En 2014 fue un escándalo. A partir de cámaras ocultas, el periodista Tomás Méndez presentó a la Justicia pruebas de la operatoria presuntamente ilegal de una financiera que operaba en el noveno piso del edificio de 25 de mayo 271. Al cabo de seis años, el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja llegó a la conclusión de que las evidencias analizadas en su momento por el fiscal (ahora jubilado) Gustavo Vidal Lascano, no permiten sostener que incurrieron en lavado de activos ni asociación ilícita. Y que, por el extenso período en que se tramitó el expediente, prescribió el delito de intermediación financiera no autorizada.
En síntesis: fueron sobreseídos todos los imputados, dos de los cuales fallecieron.
"Un papelón”, definió un magistrado de los tribunales federales, asistido por el sentido común más que por las garantías que otorga el Código Procesal Penal a los acusados y la mora de los tribunales. No obstante, el sucesor de Vidal Lascano, Carlos Casas Nóblega, anticipó a PERFIL CÓRDOBA que apelará la resolución del juez Vaca Narvaja en lo relativo a los sobreseimientos por lavado de activos y asociación ilícita. Compartió el criterio de que el otro delito que se endilgaba a los miembros de CIB SA, la intermediación financiera, ya prescribió.
La otra CBI. En 25 de Mayo 271 funcionaba la Compañía de Inversiones Bursátiles SA (CIB), una sociedad dedicada a servicios bursátiles y financieros. La causa judicial fue contemporánea a la de CBI Cordubensis SA, por lo cual rápidamente adquirió el mote de ‘la otra CBI’. En marzo de 2014 fueron imputadas 15 personas por presunta asociación ilícita, lavado de activos e intermediación financiera no autorizada, a raíz de las operaciones de compra y venta de dólares por fuera del circuito legal. No solo figuraban Gustavo Víctor Brachetta y su esposa, Lidia Beatriz Bertero, sino también Gustavo Nicolás, Alberto y Santiago Brachetta, y Rafael Bianchetta, Guillermo Borio y Enrique Rubén Juncos.
También fueron incluidos en las imputaciones los integrantes de otra sociedad comercial, Gordon SA, Gustavo Katz, Leonardo Petiti y Gabriel Alberto Ludueña. Los dos últimos fueron condenados en una causa de evasión tributaria en septiembre último, en la que también fue sentenciada la abogada riocuartense María Pía Cardoso.
Figuraban, además, tres empleadas imputadas por encubrimiento. Cuando las oficinas fueron allanadas, se secuestraron más de $6,1 millones y US$ 350 mil en efectivo. Para el fiscal de aquel momento la cantidad de dinero “permitiría inferir el intercambio en efectivo de divisas”. Según información proporcionada por el Mercado de Valores de Córdoba SA, entre enero de 2013 y julio de 2014, CIB realizó operaciones bursátiles por $970 millones y por US$ 19 millones.
Según las imputaciones, realizaban actividades de cambio de dólares, euros, reales, uruguayos y chilenos por “delivery”. Por planteos de defensores, la Cámara Federal de Apelaciones apartó al juez Ricardo Bustos Fierro que tuvo a su cargo la investigación inicialmente. Pasó al Juzgado Federal 2, cuyo titular también se inhibió. De ese modo, terminó a cargo del expediente el juez federal 3, Hugo Vaca Narvaja. El traspaso de la causa y los incidentes de los abogados de los imputados terminaron planchando la investigación.
Prescripción. “Desde el primer llamado a los imputados mencionados para recibirles declaración indagatoria por el delito de intermediación ilícita financiera, a través del decreto de fecha 10 de marzo de 2015, hasta la fecha en que este Tribunal pudo avocarse a la presente investigación (9 de septiembre de 2019), no cabe duda que ha transcurrido con exceso el plazo de cuatro años, máximo de la escala penal prevista para el delito”. Con ese argumento, Vaca Narvaja resolvió los sobreseimientos por intermediación financiera no autorizada.
No hay delito. Los integrantes de CIB SA y Gordon SA habían sido imputados, además, por presunto lavado de activos agravado a raíz de maniobras ilícitas a través de cuentas a nombre de Juan Arato, Ricardo Furlani y Javier Fernando Guevara Amado (contador de Bugliotti en CBI). Pero el juez en su resolución entendió que “de los elementos de convicción reunidos en el proceso, no surge que se haya perpetrado el delito de lavado de activos, razón por la cual debe ordenarse el sobreseimiento de los nombrados”.
Entre otras cosas, el juez le reprochó al investigador acusarlos por lavado sin incluir a los titulares de esas cuentas que recibieron el dinero de origen presuntamente ilícito. Otro aspecto que destacó Vaca Narvaja es que “en la investigación no pudo determinarse fehacientemente que los montos dinerarios ingresados en las cuentas comitentes y propias de la firma, para efectuar operaciones bursátiles (operaciones para las que CIB SA contaba con habilitación), provengan de evasiones fiscales”.
Venta de dólares. Por último, el juez analizó que en el local de CIB se realizaba compra y venta de divisas sin autorización, pero aclaró que es una contravención al Régimen Penal Cambiario y no un delito.
