Una vez más me sorprende la autopercepción de los juristas cordobeses respecto al funcionamiento de la Justicia. Las máximas autoridades de los poderes judiciales provincial y federal de Córdoba, Sebastián López Peña e Ignacio Vélez Funes respectivamente, opinaron en una entrevista para el diario Perfil de Córdoba.
Por un lado, el “tono” de las opiniones denotan alguna preocupación, pero por el otro no parecen asumir responsabilidad alguna o, en todo caso, son sumamente indulgentes con las causas de los problemas, los que minimizan y señalan de manera extremadamente superficial.
Vélez Funes, afirma algo con lo que nadie podría disentir acerca de la administración de justicia: “… tiene que dar confianza, seguridad, sensación de imparcialidad y por sobre todas las cosas el principio de legalidad.” Descarto que el Doctor Vélez Funes bien sabe que ninguna de esas cualidades ostenta ni la Justicia federal ni la de la provincia de Córdoba. Admite que llega tarde, pero dice que no se conoce que la culpa la tienen los legisladores que son quienes establecen los mecanismos para llegar a la sentencia. Semejante afirmación no parece asumir los defectos propios del sistema de justicia conocidos por los propios operadores del sistema, los abogados litigantes, las partes y las víctimas.
No ver o no querer ver los graves problemas es propio de la actitud conservadora del Poder Judicial, el que siempre se ha resistido a modificar su situación de privilegio y la comodidad que produce la repetición por décadas de los mismos rituales aprendidos. Así, cualquier iniciativa de reforma produce un campo de difíciles negociaciones con la burocracia judicial, en cambio no se conoce un solo caso en que el Poder Judicial haya tenido la iniciativa de una reforma y que el Legislativo no se haya hecho eco de ella.
“Da la impresión que el sistema esquiva los problemas y no es así”, continúa Vélez Funes. En realidad, pienso que la impresión no es que el sistema (compuesto por personas de carne y hueso) esquiva los problemas, sino que, sobre todo a sus cúpulas, no le importan los problemas en absoluto, en la medida, claro, que no afecten sus privilegios.
Por su lado, el Doctor López Peña se muestra muy satisfecho al afirmar que fuera del país la Justicia de Córdoba es como un “faro” en materia jurisprudencial y con relación a su funcionamiento, sobre todo en materia informática, lo que parece no haber impactado demasiado en la celeridad de las causas. Tal vez habría que sondear la opinión de los usuarios del sistema de justicia cordobés a los fines de tener alguna idea aproximada de la realidad: Córdoba es la provincia que más personas encarcela, el 60% de los presos no tienen condena y los fiscales siguen dictando las prisiones preventivas como si fueran jueces.
No conozco el número de fallos cordobeses revocados por la Corte, pero muy recientemente, en julio del 2020, fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos quien condenó al Estado Argentino por una sentencia de la Justicia de Córdoba. Perviven en la Provincia una Defensa Pública y un Ministerio Público que dependen económica y funcionalmente del Superior Tribunal de Justicia. El fuero anticorrupción, creado en el año 2003, en el 2017 dio cuenta solamente de 60 denuncias, siete condenados y un preso y en los últimos tres años no se conocen públicamente avances ni nuevas sentencias. En los Tribunales de Familia se siguen reproduciendo largas colas, sobre todo de mujeres, niños y niñas pobres. Miles y miles de mujeres reclaman soluciones a los problemas derivados de las desigualdades de género y hasta el momento la Justicia se muestra incapaz de hacerles frente eficazmente.
También afirma el Doctor López Peña que “opinar de la Justicia en forma global parte de un error de visión, creyendo que todo se engloba en un mismo concepto…”. Es obvio que cada administración de justicia tiene sus problemas locales, pero quienes hemos trabajado en diferentes lugares del país y de la región, bien sabemos identificar los denominadores comunes y no porque seamos especialmente perspicaces sino porque se repiten hasta el hartazgo: un modelo organizacional conservador, verticalizado y dependiente; un tipo de procedimiento secreto, escrito, burocrático, formalista, incomprensible, aislado de la ciudadanía y despersonalizado y una cultura inquisitiva ritualista, medrosa, poco creativa, preocupada por el trámite y no por la solución del conflicto, memorista y acrítica.
Todas estas cuestiones engloban problemas que se mueven en distintos planos: políticos, concepciones acerca del proceso y problemas técnicos específicos, por cierto, con sus particularidades, pero nos permiten hablar de problemas comunes a la administración de justicia en general y no de cuestiones subjetivas que, además, son toleradas por la institución.
Según las máximas autoridades de los poderes judiciales de Córdoba, pareciera que todo anda bastante bien por aquí. Si bien reconocen algunos errores, les parecen perfectibles, que siempre se puede mejorar y demás.
¿Es este el “faro” que alumbra el camino de las administraciones de justicia de otros países? Deben estar mal informados.
