El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, cuestionó públicamente la liberación del principal acusado por el asesinato del suboficial principal Luis Alejandro Azabal, el policía que murió en un confuso episodio ocurrido en la ciudad de Córdoba. A través de un mensaje difundido en redes sociales, el funcionario expresó su preocupación por el impacto que determinadas decisiones judiciales pueden generar en la percepción social sobre la aplicación de la ley.
El pronunciamiento del ministro se produjo luego de que uno de los implicados en el caso recuperara la libertad pocas horas después de haber sido imputado por un delito grave. Según señaló Quinteros, la rapidez con la que se resolvió esa situación judicial abre un debate sobre las señales que se transmiten tanto a la sociedad como a los propios integrantes de las fuerzas de seguridad.
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“Quiero hacer una reflexión personal tras el asesinato del suboficial principal Luis Alejandro Azabal, un hombre de nuestra Policía que perdió la vida cumpliendo su deber”, escribió el ministro al iniciar su mensaje. Luego, planteó que la consigna “el que las hace, las paga” sintetiza una idea básica de justicia que resulta comprensible para cualquier ciudadano. Sin embargo, advirtió que determinadas resoluciones judiciales pueden generar dudas sobre la aplicación de ese principio.
“Algunas decisiones judiciales generan una preocupación profunda, porque empiezan a instalar en la sociedad la sensación de que la aplicación de la ley puede depender de quién las hace”, afirmó.
El funcionario remarcó que en este caso puntual una persona que inicialmente había sido imputada por un delito grave recuperó la libertad en un lapso muy breve. “En este caso, quien comenzó imputado por un delito gravísimo recuperó la libertad en apenas tres horas. Tres horas”, subrayó. Para el ministro, la celeridad con la que se resolvió la situación judicial adquiere una dimensión particular al tratarse de un hecho en el que murió un policía que se encontraba cumpliendo funciones.
Impacto en las fuerzas de seguridad
Quinteros sostuvo que este tipo de decisiones no sólo impacta en la percepción social de la justicia, sino también en el funcionamiento de las fuerzas de seguridad. Según explicó, quienes conducen las instituciones policiales deben garantizar reglas claras tanto para el accionar de los efectivos como para quienes atentan contra ellos. “Decisiones tomadas con esta celeridad, en un caso donde murió un policía en servicio, generan una señal inquietante para quienes tenemos la responsabilidad de conducir la fuerza”, señaló. El ministro agregó que esa preocupación también alcanza a los agentes que diariamente realizan tareas de seguridad en la vía pública. “Sobre todo para los hombres y mujeres que cada día salen a la calle a jugarse la vida por los cordobeses”, indicó.
El debate sobre la igualdad ante la ley
En su mensaje, el titular de la cartera de Seguridad también enfatizó la necesidad de que la ley se aplique con el mismo criterio para todos los actores involucrados en un hecho de violencia. “Exigir reglas claras significa que cada integrante de una fuerza de seguridad responde ante la Justicia por su accionar. Y está bien que así sea”, sostuvo.
En esa línea, agregó que el mismo principio debe aplicarse a quienes agreden o atacan a miembros de la policía, especialmente cuando se trata de agentes que están cumpliendo su deber. “La misma regla debe regir para quien agrede a un integrante de la fuerza, especialmente cuando ese ataque se dirige contra un policía que está cumpliendo su deber y protegiendo a la comunidad”, planteó.
“Cuando un policía es tratado con presunción de culpabilidad, mientras quien dispara y mata puede recuperar la libertad en cuestión de horas, existe la percepción de que la ley no se aplica con la misma vara”, afirmó. Para Quinteros, ese tipo de percepciones representa un riesgo institucional que excede el caso puntual. “Cuando la ley no es igual para todos, lo que empieza a aparecer es el caos”, concluyó.
