A raíz del memorando N° 2/2018 del 16 de marzo en el que el Ministerio de Salud de Córdoba prohíbe a los directores de los hospitales provinciales de Capital e interior hablar con la prensa sin autorización previa, esta semana fue presentada una denuncia penal contra Diego Cardozo, titular de la Secretaría de Servicios Asistenciales, quien suscribe el documento.
La denuncia fue presentada el lunes en los Tribunales de la Provincia por el abogado Gregorio Hernández Maqueda, ex candidato a diputado nacional por la Coalición Cívica e integrante del grupo de asesores de investigación de Elisa Carrió, y recayó en la Fiscalía de Distrito 1 Turno 6, a cargo de José Bringas.
Abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público son los presuntos delitos por los que se pide investigar al funcionario, según precisó Hernández Maqueda, quien señaló que tomó conocimiento de la existencia del memo a través de la nota publicada por PERFIL Córdoba el 15 de abril pasado.
El documento dirigido por Cardozo a todos los directores y subdirectores y jefes de prensa hospitalarios de la Provincia advierte que desde la fecha de emisión, “toda información inherente a las actividades realizadas en cualquier sector referidas a la salud pública dependiente de esta cartera ministerial, haciendo referencia con esto a cursos de capacitación, disertaciones, notas periodísticas, deberán ser remitidas a esta Secretaría y al Área de Prensa Central, antes de darlas a conocer en el medio de comunicación que fuere”.
“En caso de no cumplir con las directivas ministeriales encomendadas, quedarán a disposición de posibles sanciones”, concluye. Cardozo es el responsable de la estratégica Secretaría de Servicios Asistenciales del Ministerio de Salud, de la que dependen los hospitales provinciales, así como las direcciones de Urgencias y Emergencias, de Emergencia Sanitaria y Derivación de Pacientes, y también de Farmacia, de acuerdo con la web del Gobierno de la Provincia. Según Hernández Maqueda el memorando emitido por el funcionario es antijurídico y anticonstitucional porque aplica censura previa a agentes de la administración pública provincial.
“Más allá de la suerte que corra esta denuncia en la Justicia, sería grave que esto pasara como si nada, por el antecedente que sentaría que una autoridad política tenga derecho a aplicar censura previa a los empleados. Si fuera así, esto perfectamente podría extenderse a las demás áreas de la administración”, señaló.
La denuncia. En la presentación, el abogado sostiene que “de una lectura simple y rápida del documento se desprenden manifiestamente violaciones constitucionales y al ordenamiento jurídico vigente”. “En primer lugar –puntualiza- resulta gravemente afectado el ejercicio de la libertad de expresión por parte de los dependientes pertenecientes al sistema de salud pública de gestión estatal de la Provincia de Córdoba”.
“En segundo lugar –agrega- restringe de manera ilegítima el derecho de todos los ciudadanos de poder acceder a información de carácter pública y esencial como lo es toda aquella relacionada con el derecho a la salud, indispensable para el desarrollo de una vida plena”.
“El documento aquí analizado carece de toda legitimidad, transformándose en un acto que busca amedrentar a los dependientes de la repartición, mediante un claro abuso de autoridad por parte del funcionario que suscribe el acto”, señala en otro párrafo la presentación.
Al respecto, Hernández Maqueda opinó que “por lo burdo, es un ejemplo de abuso de poder en el que los funcionarios se creen los dueños de la libertad de expresión de los empleados”.
“Este memo es la muestra de que se trata de un gobierno autoritario”, fustigó, a la vez que agregó que “esa orden no es propia de un sistema democrático”. También señaló que se debe investigar si el ministro de Salud de la Provincia, Francisco Fortuna, como superior jerárquico de Cardozo, consintió, avaló u ordenó que se enviara el memorando y también si el gobernador Juan Schiaretti, como responsable máximo de la administración pública provincial, estaba al tanto de su existencia.
“En cualquier caso debieron actuar cuando el documento se hizo público, lo que no ocurrió. Ahora lo que espero es que, mínimamente, se le pida la renuncia al funcionario”, cerró.
Marcela Fernández
