Ocurrió un viernes de agosto. Llegó a las 7 de la mañana y estuvo hasta la noche en el consultorio del médico, ubicado en calle Belgrano, en el centro de nuestra ciudad. Con un embarazo de 23 semanas, la joven de 21 años había contactado al profesional decidida a interrumpir la gestación. Solo obtuvo la confirmación del turno cuando pagó la tarifa de $22 mil -según declaró la pareja de la mujer- y le pidió una ecografía, que ella se había realizado el día anterior. Nada de análisis de sangre ni otros estudios.
Siempre había hablado de una pastilla y nunca le había advertido sobre los riesgos de encarar un aborto con un embarazo tan avanzado y un nacimiento viable que cabalgaba los cinco meses. Aquel viernes ella acudió al consultorio acompañada por una amiga. Al caer la tarde su pareja, un joven de 26 años, fue en auto a buscarla. La retiró, ayudándola a moverse hasta el vehículo para ir luego al departamento que comparten. El último diálogo con el profesional se sintetizó en dos consignas. “Cualquier inconveniente vayan a la Maternidad Provincial” y “conmigo no hablen más”.
Con el correr de las horas, la situación de la joven se fue agravando. Hicieron una consulta a la Maternidad Nacional, quizás por error, pero fueron derivados a la Provincial donde constataron que su vida corría riesgo por las secuelas que había dejado el aborto clandestino.
Según pudo establecer PERFIL CORDOBA, en la intervención el médico le perforó el útero, hirió sus intestinos y las vísceras del feto quedaron allí alojadas. No obstante de conocer esa situación, envió a la joven a su casa. Para los peritos judiciales esta es, quizás, la conducta más temeraria y reprochable que se pueda endilgar a Carlos Martínez Cara. Como médico sabía que parte del feto quedaba en el interior del cuerpo de su paciente y la dejó librada a su suerte, con riesgo de muerte.
Por la situación, debió quedar internada en terapia intensiva. Fue trasladada luego al hospital Rawson, a raíz de la profusa infección causada. Más de tres semanas en coma, varias operaciones para reconstruir el intestino dañado y la pérdida total del útero que la dejó estéril, son algunas de las consecuencias que se constataron hasta el momento, aunque las pericias seguramente continuarán. En sus relatos, los médicos que asistieron a la joven señalaron que nunca habían visto secuelas tan graves. Ella recibió el alta hospitalaria hace pocos días, pero no aún el alta médica definitiva.
Este medio contactó, para reconstruir esta historia, a una persona allegada a la pareja. Ambos están muy afectados emocionalmente y reciben asistencia psicológica, afirmó la fuente consultada. La causa tiene a dos personas imputadas. El médico Martínez Cara, de 64 años, por los delitos de aborto consentido y lesiones gravísimas. Esta última figura prevé condenas de hasta 10 años de prisión. Y la pareja de la joven, que también está imputado como partícipe necesario del aborto ilegal.
El fiscal de Instrucción, Gustavo Dalma, decidió no cargar ninguna responsabilidad penal a la joven, porque las consecuencias que padece en su cuerpo son de una magnitud absolutamente superiores a cualquier posible sanción, a pesar de que aún hoy en nuestro país este tipo de intervenciones son punibles para las mujeres.
Testimonios. En la Fiscalía se tomaron numerosos testimonios, entre ellos algunos de amigas de la joven y de médicos que la atendieron en los centros asistenciales donde fue intervenida y estuvo internada. En tanto, el miércoles último declaró el joven después de abstenerse en una primera instancia. Fue un relato duro. Se quebró en varias oportunidades. Y el viernes declaró la joven.
Deportólogo, no ginecólogo. Martínez Cara trabajaba en la Municipalidad de Córdoba a partir de una especialización que había adquirido pero no actualizado, como médico deportólogo. Pero hay indicios, en base a los testimonios brindados por amigas de la víctima, que se presentaba como ginecólogo. En el allanamiento realizado en el consultorio de calle Belgrano la Justicia secuestró numerosas historias clínicas. Entre ellas habría antecedentes de otras mujeres que habrían acudido en anteriores circunstancias a practicarse abortos. El dato abriría la posibilidad de que sea investigado por otros hechos. Mientras tanto, el fiscal Dalma analiza una resolución que defina la situación procesal de Martínez Cara, actualmente detenido en la cárcel de Bouwer.
UN DATO LLAMATIVO
En su declaración testimonial, la pareja de la joven que concurrió a practicarse un aborto en el consultorio ubicado sobre calle Belgrano, destacó que le llamó la atención, cuando fue a retirarla del consultorio, que un pañuelo que solía usar en su cuello lo tenía atado en la pierna.
Cuando le preguntó a qué obedecía, ella le contestó que el facultativo le había dicho que si alguien le consultaba o la veía, debía mostrar dolencias en la pierna, justificando la consulta en su (supuesta) condición de especialista en deportes.
