A un año y dos meses desde que el jubilado fiscal Hugo Amayusco emitió el exhorto para acceder a la confesión del cambista arrepentido Alberto Youssef en el Lava-Jato, el trámite en Córdoba se pone nuevamente en marcha y deberá recorrer todo el camino burocrático que requiere este tipo de solicitudes. El nuevo pedido lo analiza ahora el sucesor de Amayusco, Matías Bornancini, titular de la Fiscalía Anticorrupción N°1, quien debe investigar el posible pago de coimas en las licitaciones de los gasoductos troncales en la Provincia de las que participa la empresa brasileña Odebrecht.
La consecuencia será una demora de, al menos, seis meses más para acceder a la información que se pretende. Además, el otro dato saliente es que el nuevo convenio marco que propone Brasil centra casi exclusivamente el tema en la figura de Alberto Youssef, su famosa “lista” de coimas y lo que dijo en relación a Córdoba cuando declaró ante el exjuez Sergio Moro.
La novedad que se produjo hace 10 días es que Cancillería argentina remitió a Córdoba la respuesta de la justicia del vecino país. Consiste en un escrito de poco más de una carilla en la cual se condiciona el acceso a la información que aportó Youssef.
El convenio estipula que la justicia cordobesa debe comprometerse a no perseguir penalmente en Argentina al delator del Lava-Jato. Es más simple que el acuerdo que había propuesto a comienzos de este año, donde se mencionaban una serie de causas y cuya redacción era previa al convenio marco que suscribió la Procuración General de la Nación a mediados de este año y que tiene alcance para las investigaciones judiciales que llevan los fiscales y jueces federales argentinos.
Unificar criterio. Como además de Córdoba hubo pedidos de fiscales de otras provincias, desde Brasil se intenta unificar un criterio y una fórmula para la suscripción de los entendimientos. Allanarse al nuevo modelo de convenio que llegó de Brasil implicará comenzar el trámite desde el punto cero: una resolución de Bornancini, el dictamen de la Fiscalía General, la intervención del Tribunal Superior de Justicia, su envío a la Cancillería argentina y desde allí a la justicia brasileña. Cuando esta lo reciba responderá directamente a la Fiscalía Anticorrupción cordobesa.
Si se tiene en cuenta que el primer pedido fue emitido en septiembre del año pasado y la respuesta llegó en marzo es posible deducir que la burocracia empleará medio año más para la formalización del convenio.
En junio último la decisión del fiscal General Alejandro Moyano de aprobar el convenio que había propuesto Brasil en el mes de marzo generó la expectativa del inminente acceso a testimonios, declaraciones y pruebas tramitadas en esa jurisdicción. Sostuvo que el acuerdo era legal y plausible de ser suscripto. Había destacado, además, la necesidad de acceder a la información para esclarecer finalmente si existieron hechos de corrupción en Córdoba, en aquellas obras públicas de las que participaron y aún participan empresas brasileñas.
Por qué Youssef. En la causa Lava-Jato que investiga Moro existen menciones a las licitaciones de gasoductos troncales de los años 2008/2009. En concreto, hay una lista que confeccionó el cambista arrepentido Alberto Youssef y en la que figura un supuesto pago asignado a Córdoba de más de 60 millones de reales, 36 millones de dólares a la cotización de 2014, cuando la nómina fue secuestrada.
46 cajas. Mientras tanto, Bornancini analiza el contenido del último proceso licitatorio, aún en ejecución, para la construcción de las redes troncales para gas natural en todo el territorio provincial. El trabajo consiste en clasificar la información contenida, como el marco regulatorio, los contratos, las prohibiciones, etc. Luego ese detalle será contrastado con pruebas independientes para verificar si existen incongruencias que permitan deducir la existencia o no de coimas, tal como denunciaron en reiteradas ocasiones legisladores de la oposición.
IDAS Y VUELTAS
◆ Septiembre 2017: Amayusco libra exhorto.
◆ Marzo 2018: Brasil envía respuesta.
◆ Junio 2018: Fiscal General Moyano dictamina a favor del acuerdo propuesto por Brasil y el TSJ acompaña esa decisión.
◆ Julio 2018: Procuración General de la Nación firma acuerdo que alcanza a la Justicia federal.
◆ Noviembre 2018: Brasil envía nueva propuesta de acuerdo
