Iago Rodríguez (La Razón). El derecho internacional, el conjunto de normas que regulan las relaciones entre Estados y cuyo respeto es la base del orden mundial, ha sido señalado como la gran víctima de la operación militar estadounidense en Venezuela que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro.
La acción, que incluyó ataques aéreos en Caracas, ha generado una condena casi unánime por parte de líderes globales e instituciones multilaterales, que la califican como una violación flagrante de la soberanía nacional y de los principios más elementales de la convivencia pacífica.
La reacción más autorizada llegó desde la sede de las Naciones Unidas. El secretario general, Antonio Guterres, se declaró "profundamente alarmado" y afirmó que los acontecimientos "constituyen un precedente peligroso", mostrando su preocupación porque "no se hayan respetado las normas del derecho internacional".
Guterres hizo un llamado al pleno respeto de la Carta de las Naciones Unidas, el documento fundacional que establece, en su Artículo 2, el principio de igualdad soberana de los Estados y la prohibición de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier país.
Este principio de no intervención y de prohibición del uso de la fuerza es la columna vertebral del sistema internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial. La operación estadounidense, que involucró incursiones militares en territorio venezolano y la captura física de su mandatario, parece contravenir este principio de manera directa. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, subrayó que cualquier solución para Venezuela "debe ajustarse al derecho internacional", un sentimiento que fue ampliamente compartido por gobiernos latinoamericanos de diferentes signos ideológicos, desde el izquierdista Gabriel Boric en Chile hasta el de Gustavo Petro en Colombia.
La justificación legal de Washington y la condena global
Frente a estas acusaciones, la administración del presidente Donald Trump ha esgrimido sus propios argumentos legales para justificar la acción; el fundamento principal es una acusación de narcoterrorismo contra Maduro, presentada originalmente en 2020 y ampliada recientemente. Al tratar a Maduro no como un jefe de Estado con inmunidad, sino como un criminal internacional, Estados Unidos intenta enmarcar la operación como la ejecución de una orden de arresto y no como un acto de guerra contra otro país.
* Publicado en larazon.es
