El caso de Claudio Barrelier volvió a poner bajo la lupa los mecanismos de ingreso al Estado mediante modalidades precarias y abrió un nuevo frente de discusión política en Córdoba. En ese escenario, la legisladora radical Brenda Austin impulsa la sanción de una ley que busca modificar las reglas de acceso al empleo público provincial, limitar las contrataciones transitorias y recuperar los concursos como vía principal de incorporación a la administración pública.
La iniciativa apunta a transparentar el ingreso al Estado, fortalecer la carrera administrativa y garantizar que la incorporación de agentes se realice bajo criterios de idoneidad, antecedentes y capacidad, mediante concursos abiertos y mecanismos previstos en los convenios colectivos de trabajo vigentes.
De este modo, en clave política, la bancada de legisladores de la UCR, que reporta a Rodrigo de Loredo, le apuntó de lleno al peronismo en el poder de la provincia y el municipio capitalino.
El proyecto surge a partir de una preocupación que la parlamentaria radical viene recogiendo de distintos sectores vinculados al ámbito jurídico, laboral y gremial: la expansión de modalidades de contratación precarias utilizadas para cubrir funciones permanentes dentro del Estado provincial.
Sin embargo, la presentación opositora adquirió una nueva dimensión política luego de que el caso Barrelier instalara en la agenda pública el debate sobre los mecanismos de incorporación de personal bajo esquemas de precarización que, con el paso del tiempo, terminan funcionando como un primer escalón hacia reclamos de pase a planta permanente.
Barrelier ingresó como becario en 2019 en el ámbito municipal, vinculado políticamente al exconcejal oficialista Ricardo Moreno, dirigente de las 62 Organizaciones Peronistas, y al momento del femicidio de Agostina Vega figuraba vinculado a trámites administrativos relacionados con la regularización contractual y el acceso a categorías previas a la planta permanente.
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A partir de ese episodio, la discusión dejó de estar centrada únicamente en un caso individual y pasó a enfocarse en un problema estructural: el uso de contratos temporales, becas, pasantías y otras figuras precarias como mecanismos de ingreso que, con el paso del tiempo, terminan funcionando como una vía alternativa hacia la estabilidad dentro del Estado.
“Lo que termina ocurriendo es que muchas personas ingresan primero de manera precaria y luego, años después, aparecen los reclamos de pase a planta. Durante todo ese tiempo estuvieron precarizadas, pero además ingresaron salteando mecanismos básicos que garantizan igualdad de oportunidades e idoneidad”, advirtió Austin.
Con este argumento, la integrante de la bancada radical cuestionó que el Estado termine utilizando herramientas excepcionales como modalidades habituales de contratación. “Cada vez que se acercan procesos electorales pareciera que el Estado se transforma en una suerte de botín de guerra, donde empiezan a multiplicarse mecanismos de incorporación precaria, sin concursos y sin reglas claras”, fustigó.
Freno a la precariedad
El proyecto propone suspender durante dos años —con posibilidad de prórroga por igual período— las nuevas contrataciones bajo modalidades precarias, entre ellas contratos de locación de servicios, contratos por tiempo determinado, becas y pasantías, salvo aquellas estrictamente vinculadas a fines educativos.
Asimismo, establece que durante ese período los ingresos a planta permanente sólo podrán realizarse mediante concursos públicos abiertos de antecedentes y oposición, conforme a lo establecido en las leyes provinciales N° 7.233 y N° 9.361, además de los mecanismos contemplados en los marcos convencionales vigentes.
La iniciativa también plantea prohibir la utilización de figuras no contributivas para cubrir funciones permanentes dentro de la administración pública provincial.
Según Austin, el objetivo es evitar que modalidades diseñadas originalmente para resolver situaciones transitorias terminen reemplazando los mecanismos formales de incorporación al Estado.
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Caja de Jubilaciones
El proyecto de la UCR incorpora además una dimensión previsional. La legisladora sostiene que la precarización laboral dentro del Estado tiene consecuencias directas sobre la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones de Córdoba, debido a la pérdida de aportes y al crecimiento de esquemas salariales que no integran plenamente la base contributiva.
Según datos oficiales del portal Gestión Abierta correspondientes a 2025, la planta del Ejecutivo provincial alcanza los 112.454 agentes, de los cuales el 23,2% corresponde a trabajadores transitorios, incluyendo contratados y personal político. No obstante, la cantidad exacta de empleados bajo modalidades precarias no se encuentra consolidada en un registro público actualizado, según señaló la opositora.
En su crítica al PJ en el poder, Austin advierte que durante los últimos años se consolidó un esquema basado en becas, monotributos, contratos temporales y otras figuras para cubrir tareas permanentes del Estado. Según plantea, esta modalidad puede reducir costos en el corto plazo, pero genera un impacto negativo a largo plazo sobre el sistema previsional y sobre la propia organización administrativa.
De hecho, la propuesta establece también un proceso de regularización progresiva de conceptos salariales no remunerativos, conocidos como sumas “en negro”, para transformarlos en remunerativos en un plazo máximo de dos años y fortalecer así los aportes destinados al sistema previsional.
“La situación crítica de la Caja también tiene que ver con que el propio Estado se ha convertido en el primer incumplidor, utilizando mecanismos de contratación precaria y esquemas salariales que debilitan los aportes al sistema previsional”, cuestionó Austin.
Un debate político de fondo
A pesar de que el proyecto plantea una reforma sobre los mecanismos de contratación, Austin sostiene que la discusión excede la cuestión laboral y apunta al funcionamiento institucional del Estado.
“No podemos naturalizar que el acceso al empleo público quede librado a mecanismos discrecionales, contratos precarios e ingresos a dedo. El ingreso al Estado tiene que garantizar transparencia, igualdad de oportunidades e idoneidad, porque eso fortalece las instituciones y mejora la calidad del Estado”, afirmó.
En este marco, la iniciativa radical fogonea instalar una discusión política de fondo: el financiamiento previsional, el peso creciente de los aportes jubilatorios sobre los trabajadores activos y la continuidad del pago de sumas no remunerativas en los salarios.
Con este planteo, la oposición radical busca correr la discusión hacia el modelo de empleo público provincial y marcarle una agenda al oficialismo del PJ sobre la relación entre ingreso al Estado, transparencia administrativa y sostenibilidad de la Caja de Jubilaciones.
