El Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) decidió convocar a una audiencia preliminar a todas las partes para organizar el desarrollo del segundo juicio oral por el funcionamiento de la financiera ilegal CBI Cordubensis.
Son 14 las personas acusadas por el presunto delito de lavado de activos en varios hechos a partir de la operatoria de CBI y de otras empresas satélites que habrían aportado para mantener el circuito de negocios. Las defensas de los acusados habían solicitado, para esta segunda parte, más de un centenar de testigos.
Por esa razón, el tribunal presidido por Noel Costa -e integrado por Carolina Prado (TOF1) y el juez riojano Mario Eduardo Martínez- convocó a las partes para evaluar los requerimientos y, en caso de ser posible, aminorar la cantidad de testimonios orales y así optimizar el tiempo.
El desarrollo del primer juicio da la pauta de la complejidad del proceso.
La audiencia se abrió el 5 de noviembre y finalizó el 27 de junio de 2018, en una sentencia histórica porque fue la primera vez en el país en que se condenó por el delito de intermediación financiera no autorizada.
Aquel proceso se desarrolló durante más de medio año en el mismo tribunal, pero con otra integración. A lo largo de siete meses, fueron convocados 50 testigos. Las penas fueron impuestas además por lavado de activos y evasión tributaria agravada y fueron desde los dos años y seis meses hasta los siete años de prisión.
En este segundo juicio, se analizarán exclusivamente hechos vinculados al presunto lavado de activos agravado que se habría concretado en las operaciones financieras que realizó CBI a lo largo de los años.
Todos deben responder sobre ello en diferentes grados de participación. Los socios, Eduardo Rodrigo, Aldo Hugo Ramírez, Julio Cesar Ahumada, Daniel Arnoldo Tissera y Oscar Altamirano lo harán como presuntos autores. El resto como partícipes necesarios. Pero además hay dos imputados con otra acusación: Alejandro Daniel Yacopini, titular de la concesionaria Toyota en Mendoza, está acusado como autor de asociación ilícita. El otro es el contador Javier Fernando Guevara, quien será juzgado por intermediación financiera no autorizada.
En los dos casos se plantea el mismo interrogante: en el primer juicio, el tribunal descartó la existencia de asociación ilícita y condenó por intermediación no autorizada. Por recursos de acusadores y defensores el fallo no está firme y se encuentra, para ser revisado, en la Cámara Nacional de Casación Penal.
Qué se juzgará. En la acusación se describen las maniobras realizadas desde y hacia CBI de Centro Motor Toyota, Toyota Compañía Financiera, el vínculo con Yacopini Inversora SA en Mendoza, Siemens y la UTE Rivelux (que cobraban la recaudación del transporte público de la ciudad de Córdoba) y, por último, el rol del contador del Grupo Dinosaurio, Javier Guevara, en la inyección de cheques de la obra social Osecac, perteneciente al gremio de Comercio.
