El viernes 10 de marzo, el juez a cargo del Juzgado Federal 1 (JF1), Sergio Pinto, ordenó 12 allanamientos en el expediente donde se investiga una mega evasión impositiva a través de usinas de facturas apócrifas, conocida como ‘Vieyra Ferreyra, Diego y otros’.
Se investiga asociación ilícita, lavado de activos, alteración dolosa de registros, evasión tributaria agravada y administración fraudulenta a partir de la generación y venta de facturas electrónicas y manuales falsas. Es un ‘servicio’ requerido por evasores para computar gastos inexistentes en el Impuesto a las Ganancias y créditos fiscales sobre el IVA.
Los ingresos obtenidos por los creadores de estas usinas de facturas truchas, fueron invertidos en propiedades en exclusivos barrios cerrados, autos de alta gama, motos, embarcaciones, en la mayoría de los casos registrados a nombre de testaferros. Afip primero intimó y luego denunció a los contribuyentes que no se allanaron al pago ni se acogieron a las moratorias.
Ese fue el contexto en el que se realizaron los procedimientos, requisas, secuestros y detenciones sobre tres firmas que aparecen como grandes usuarias de facturas apócrifas.
Corphone SA. Se investiga evasión tributaria triplemente agravada por el uso de facturación apócrifa, por uso de personas interpuestas (testaferros) y por la cantidad de intervinientes. El perjuicio ocasionado mediante estos delitos supera los $ 113 millones. Actualmente, estaría gestionada en lo administrativo y formal por Sergio Sosa y Marcelo Gaido, bajo la supervisión de Diómedes Carbone y Gabriel Guzmán. La utilizarían para la acreditación de cheques por ventas de agroquímicos y para financiar actividades inmobiliarias. Se detectaron compras de inmuebles en Alta Gracia y Bialet Massé.
En Santiago del Estero, habrían vendido una Toyota Hilux, que recibieron de parte de ‘El Ruso’ (Walter Peré, vinculado a Los Monos). También colocaron cheques y efectivo. En esa provincia, el contacto era una persona de apellido Lobo, con amplio conocimiento de campos de gran superficie en las provincias de Tucumán, Salta y Catamarca. Es una zona caracterizada por falencias registrales donde la mayoría de las tierras no tienen escritura. La asociación comandada por Carbone habría aprovechado para ingresar por la fuerza, con matones, para desapoderar a las familias que mantienen la ocupación desde sus ancestros.
Lobo, aparentemente se encargaba de ese trabajo sucio y de conseguir –por sus contactos con el gobierno santiagueño– permisos para deforestar.
Frente a las pruebas que revelan que Cristian Debarre y Marcelo Gaido son los verdaderos dueños de Corphone y que habrían realizado maniobras de lavado de activos para introducir al circuito económico las ganancias obtenidas merced a los delitos cometidos, se ordenó la detención de ambos, medida que fue concretada el pasado 10 de marzo.
El viernes Debarre declaró durante cinco horas ante el juez Pinto y el fiscal, Enrique Senestrari. El asesor letrado que lo asiste, Rodrigo Altamira, señaló a este medio que dio explicaciones sobre los motivos por los cuales tuvieron que evadir, negó que fuera parte de la asociación que vendía las facturas y dijo que sólo se limitó a comprar y que procuró vender la empresa para pagar la deuda a Afip.
Lucas de Olmos, defensor de Marcelo Gaido, señaló que la compra de automóviles, por la que se le atribuye lavado de activos, “se hizo con dineros de la venta de un campo en Brinkman”. Pidió el traslado a Bouwer por “condiciones infrahumanas” en la UCA y también solicitó la excarcelación.
Softkey SA. La investigación judicial determinó que su verdadero dueño es Germán Destéfanis, aunque ocultó su rol detrás de testaferros que son los que figuran al frente de la firma. Las denuncias realizadas por Afip por delitos de evasión ascienden a $ 63,6 millones. Durante los allanamientos realizados en su domicilio del country El Bosque se secuestraron vehículos de alta gama (dos Jeep Compass, un Peugeot 208 y una Ranger Raptor), dinero en efectivo, documentación que acredita la compra de bienes y la realización de inversiones inmobiliarias a nombre de testaferros.
Aloo SA. Jonatan Suárez Cavalieri figura como presidente del directorio de Aloo SA –actual Fidelyo SAS– y Gastón Pereyra, como vicepresidente. Las denuncias realizadas contra la empresa por Afip por delitos de evasión ascienden a $ 7,3 millones. Durante los allanamientos realizados en el domicilio de Pereyra, también en el country El Bosque, se secuestró una Renault Captur inscripta a nombre de su pareja.
