La producción agrícola extensiva está ingresando a una zona de turbulencia. “Hoy, la rentabilidad es de neutral a buena; todavía se puede hacer inversión productiva”, afirma David Miazzo, economista jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (Fada).
Sin embargo, esta realidad podría empezar a cambiar. “La inflación lleva un incremento acumulado en 2016 y 2017 del 65%, mientras que el dólar aumentó solo el 20%. Para un sector que tiene ingresos en dólares y egresos definidos en pesos, esta evolución ha recortado los márgenes”, señala Miazzo. Y advierte: “Dado el escenario actual, todo indica que esto se profundizará”.
Si se compara el desempeño del sector en septiembre de 2017 con igual mes del año pasado, se observa que los costos de una hectárea promedio subieron un 27,7%, cuando el valor bruto de producción de una hectárea promedio tuvo un incremento del 16,5%. “Esto impacta de manera directa en la rentabilidad”, sostiene Fada.
En la misma línea de análisis, el Ieral aporta que, de acuerdo a sus cálculos, el margen neto de explotación (ingresos por ventas menos todos los costos) estimado para un establecimiento de referencia (zona norte de Córdoba) se redujo un 40% en el ciclo 2016/17 respecto de la campaña anterior. “En estos momentos, la relación dólar/inflación en pesos licuó la devaluación y la eliminación de las retenciones efectuada por el gobierno en diciembre del 2015”, enfatiza `por su lado la consultora AgriPac.
Con todos estos datos sobre la mesa, los expertos coinciden en que el dólar tiene un atraso de aproximadamente el 20% y que su valor debería ser $21 para evitar una crisis de rentabilidad en el sector productor de granos básicos (soja, maíz, trigo, girasol). No obstante, las fuentes consultadas admiten que, hoy por hoy, un ajuste de la divisa sin gradualidad sería imposible por su impacto en precios internos.
Entonces, ¿qué puede pasar con los márgenes en el nuevo ciclo agrícola 2017/2018? De continuar el actual ritmo de apreciación cambiaria, el margen neto quedaría en un nivel “equivalente al 57% del período 2005/2014 y sólo superior a 2014/2015, que fue el más bajo de las últimas 16 campañas”, calcula el Ieral.
A la hora de los números finales, esto se verá reflejado en el poder de compra del productor, que ya viene sufriendo un progresivo deterioro. Por ejemplo, este año una tonelada de trigo, maíz o soja compró entre 7% y 23% menos bienes que durante 2016 y entre 22% y 35% menos (promedio) que durante el período 2004/2015. En este contexto, lo que viene para el productor en 2018 es un ajuste muy fino de sus números.
Márgenes de maniobra. Por cada hectárea de maíz, el 45% de los costos están definidos “tranquera adentro” y el 55% “tranquera afuera”; para el caso de la soja, el tema se complica porque sólo 33% de la estructura de costos es interna y el 66% es resultado de factores exógenos. Por ende, el control efectivo de la ecuación final del negocio es complejo.
Según Miazzo, un punto preocupante es que se hayan convalidado alquileres altos para el ciclo que inicia, y que no puedan ser sostenidos el año próximo. El alquiler consume un 25% promedio del valor de la producción por hectárea. El resto de costos también es de cuidado.
De acuerdo a datos de AgriPac, en el último año, “un flete de US$40/ton para 400 kilómetros pasó a costar ahora US$44, y este mismo cálculo rige para el aumento de los salarios y cargas sociales para personal afectado al agro”.
En términos generales, realizar una hectárea de soja en campo propio de la zona núcleo requiere US$507 por hectárea y si fuere en campo arrendado, se suman US$317 adicionales, calculó Coninagro. “Aunque se pueden hacer algunos ajustes para mejorar eficiencia y productividad, muchos costos no dependen del productor”, señala Miazzo.
Balance delicado. Una ficha a favor del productor la va a jugar el programa de quita de retenciones, que comenzará en enero de 2018 con una baja de 0,5% mensual. “Sin embargo, parte de esa mejora la va a captar el incremento del impuesto Inmobiliario Rural”, advierte el economista de Fada. En tanto, los beneficios por reducción de Ganancias e Impuesto al Cheque a cuenta de Ganancias no cuentan para el 2018 porque se liquidan a fin de año y la mejora se capitalizará en 2019.
Entonces, pasando las cuentas en limpio, el próximo año, el productor enfrentará un panorama que indica que su rinde de indiferencia (promedio de cosecha necesario para cubrir costos) podría sufrir incrementos del orden del 18% al 20%, mientras que los precios de los granos tendrían mejoras de entre 2% y 7%, según sea cuando liquide.
De hecho, al cierre de este artículo (jueves 30), la soja disponible tenía un precio de US$ 263; a mayo de 2018, en la plaza nacional, cotizaba a US$267 y a noviembre de 2018, US$283.
La soja a US$600 es parte del pasado. En el nuevo escenario, si la inflación le sigue ganando al dólar podría darse una crisis de rentabilidad. En el mejor de los escenarios, aunque no se caiga en rentabilidades negativas, el campo tendrá que producir más para cubrir costos y con márgenes claramente decrecientes.
LEJOS DEL PUERTO, CERCA DE LAS PERDIDAS
Si en 2018 se consolida un precio para la soja de entre US$250 y US$300, y la inflación –como proyectan las consultoras privadas– se ubica en un nivel próximo a 16%, los rindes de indiferencia (necesarios para cubrir costos), en zona núcleo, a 150 kilómetros del puerto y con rendimientos premium sería superior a los 4.000 kilogramos por hectárea; por debajo de ese rinde se perderá plata.
Y esa pérdida será mucho mayor cuando más alejado se esté del puerto y se trabaje con una menor calidad en los rindes. En efecto, según datos de AgriPac, productores de la zona centro-sur de Córdoba podrían terminar teniendo un rinde de indiferencia del orden de los 3.600 kilogramos por hectárea, 600 kilos menos que los necesarios para cubrir costos.
“Sembrar soja 2018 y no cubrirse de una potencial baja del mercado, ya sea vendiendo forward o ‘posición futura mayo 2018’ en el MATBA (Mercado a Término de Buenos Aires), equivale a estar tomando él te en la cubierta del Titanic”, aseguró Pablo Andreani, de AgriPac.
10% DE LOS CAMPOS SOPORTARÁ CARGA RECAUDATORIA
Uno de los primeros lugares donde hace eco una probable crisis de rentabilidad del campo es en los despachos de los ministerios de Hacienda y Finanzas, de Nación y Provincia respectivamente. Es que tanto una como otra cartera tienen grandes expectativas de recaudación a partir de este sector, durante 2018. Córdoba, por caso, estimó obtener $4.311 millones por Inmobiliario Rural, lo cual representa un 37% más que en 2017.
Según el Índice Fada Nacional (que resulta de dividir impuestos por rendimiento), la participación del Estado en la renta agrícola, al mes de septiembre último, fue de 71,1%, donde el cultivo de trigo es el más impactado (73,4%) y el girasol, el menos (52,2%).
A su vez, en Córdoba, el Índice Fada Provincial arrojó un 68,5%, superior al de provincias como San Luis (68%) o Buenos Aires (65,7%). Hoy, los impuestos provinciales se llevan el 2,2% del valor bruto de producción por hectárea promedio y el 4,6% de la renta.
De acuerdo a lo que indica el Presupuesto Provincial 2018, el mayor peso de la recaudación del Inmobiliario Rural lo va a tener el llamado “Grupo 3”, integrado por 20.316 campos (el 10% del total de establecimientos y el 49% de la superficie que contribuye), el cual pagará $2.456 millones en impuestos; esto implica que cada inmueble tributará un promedio de $119.268, con un incremento adicional de $35.321 anuales respecto a 2017.
Si a este universo de contribuyentes, en particular, la carrera de la inflación y el dólar daña su rentabilidad, la Provincia puede verse en apuros. De ellos depende el 57% de lo que se espera entre a las arcas públicas por Inmobiliario Rural.
