En los Tribunales Federales de Córdoba un expediente quema en las manos de los funcionarios judiciales.
PERFIL Córdoba confirmó a través de dos fuentes la existencia de una denuncia contra el líder sindical, Hugo Moyano, a quien el Gobierno nacional convirtió en uno de los blancos de ataques y pronosticó una catarata de acciones judiciales en su contra. Una de esas fuentes reveló que ya fue imputado por el fiscal federal 2, Gustavo Vidal Lazcano, y el expediente fue girado al Juzgado Federal Nº2.
Este diario intentó comunicarse con el fiscal sin éxito y el magistrado se limitó a responder que “no hay novedades por el momento”.
El hecho bajo investigación es la compra de un inmueble de escaso valor por el que se habrían pagado varios millones de pesos. Es decir que habría existido la sobrefacturación en la operación inmobiliaria.
La denuncia encuadraría en una presunta defraudación. No trascendieron más detalles de la transacción. Frente a la eventual imputación, al juez federal 2, Alejandro Sánchez Freytes, tiene frente a sí diferentes opciones: desestimarla y archivarla; puede ocurrir que se declare incompetente porque considera que la transacción se hizo en una sede ajena al alcance de su jurisdicción, o puede convocar a Moyano para una indagatoria.
Nuevo golpe. La de Córdoba sería la segunda imputación que debe afrontar. Si bien tiene un sinnúmero de sospechas por irregularidades en la obra social de Camioneros, lavado de dinero, evasión impositiva, entre otras, sólo la Unidad Fiscal de Investigaciones ante el Juzgado de Lomas de Zamora, a cargo del juez de Garantías Gabriel Vitale, lo imputó a fines de enero en la causa en que investiga a una asociación ilícita en el Club Atlético Independiente, encabezada por el barra Pablo “Bebote” Álvarez. En esa causa se indaga la presunta defraudación millonaria al club de Avellaneda y la última novedad fue la imputación al dirigente sindical y a su hijo, Pablo Moyano.
La paradoja es que la causa radicada en Córdoba comenzó a moverse en la misma semana en que el dirigente camionero lideró una masiva marcha en la ciudad de Buenos Aires, que muchos interpretan como la consolidación de su liderazgo opositor, y en la que se escucharon cánticos como: “Siga, siga, siga el baile, al compás del tamborín, si lo tocan Moyano les paramos el país”.
Mientras el gobierno se esmeró en interpretar que la multitudinaria concentración gremial, política y social fue una muestra de la necesidad que tiene de protegerse de las causas judiciales, Hugo Moyano remarcó que el orden con el cual se desarrolló muestra que “no somos desestabilizadores”. Y al día siguiente con elocuencia aseguró que “si el Presidente me llama, iría a reunirme con él”.
LAS CAUSAS QUE INVOLUCRAN A LA FAMILIA DEL DIRIGENTE SINDICAL
En la actualidad seis jueces en la sede porteña de la Justicia Federal están investigando expedientes que involucran negocios de Hugo Moyano. La mayoría son procesos penales económicos que involucran a la familia del líder camionero, al sindicato y al club Independiente.
PERFIL publicó la lista de magistrados que tienen a su cargo los diferentes expedientes. Estos son: Claudio Bonadio (Federal N° 11), Néstor Barral (Federal de Morón) y Luis Armella (Federal de Quilmes). Dos del Fuero Penal Económico, Javier López Biscayart (N° 9) y Rafael Caputo (N° 3). El panorama se completa con el juez de garantías de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale, quien investiga una posible asociación ilícita entre barras y la dirigencia de Independiente. Esta es la única causa que no es de naturaleza económica.
La causa de Bonadio se refiere a la Obra Social de Camioneros, por la cual hubo nuevas presentaciones de la diputada Graciela Ocaña, quien ya lo había denunciado años atrás.
Barral analiza la compra de dos propiedades en Parque Leloir. El juez dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario sobre las cuentas de su hijo, Pablo; su esposa Liliana Zulet, y de dos de los hijos de la mujer.
Y en el caso de Armella, se investiga la denuncia por presunto lavado tras las confesiones de dos barrabravas, Pablo “Bebote” Alvarez y Damián Langaronne ante el juez Vitale.
