Recientemente, el ministro Martín Guzmán afirmó que las reestructuraciones de deudas provinciales deberían realizarse en coordinación con el Gobierno nacional, con propuestas similares a la planteada por la Nación cuando meses atrás negoció su deuda.
No obstante, algunas provincias decidieron no reestructurar sus deudas o avanzaron individualmente, e inclusive cerraron trato con quitas a valor presente bastante inferiores a la obtenida por el Gobierno federal. Respecto a cuál es la mejor forma de coordinar el endeudamiento entre Nación y provincias, a nivel teórico existen dos posturas.
Por un lado, se plantea la necesidad de un control estricto del endeudamiento de los gobiernos locales, por parte del poder central, dado que si alguna provincia no puede cumplir con sus obligaciones afecta negativamente el crédito del resto de las jurisdicciones, incluyendo a la administración nacional.
En la otra visión, se aconseja dar libertad a los gobiernos locales para que decidan sus políticas de endeudamiento, aunque sin garantías ni salvatajes de ningún tipo desde el nivel central, de modo que, si una jurisdicción local no puede cumplir con sus obligaciones, caerá en default y será ‘castigada’ por los mercados financieros: en el futuro le resultará más caro obtener financiamiento, o directamente no lo conseguirá.
Cada jurisdicción tendrá crédito en función de sus antecedentes en materia fiscal y en función de las expectativas que genere hacia el futuro.
Según el segundo enfoque, sería inconveniente que todas las provincias propongan reestructuraciones similares, pues diferentes han sido sus evoluciones financieras en el pasado y sus perspectivas a futuro. En especial, debe tenerse en cuenta el stock de deuda inicial y la capacidad para afrontarlo que tiene cada jurisdicción. En el corto plazo, la capacidad estará dada, en gran medida, por el ahorro corriente que presenta una unidad de gobierno, como diferencia entre sus ingresos y erogaciones corrientes.
Una provincia que presenta resultado corriente positivo, con él podrá realizar inversiones y/o pagar sus servicios de deuda. Si su resultado corriente es negativo, no solo que no tendrá recursos genuinos para invertir o pagar deudas, sino que deberá endeudarse para pagar gastos corrientes, una situación insostenible a largo plazo. Por lo tanto, la propuesta de reestructuración que realiza una provincia a sus acreedores debería estar ligada a su capacidad de pago.
En este sentido, existen jurisdicciones cuyo stock de deuda bajo ley extranjera no supera el ahorro corriente de un año (promedio 2016 – 2019), como es el caso de CABA y Santa Fe, y que dada esa situación decidieron no reestructurar sus obligaciones. Córdoba, con una relación de 2,2 entre deuda y ahorro corriente anual promedio (últimos 4 años), ha cerrado un acuerdo con sus acreedores con una quita a valor presente de nivel intermedio, cercana al 15%. Mendoza, con una relación entre deuda y ahorro corriente de 7,2 veces, hace unos meses llegó a un acuerdo con sus acreedores con una quita de alrededor del 20%.
El resto de las jurisdicciones que cuentan con deuda bajo ley extranjera en los últimos años han mostrado un ahorro corriente muy bajo, o directamente negativo, por lo que se trata de situaciones más complicadas. Por caso, la provincia de Buenos Aires presenta una deuda que resulta casi 50 veces el ahorro corriente que exhibió en promedio en los últimos 4 años. Claro que en 2020 la distribución de los recursos fiscales nacionales giró claramente en su favor, y eso podría ayudarla a mejorar sus cuentas fiscales a futuro.
En el caso de las provincias que han mostrado déficit corriente en los últimos años, o superávit muy exiguo, cualquier reestructuración viable requerirá mejorar sus números fiscales, generando superávit corriente de un cierto nivel, además de lograr una quita más importante sobre sus obligaciones, en valores presente. Pero esa mayor quita no resultará gratuita a largo plazo: cuando deseen retornar a los mercados de deuda se les exigirá mayor tasa de interés, o directamente no existirá financiamiento disponible para tales jurisdicciones.
En materia de regulaciones, se necesitan ciertos lineamientos y restricciones para el endeudamiento público a largo plazo y reglas fiscales más estrictas para los tres niveles de gobierno con mecanismos que aseguren su cumplimiento. Por ejemplo, limitando la emisión de bonos tipo bullet, en el que todo el capital de la deuda vence el último período, por cuanto generan malos incentivos de economía política, y dado que, si en el año de pago del capital no existe acceso al financiamiento voluntario, se pone en riesgo el cumplimiento de las obligaciones, aun en presencia de un elevado superávit corriente.
Claramente, ayudaría mucho la existencia de fondos de ahorro, para afrontar los períodos recesivos de la economía y/o con escaso o nulo acceso al financiamiento, en un país muy volátil como Argentina. Pero ni el Gobierno nacional ni los provinciales han contado con tales fondos, definidos institucionalmente y con recursos en la práctica. Se trata de una de las tantas cuentas pendientes para el futuro.
Marcelo Cappelo es presidente del Ieral. Fundación Mediterránea
