La aceleración en acciones de intervencionismo en la economía por parte del gobierno nacional se siente con mayor fuerza desde la incursión de la pandemia y mantiene su vigor con la llegada de la segunda ola. Y aunque no se trata de un fenómeno nuevo, si comenzó a ganar espacio en la agenda de los medios y de los espacios de análisis de las instituciones que miran el devenir de la macro. El tema es uno de los tópicos centrales de la última edición del Balance de la Economía Argentina (BEA) que lanzó recientemente la Bolsa de Comercio de Córdoba.
El trabajo, que supone un exhaustivo recorrido por las variables principales que explican el estado de la macro nacional y provincial, también posó su mirada sobre el fenómeno del intervencionismo estatal y la multiplicidad de facetas con que se viene manifestando.
Al respecto, el Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa señala en la edición 27° del BEA que el control de precios es un mecanismo a través del cual el gobierno puede imponer un precio determinado a los precios de los bienes y servicios en los distintos mercados. Y advierte que esto puede hacerse con distintos objetivos, como el de mantener la disponibilidad de estos bienes y servicios para los consumidores durante una crisis, o el de evitar aumentos excesivos de precios en los mismos; a veces subsidiando a los productores y otras a través de la imposición de precios máximos o precios mínimos.
Sobre cómo se manifestó el intervencionismo en los precios el año pasado remarcaron: “Resulta interesante considerar los controles y regulaciones que se realizaron durante 2020, sobre las distintas divisiones de la canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC) realizado por INDEC. El 66% de los bienes y servicios de la canasta que componen el IPC fue regulado por al menos un control de precios. El principal control que se realizó fue sobre los precios de los alimentos de la canasta básica, bebidas, artículos de higiene personal y limpieza, a través del programa de Precios Cuidados y el programa de Precios Máximos. En el 2020, el presidente Alberto Fernández anunció el relanzamiento de Precios Cuidados con nuevos productos y marcas líderes; además de incluir los precios de alimentos y otros productos de almacén, se agregaron algunos productos farmacéuticos como alcohol, productos de limpieza y algunos medicamentos. Por su parte el programa de Precios Máximos rige desde el 20 de marzo de 2020, fecha en que se dispuso que los productos incluidos debían mantener el precio que tenían al 6 de marzo de ese año. A diferencia de Precios Cuidados, este programa no fue una medida acordada con las empresas de consumo masivo, sino más bien una imposición”. Sobre este programa puntual, la entidad recuerda que los precios de los productos incluidos en Precios Máximos quedaron congelados durante varios meses y que el Gobierno habilitó algunos reajustes de precios, que fueron de hasta 6% en algunos productos. “El desarme paulatino de este programa fue uno de los reclamos de los empresarios del sector, que aceptaron incorporar más productos a Precios Cuidados a cambio de dejar de mantener fijos algunos precios”, apuntó.
Cómo se regula. Respecto al matiz que tienen las regulaciones en los precios de la canasta del IPC se explica que la injerencia de Precios Cuidados sumadas a las de Precios Máximos, representan el 32,3% de la canasta. Este porcentaje de productos del IPC fue controlado por ambos instrumentos y de alguna manera manteniendo sus precios contenidos en el 2020. También se señala que hay un 3,8% del IPC que fue regulado únicamente por Precios Cuidados y hubo un 0,1% regulado únicamente por Precios Máximos. Otros instrumentos de control de precios, fueron los Precios Cuidados especiales anunciados en el 2020, como Precios Cuidados “Vuelta al Cole” anunciado en febrero (con precios de referencia de útiles e indumentaria escolares que se podían adquirir en hipermercados, librerías, papelerías y determinados locales). Este programa tenía la particularidad de ser de adhesión voluntaria y la canasta escolar e indumentaria variaba dependiendo del comercio, por lo que tuvo muy bajo alcance a nivel de la población.
En septiembre pasado se anunciaron planes para expandir Precios Cuidados a la industria de la construcción. Así, Precios Cuidados para la Construcción incluye precios de distintos materiales de la construcción, como sanitarios, cerámicos, cemento, aberturas, materiales para la electricidad, pinturas, entre muchos otros productos.
Finalmente, “Otros controles de precios” regularon un 19,6% de los precios de la canasta del IPC. En estos controles se incluyen otras medidas para frenar las subas de los precios de algunas divisiones de la canasta del IPC. “Allí se encuentran los típicos sectores controlados por el gobierno nacional, como las tarifas de energías como la electricidad y el gas. En estas últimas se congelaron las tarifas y se prohibieron los cortes de servicios en gran parte del 2020. Los precios de los combustibles, también fueron congelados desde diciembre del 2019 hasta los últimos meses del 2020 donde se permitieron algunos aumentos. Además de estos, se controlaron las tarifas en los servicios de transporte público, tanto ferroviario, como los distintos servicios de colectivos, taxis y remises. Por otro lado, en el 2020 se agregaron nuevos sectores a los controles de precios existentes. El sector de telecomunicaciones se sumó con el congelamiento de tarifas en líneas fijas, líneas móviles, conexiones de internet y televisión paga. Asimismo, hubo congelamiento de tarifas en prepagas y obras sociales. Tanto en los servicios de comunicaciones, como en los servicios de obras sociales y prepagas, además del congelamiento tarifario, se prohibió dejar de prestar los servicios por falta de pago”, remarca el trabajo.
El año pasado también se congelaron las tarifas de la educación preescolar, primaria y secundaria, y hubo regulaciones en los alquileres, no solo congelando precios, sino que también prohibiendo el desalojo por falta de pago. Por otro lado, el informe destaca que hubo un 34,2% de la canasta del IPC que no tuvo regulaciones en las tarifas ni en los precios, como la recreación y cultura, algunos servicios privados de salud, adquisición de vehículos, prendas de vestir y calzado, entre otras.
El resultado. Para el IIE, se puede concluir que, a pesar del intento de frenar la inflación por parte del gobierno, usando controles de precios en el 66% de los bienes y servicios incluidos en el IPC, la inflación fue de 36,1% en 2020 y mostró una marcada aceleración en los últimos meses del año, dando muestras claras que evidentemente la inflación tiene un origen macroeconómico, en particular el financiamiento con emisión de un elevado déficit fiscal crónico causado por un aumento excesivo del gasto público en la década pasada. “Los controles de precios en cambio, no sólo tienen una efectividad limitada para controlar la inflación, sino que provocan distorsiones los precios relativos, como es el caso de las tarifas reguladas, que impactan en una ineficiente asignación de recursos”, subrayó la entidad.
Navarro: “Qué haya más o menos controles dependerá de la macro y del juego político interno”
Para el director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Córdoba, Lucas Navarro, las intervenciones que activó el gobierno nacional representan injerencias distorsivas que en muchos sentidos han demostrados ser insuficientes para mitigar los impactos negativos de la pandemia. “Se trata de acciones negativas en términos de señales para los agentes económicos, pero también errores no forzados, innecesarios que implicaron, en muchos casos, pérdida de competitividad para muchos sectores. Además de las regulaciones en precios internos fue muy dañina la política aplicada al comercio exterior, con más restricciones para exportar y con fuertes impedimentos y más control y burocracia para las importaciones, afectando en muchos casos la productividad de las empresas. Hay muchos casos, pero no hay que olvidar las regulaciones excesivas en el mercado aerocomercial que terminó expulsando a compañías y generando un monopolio más fuerte para una empresa estatal e híper deficitaria como Aerolíneas”, plantó Navarro.
-¿Hay margen para más regulaciones?, ¿Deberíamos esperar más controles en el corto plazo?
-Su uno mira las cuentas fiscales del primer trimestre se ve que el gobierno está haciendo algún ajuste. Parecería que hay gente dentro del gobierno, podríamos pensar que el ministro Guzmán y su gente, que entiende que la emisión genera inflación, por eso absorben pesos vía Lelic. Hay un ajuste que se está haciendo, no con reforma del Estado, pero algo están haciendo, a futuro se puede reducir un poco el agujero fiscal. Si a eso se suman los dólares del agro y la llegada de los Derechos Especiales de Giro del FMI podemos ir viendo alguna corrección. Pero después está la confusión sobre cómo seguir haciendo las cosas y el enfrentamiento entre las distintas facciones del gobierno. Si la emisión se va controlando y se empieza a descomprimir el déficit y las reservas del Central no pierden fuerza la necesidad de intervenir puede ir bajando. Pero después hay que mirar cómo evoluciona la puja política interna, si se imponen los que buscan un ordenamiento sustentable o los que tienen un perfil más intervencionista.
