El descontrol del delito interpela a Llaryora en un eje fuerte de su gestión
Mientras avanza la ola de inseguridad, penetra el mensaje del Gobierno nacional de mano dura.
MARTÍN LLARYORA. “Hay más delitos e inseguridad donde está la exclusión social. Y esta es la situación que se agrava día a día en la Argentina”, señaló el 1 de febrero en su discurso ante la Unicameral. |
Cedoc Perfil
“Tenemos bronca, miedo, no podemos salir a trabajar; llamamos a la policía y no hay móviles, pero sí hay para venir a custodiar esta protesta. ¿Dónde están los derechos de la gente que paga impuestos mientras los políticos defienden sus privilegios?
No damos más, vivimos con alarmas y rejas; hay zonas liberadas, dónde está el ministro de Seguridad, queremos que venga Gendarmería”.
Así reclamaban dos vecinas que participaron de la manifestación del jueves pasado para pedir más seguridad y justicia por Sebastián Villarreal, asesinado a quemarropa por delincuentes que le robaron la moto y a los que suplicó que no lo mataran “porque tenía dos hijos”. Un crimen brutal e inexplicable que conmueve y amplifica la violencia urbana que se vive en las calles.
El crecimiento del delito es palpable y comprobable. Lo dicen las cifras. En la comparación interanual, entre enero y febrero de este año hubo 40% más de detenciones por delitos en flagrancia. Son personas aprehendidas por robar, amenazar, agredir, hechos de inseguridad que se padecen a diario en todos los barrios de la ciudad de Córdoba.
El dato que se publica en el informe que acompaña esta columna parece discutir incluso el sentido común instalado de la denominada “puerta giratoria”, por la que entran y salen los presos.
Cada vez hay más delitos, también hay más detenciones. Si se comparan los números con la Provincia de Santa Fe, Córdoba tiene 3.000 internos más alojados en sus cárceles, a pesar de que la provincia vecina padece los estragos del narcotráfico y el crimen organizado.
El fenómeno que se está viendo en los primeros meses de este año es más que previsible. A mayor pobreza, exclusión y desempleo, crece la delincuencia. Lo reconoció el fiscal General a PERFIL CÓRDOBA en una entrevista publicada el domingo pasado.
Mientras todo ello ocurre, penetra el mensaje del Gobierno nacional que mantiene la adhesión de sectores que lo apoyaron a pesar de que las principales medidas económicas que tomó, tuvieron impacto negativo en las capas sociales medias y en las más bajas y vulnerables, cuyos ingresos se pulverizaron ante subas exponenciales de productos y servicios.
Sin embargo, quienes reclaman más seguridad no observan esas variables como las causas profundas del estallido de violencia y delito. Se fortalece el discurso de mano dura, de la casta y sus privilegios y de las fuerzas de seguridad nacionales como las únicas capaces de garantizar la paz social.
Si se desboca el fenómeno delictivo impactará en uno de los ejes de gestión del gobernador Martín Llaryora. La seguridad ocupó un capítulo central del discurso inaugural del año legislativo. El primer proyecto de ley que envió, y aprobó la Unicameral, fue sobre Seguridad.
Un enorme esfuerzo de recursos y personal que corre riesgo de resultar insuficiente aún antes de nacer, ante el estallido de la violencia urbana y social, en medio de la batalla conceptual que parece ganar, por ahora, el Gobierno nacional.
