Las expropiaciones de unas 40 hectáreas para integrar al Parque Arqueológico como zona protegida del Cerro Colorado se han convertido en una nueva disputa entre los propietarios de tierras y la Provincia de Córdoba. En este caso no se discute el interés público para producir las expropiaciones, porque todos están de acuerdo, sino el valor que la Provincia les reconoció y el criterio judicial para fijar los montos a pagar en el momento en que la sentencia quede firme.
En el año 2014 se aprobó la ley 10.226 para la creación del Parque Arqueológico Cerro Colorado con el objetivo de proteger esa zona por su preponderante valor histórico y cultural. En la misma norma, al establecer de interés público las tierras, se declararon de utilidad pública 40 hectáreas en total. A una familia le expropiaron nueve hectáreas del Cerro Inti Huasi; a otra, ocho hectáreas del mismo cerro y dos en el Cerro de la Conga. Un propietario debió entregar casi cuatro hectáreas donde se encuentra el alero con la Cocina del Hechicero, y otro 12 hectáreas en el Cerro Vaca Errana.
Estos cuatro dueños de terrenos son los que plantearon sus discrepancias, patrocinados por los abogados Emilio Crespo y Juan Castellanos. En todo proceso de esta naturaleza, el Estado tiene dos años para provocar un avenimiento de los expropiados e iniciar el juicio que deje firme el traspaso de la propiedad a manos públicas. Sin instar a esa aprobación voluntaria, en octubre de 2016 la Provincia inició el juicio ante el Juzgado Civil y Comercial de Deán Funes, a cargo de la jueza Emma Mercado de Nieto.
Al cabo de dos años, en noviembre de 2018 realizó el denominado ‘pago previo’ que consiste en la decisión unilateral de abonar. En esa ocasión, la Provincia pagó a cada propietario el monto correspondiente a la cantidad de tierras que poseía, estableciendo el valor de cada hectárea en el equivalente en pesos a US$263. Una pericia oficial realizada en el expediente que se tramita en el juzgado fijó el valor de cada hectárea en US$140 mil. Representa 530 veces más que lo abonado por la Provincia.
“Ese valor fue luego confirmado por una auditoría del Tribunal Superior de Justicia”, puntualizó el abogado Crespo. La diferencia, según el letrado, torna “irrisorio” el pago efectuado por el Estado a los dueños de las tierras. “Pero hay algo aún peor”, prosiguió.
El criterio de la actualización. Lo que quieren visibilizar ahora los letrados que representan a los expropiados es la forma en que se calculará la diferencia entre el precio pagado por la Provincia en 2018 y el que seguramente fijará la Justicia según la pericia oficial. Juicios de este tipo duran no menos de una década. Y los jueces, en el momento de dictar sentencia, no fijan los valores de las indemnizaciones en dólares, “a pesar de que el mercado inmobiliario está dolarizado desde hace 50 años”, explicó Crespo.
En estas dos circunstancias se basa para advertir que, cuando el fallo quede firme, los propietarios seguramente no serán resarcidos según el valor real de lo que representaron sus propiedades.
¿Dónde estará la pérdida? Para actualizar los montos de una indemnización, los tribunales cordobeses han adquirido un criterio que ya tiene jurisprudencia del TSJ. Es conocido como el “fallo Ovelar” y se aplica solo cuando el Estado es condenado a pagar una expropiación. Consiste en aplicar un índice compuesto entre la tasa pasiva más el 6% anual, que es cuatro veces menor a la tasa de interés aplicable entre privados, es decir, tasa pasiva más el 24% anual. Con esta cuenta, señaló Crespo, es imposible que se cumpla un principio básico como es que los propietarios, al momento de recibir el pago -cuando la sentencia quede firme- tendrían que poder comprar un inmueble de similares características al que les fue expropiado. “En estos casos, con la aplicación de una actualización de esas características, seguro habrán n perdido”, subrayó.
JUSTICIA VERSUS REALIDAD
Paradójicamente, los expropiados le reclaman justicia a la Justicia. Consideran que según el criterio ampliamente difundido el expropiado debe recibir una “justa indemnización”, según lo establece la Constitución Nacional. Debería ser abonada en forma previa, y en realidad el juicio se demora entre 10 y 15 años. Solo en el TSJ un expediente puede permanecer un lustro hasta obtener un fallo, relatan los abogados Crespo y Castellanos.
Y continúan el razonamiento: “Cuando se produzca el pago, la Justicia debería garantizar que el propietario afectado reciba el valor de reposición, es decir, que pueda adquirir un inmueble similar, pero esto nunca se logra en un país con inflación y devaluación permanente, con una indemnización pesificada -para adquirir a futuro un activo que cotiza en dólares- y con una tasa de interés cuatro veces menor a la usual”. Estos son algunos de los puntos que expresaron ante conflictos recurrentes por procesos de expropiación en Córdoba.
CRONOLOGIA
◆ 2014 La Unicameral aprobó la ley de expropiación 10.226 para crear el Parque Arqueológico Cerro Colorado.
◆ 2016 La Provincia inició el juicio ante el Juzgado de Deán Funes, sin instancia de avenimiento previa.
◆ 2018 La Provincia pagó US$263 por hectárea. Una pericia oficial fijó el valor en US$140.000, es decir 530 más que lo abonado. Seguramente la Justicia fijará ese precio.
◆ 2020 A seis años de la expropiación, los propietarios esperan la sentencia del Juzgado de primera instancia. Aguardan pronunciamientos de la Cámara y del TSJ.
