar “La Rosadita” por la que están imputados Elaskar y Fariña, incluso antes de que aparecieran los dólares de los videos conocidos.
