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CóRDOBA / CONTAMINACION AMBIENTAL
domingo 15 marzo, 2020

El derrotero de Bajo Grande que compromete a Mestre

Avatares del convenio con Corporación América. Qué destino se le dio a los $100 millones que debía entregar el privado al municipio.

por María Ester Romero

BAJO GRANDE. A pesar de haber recibido fondos, el municipio no mejoró sustancialmente el funcionamiento de la planta de tratamiento de líquidos cloacales. Foto: Cedoc Perfil

¿Por qué el exintendente Ramón Javier Mestre resultó comprometido en la causa judicial por presunta contaminación ambiental derivada del mal funcionamiento de la planta de Bajo Grande? Las razones pueden encontrarse en el derrotero frustrado de la construcción de una nueva planta en la zona sudeste y en el destino ineficaz que se dio a los fondos aportados para la ya existente.

La semana pasada, la fiscal federal Graciela López de Filoñuk amplió el requerimiento de acción penal por la presunta contaminación del Río Suquía hasta llegar aguas abajo a la laguna Mar Chiquita. A las imputaciones a siete funcionarios que había promovido tiempo atrás, sumó en la lista al exintendente Ramón Javier Mestre, que ahora debe resolver el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja si lo convoca a indagatoria.

El tema central es el mal funcionamiento de la actual planta ubicada en Bajo Grande donde llegan los líquidos que produce la mitad de la ciudad de Córdoba, que actualmente cuenta con el servicio de red cloacal.

Derrotero. Vale la pena recordar la secuencia de decisiones administrativas que adoptó durante su gestión el exintendente Mestre. En 2013, se firmó un convenio urbanístico por el cual se autorizaba a Corporación América SA la edificación en predios del ex-Batallón 141 a cambio de la entrega de $96,7 millones para la construcción de una nueva planta depuradora de líquidos cloacales. Se decidió que se levantaría en Villa Posse.

En efecto, en 2015 por una ordenanza se resolvió la expropiación de un predio con esa localización. En aquel primer acuerdo público-privado, la Municipalidad se comprometía a entregar, en 60 días hábiles posteriores a la aprobación del convenio en el Concejo Deliberante, los pliegos con las indicaciones técnicas de la nueva obra.

Pasaron cuatro años y no fueron elaborados. Hasta que, a fines de 2017, el municipio ingresó al Concejo una adenda donde se actualizaron los números y el destino. Se estableció que el privado debía pagar $376 millones, de los cuales haría una primera entrega de $100 millones a abonar en 10 cuotas iguales. Pero serían utilizados para mejorar el funcionamiento de la actual planta de Bajo Grande.

Un expediente de casi 2.000 fojas ingresó el 7 de diciembre y el 12 del mismo mes ya estaba aprobado.

Las obras se concretaron a lo largo de 2018 y 2019. El destino, ahora, abarcaría cuatro aspectos: la refuncionalización de dos digestores móviles, el cambio de seis percoladores, la compra de un nuevo equipo de cloración y la incorporación del sistema de extracción de sobrenadantes.

Gustavo Ibarra, director de Laboratorio de la planta de Bajo Grande, informó a PERFIL CORDOBA que de todo eso “solo se incorporó un digestor, están finalizadas y deben ser entregadas las obras de los brazos percoladores y el nuevo equipo de cloro, pero habrá que ver si las obras se hicieron bien o tienen vicios ocultos”.

“El sistema de extracción de sobrenadantes directamente no se hizo”, agregó.

En conclusión, no se sabe a ciencia cierta si se recibieron los $100 millones, ni qué pasará con los $276 millones restantes. Y si las obras que se hicieron son efectivas para mejorar el funcionamiento de la planta.

Pasaron siete años desde el convenio suscripto y la situación de Bajo Grande no ha cambiado. Federico Kopta, del Foro Ambiental Córdoba y querellante en la causa judicial, puntualizó que “hay una responsabilidad primaria” del exintendente Mestre por varios motivos: “Firmó seis decretos de declaración de emergencia sanitaria y ambiental por lo que estaba al tanto de la situación de BajoGrande”.

“Claramente no se hicieron las obras necesarias pese a existir recursos del convenio urbanístico del ex-Batallón 141, la Municipalidad incumplió durante años la presentación de planos para hacer una planta de tratamiento de efluentes nueva en la zona sureste y después de cinco años se decidió pasar esos recursos a Bajo Grande. Entonces, habiendo recursos que se podían disponer no se usaron y Bajo Grande siguió empeorando”, sintetizó.

Kopta sumó a su análisis uno de los logros que mostró Mestre en su gestión: la extensión de más de 200 kilómetros de red cloacal fina en barrios que no tenían el servicio. “Es una red que va a terminar en una planta que no funciona”, enfatizó al recalcar que está ya colapsada.

Mientras tanto, en 2016 la Provincia convocó a una licitación internacional para levantar una planta adyacente a Bajo Grande. Según Ibarra, esas obras muestran un avance del 60% y tienen plazo de entrega en diciembre 2021.

Con fondos de la Provincia y la Nación, se estima una inversión de alrededor de $3.000 millones que incluye además de una nueva planta, un sistema troncal para que desemboquen allí los efluentes provenientes de la red domiciliaria.

No reemplazará a la ya existente. Cuando toda la ciudad de Córdoba pueda contar con red de cloacas (hoy solo la tiene el 50%), se necesitarán ambas en funcionamiento. Actualmente ingresan a Bajo Grande 10.000 metros cúbicos por hora de líquidos para tratar.

IMPUTADOS. Los exfuncionarios municipales que están imputados son: Omar Gastaldi, Matías Salum, Daniel Bardagi, Luis Grion, Gabriel Rustan, Alejandro Toya y Carlos Poncio.

COMPETENCIA FEDERAL. Una pericia realizada comprobó la contaminación con fósforo del río Suquía, desde Bajo Grande que impacta en la laguna Mar Chiquita, casi 200 km río abajo, aportando nutrientes que generan la eutrofización de la laguna. Como es compartida con Santiago del Estero, está determinada la competencia federal en este caso.


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