En la misma semana se cruzaron dos noticias. El testimonio desgarrador de Gisela, que quiso que los medios de comunicación la escucháramos y amplificáramos su ruego de justicia, y el impulso inédito –por lo expeditivo- de un pedido de jury a una jueza de Control de San Francisco por haber otorgado la domiciliaria a un abusador condenado hace un año. Diferentes ritmos de respuestas.
El 30 de abril este medio recibía un mensaje con la advertencia de la posible presentación de un jury de enjuiciamiento en contra de María Teresa Garay, jueza de Ejecución Penal de San Francisco. Y señalaba “gran malestar” en el Tribunal Superior por el hecho.
La magistrada había otorgado la prisión domiciliaria a un hombre condenado en febrero del año pasado por abuso sexual en contra de su hija. Le concedió el beneficio por sufrir una cardiopatía y ser paciente de riesgo para la pandemia del COVID-19. El dato no menor fue que la jueza ni siquiera tomó contacto con el abogado de la víctima antes de concederle el beneficio.
Los datos de la realidad son contundentes. En 20 días, el miércoles pasado, se anunciaba la reunión del Jurado de Enjuiciamiento del pedido formalizado por la legisladora oficialista, Carolina Basualdo, respecto al proceso de juicio político a la que se someterá –seguramente- a Garay. Ese encuentro se suspendió intempestivamente por la reforma previsional a la que se abocó la Unicameral esa misma mañana.
Es inédito el hecho de que se trate una denuncia en 20 días, máxime en esta cuarentena en que todos los plazos se prolongan.
Nota al margen, la semana pasada Garay ordenó una nueva detención al abusador condenado y excarcelado.
Mientras se promueve un juicio político a la jueza que concedió la prisión domiciliaria a un abusador, una causa con características similares sigue en trámite desde hace cinco años y 11 meses.
Diferente ritmo, ¿diferente criterio? Puede pensarse que hay una doble vara para medir la efectividad y legalidad de funcionarios que actúan en una u otra causa.
Quizás sea más atinado señalar que más que un interés genuino en castigar a alguien que libera a un abusador, hay disciplinamiento. Hay decisiones aleccionadoras para aquellos que se separan de los límites que fija un Poder Judicial que actúa, en la excepción de la cuarentena, bajo las directivas del Comité Operativo de la Emergencia (COE).
En el caso Garay, los gestos de los tres poderes políticos de Córdoba mostraron la misma línea argumental. De otro modo, no se entiende por qué mientras eso ocurre se permite que otras investigaciones se dilaten en el tiempo hasta agotar a las víctimas que terminan dejando de creer en la Justicia.
