En la Cámara 10a del Crimen, integrada con jurados populares, es juzgado el comisario Juan Eduardo Frasinelli quien entre 2019 y 2020 estuvo a cargo del Depósito Judicial 2, predio ubicado en Potrero del Estado, Bouwer, del cual desaparecieron casi 30 motos secuestradas.
Llegó acusado por el delito de “omisión de deberes del oficio”, por no desempeñar en forma eficaz el rol de control y preservación de los vehículos bajo custodia.
Sin embargo, en los alegatos el fiscal de Cámara pidió su absolución. A esa posición adhirió la querella a cargo del abogado Nicolás Ruades. Y otros dos querellantes, representados por los abogados José Nayi y Dania Villanueva junto a Rodrigo López Tais, pidieron sanción penal para el jefe policial y reparación por daño para los damnificados.
El fiscal Gustavo Arocena expuso dos argumentos centrales. El primero es que, de los 12 meses en los que Frasinelli estuvo a cargo del depósito, más de la mitad no asistió por licencia. En ese lapso, desaparecieron siete motos, no las 27 que refirió la acusación y que constan en el requerimiento de elevación a juicio.
El segundo tiene que ver con el predio en sí. Durante el debate, jueces técnicos, jurados, acusado, defensor y querellantes realizaron una inspección ocular en el depósito, en Potrero del Estado, en Bouwer. Si bien los actuales responsables les informaron que está en mejores condiciones, encontraron un inmenso lote de 42 hectáreas, con escasa y nula iluminación, rodeado de un simple alambrado olímpico, un contenedor como sede para los policías que montan las guardias, vehículos a la intemperie y escondidos entre altos yuyales.
Durante la visita, los policías comentaron, por ejemplo, que no tienen agua porque el predio no cuenta con habilitación de la Municipalidad de Bouwer. Hay una bajada de energía eléctrica con una conexión trifásica.
Testigos que declararon en el juicio dieron cuenta de que hubo innumerables solicitudes, incluso del acusado Frasinelli, para extender el alumbrado, pero no obtuvieron respuesta de las máximas autoridades de la Policía de Córdoba, institución que tiene la custodia del espacio.
Superiores del comisario también declararon que las gestiones no sólo fueron realizadas ante el Ministerio de Seguridad; sino que se elevaron al administrador general del Poder Judicial, que depende del Tribunal Superior de Justicia.
A ese lugar son destinadas las motos secuestradas por contravenciones y por delitos. El problema es que quedan a la intemperie y casi sin resguardo, lo que genera un potencial daño para sus propietarios. En efecto, este es el primer expediente que llega a juicio, pero hay varios más.
Que no te secuestren una moto
La mayoría de las investigaciones comenzaron con la pésima sorpresa de los dueños de las motos que iban a recuperarlas y no las encontraron. De ahí que se generaron investigaciones por los presuntos robos y por las omisiones funcionales de los policías a cargo.
El caso en debate en el juicio se limita a la responsabilidad penal de quien debía velar por la seguridad de los bienes, entre 2019 y 2020.
A diferencia de la actitud adoptada por el fiscal Arocena, quien alegó duda insuperable para sostener la acusación en contra del comisario Frasinelli, dos querellas sí la mantuvieron
Dania Villanueva, abogada de un damnificado, señaló a Perfil Córdoba que en el juicio quedó acreditado que las gestiones que hizo el jefe policial “fueron insuficientes y extemporáneas y no desembocaron en medidas efectivas” para hacer cesar la desaparición sistemática de motos. “Hubo desinterés funcional que se probó en el debate", añadió.
Un aspecto que todas las partes expresaron en forma unánime fue la necesidad de que la Provincia acondicione todos los depósitos judiciales. Villanueva señaló que pidió que “se haga desmalezamiento, se coloquen luminarias, cámaras de seguridad y se asigne más personal”.
En su alegato, la abogada también solicitó que el tribunal libre oficio a la Fiscalía de turno “para que evalúe si hay más responsabilidades funcionales”.
Pedido de pena
En relación a Frasinelli, dos querellas particulares pidieron inhabilitación por un año y la aplicación de una multa por el delito de incumplimiento de los deberes de oficio.
Además, se plantearon demandas civiles, de varios millones de pesos, que deberán ser resueltas por el tribunal técnico. A esas pretensiones, el abogado de la Provincia respondió que cualquier daño sufrido por los dueños de las motos desaparecidas debería ser indemnizados por las aseguradoras particulares contratadas por ellos.
Los damnificados no consideran lo mismo porque ellos no tenían libre disponibilidad sino que sus bienes habían sido secuestrados y estaban bajo custodia
El tribunal es presidido por Carlos Palacio Laje, integrado por Mario Centeno y Juan José Rojas Moresi, además de ocho jurados legos.
El próximo jueves, 5 de junio, se conocerá el veredicto.
