En el último mes de 2025 se produjeron novedades en el expediente abierto en el Juzgado Federal 2 (JF2) de Córdoba, a cargo de Alejandro Sánchez Freytes, a raíz de la denuncia de una exsecretaria de la Cámara Federal contra los vocales Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi.
Las principales fueron la designación de un funcionario de la Procuración General para colaborar en la investigación, la aceptación en segunda instancia de la inhibición del fiscal general Carlos Casas Nóblega y el pedido del Consejo de la Magistratura del contenido de la denuncia que interpuso Celina Laje Anaya, denunciante y desplazada de su cargo de secretaria de Cámara por un enroque.
El 15 de diciembre último, el procurador general interino Eduardo Casal resolvió designar a Pablo Turano “para intervenir en carácter de representantes del Ministerio Público Fiscal en el expediente”. La decisión fue en respuesta a la solicitud que habían cursado previamente el fiscal general Carlos Casas Nóblega —a cargo de la investigación por turno— y el fiscal general ante la Cámara Federal, Alberto Lozada. En el momento en que realizaron la solicitud estaba pendiente de definición la inhibición de Casas Nóblega, rechazada en un comienzo por el juez Sánchez Freytes y apelada ante la Cámara.
A raíz de esa indefinición Casal destacó que el nombramiento de Turano tenía como objetivo colaborar “en el impulso y seguimiento de dicha causa hasta que se resuelva definitivamente”. la competencia. El 22 de diciembre —una semana después— el vocal subrogante de la Cámara Facundo Zapiola hizo lugar a la inhibición de Casas Nóblega. Señaló diferencias con un caso anterior —del excamarista Ignacio Vélez Funes— donde el mismo fiscal no se inhibió, validando la explicación que ofreció Casas Nóblega. Con Vélez Funes no tenía un vínculo de amistad, mientras que con los actuales denunciados sí reconoce una relación que podría generar sospechas de parcialidad en la sociedad.
Zapiola subrayó que su decisión buscó resguardar la objetividad y neutralidad del proceso, evitando cualquier “temor de parcialidad” de las partes.
Luego de ambas novedades, el abogado querellante Claudio Orosz se presentó formalmente como apoderado de la denunciante Celina Laje Anaya para plantear duros cuestionamientos a lo que denomina “solidaridad corporativa” dentro de la Justicia Federal de Córdoba. El letrado hizo advertencias sobre la figura del “fiscal coadyuvante” enviado desde Buenos Aires por Casal. Señaló que, ante las inhibiciones de los fiscales naturales por ser “enemigos manifiestos” o amigos de los denunciados, se debe garantizar que no se trate de una “intervención” encubierta que afecte el debido proceso.
En base a esos argumentos pidió que se priorice con claridad la intervención como fiscal federal principal de Maximiliano Hairabedian, el único en la jurisdicción que no tiene amistad ni enemistad con los camaristas denunciados. En paralelo, también tomó intervención el Consejo de la Magistratura, organismo que resuelve sobre las remociones o indisciplinas y faltas de jueces federales. En su sesión de fines de noviembre, los consejeros resolvieron solicitar una copia del expediente con la denuncia.
De qué trata la denuncia
La presentación de Laje Anaya provocó un tembladeral en los tribunales federales. Señaló a los vocales Sánchez Torres y Montesi, junto al secretario Mario Olmedo, por presunto abuso de autoridad, falsedad ideológica, coacción y violencia de género e institucional. La raíz del conflicto se centra en la tramitación del caso Bunge. Según el relato de Laje, ocurrió en diciembre de 2023, cuando se le habría ordenado confeccionar un certificado con datos falsos en el expediente sobre evasión tributaria agravada. El objetivo habría sido forzar una integración del tribunal que incluyera a la vocal Montesi —pareja de Sánchez Torres— para asegurar una mayoría en la decisión.
Ante su negativa, Laje describe haber vivido un “calvario” de hostigamiento laboral y persecución que afectó gravemente su salud mental, derivando en licencias psiquiátricas prolongadas.
