El gobierno prepara un proyecto de ley para medir la productividad de empleados públicos

El gobierno de Córdoba trabaja por estas horas en la elaboración de un proyecto de ley que buscará medir la productividad de los empleados públicos. La iniciativa, que será presentada en el período de sesiones ordinarias de enero, contempla la posibilidad de “medir” la actividad que llevan adelante los trabajadores de planta permanente de las dependencias oficiales. Según pudo conocer PERFIL CÓRDOBA, el objetivo del gobernador Martín Llaryora es lograr más eficiencia desde el Estado y poder cuantificar el trabajo específico que realiza cada uno de los empleados estatales.

La idea del oficialismo se conoce en un momento de tensión con los gremios estatales, a partir de la decisión del gobierno provincial de no renovar la continuidad laboral de agentes provinciales que se encontraban en la categoría de contratados. Aunque desde el gobierno no se especificó ese número, para los gremios las desvinculaciones podrían llegar hasta las 2.500, particularmente en el área Salud y Cultura. “Hay que lograr mayor eficiencia”, es lo que esgrimen desde El Panal a la hora de analizar las medidas dispuestas por Llaryora en el arranque de su gestión.

En ese sentido, dejaron trascender que las decisiones más duras deben tomarse al inicio de la gestión para lograr “cierta solidez económica” que luego permita gestionar. “Es un sello de Llaryora, lo hizo en San Francisco, luego de una mala gestión de Hugo Madonna y también en la Municipalidad de Córdoba, donde hubo un recorte de horas extras en el contexto de la pandemia”, señaló un legislador del oficialismo. 

Advertidas las fuentes consultadas respecto a la potencial reacción de los gremios estatales tras estas decisiones y la conflictividad social que esto podría acarrear, la respuesta es que “hay canales de diálogo abiertos con todos”. De hecho, las mismas fuentes pusieron de manifiesto que el 15 de enero está previsto el inicio de las discusiones con los gremios para fijar la paritaria provincial, a partir de la histórica inflación que se produjo en diciembre y la que se proyecta para enero y febrero.

Eficiencia. Quedó establecido desde su discurso de asunción que los pilares de la gestión Llaryora serán tres: Seguridad, Salud y Educación. Respecto a los dos últimos, pero particularmente en el ámbito de la Salud, el gobernador insiste ante sus colaboradores que los parámetros de eficiencia y productividad son bajísimos respecto a los que se registran en el sector privado.

A través de comunicado, en el transcurso de la semana, la Provincia advirtió que los “faltazos” en las dependencias públicas de salud trepan hasta el 60% mientras que en el sector privado oscila entre el 4% y el 8%. El comunicado sostiene que “un médico en el sector privado atiende un promedio de 20 consultas diarias, mientras que en el ámbito público el promedio, durante 2023, fue de 8,3 consultas diarias, según el registro de prácticas y consultas en la historia clínica electrónica”.
 
“¿Cómo puede ser que en algunos hospitales del interior se hayan realizado hasta 5 designaciones por cargo porque todos tienen carpeta médica?”, es una de las preguntas que Llaryora le realizó a sus colaboradores, en particular a su ministro de salud, Ricardo Pieckenstainer, quien tiene una vasta experiencia en el sector privado (era uno de los directores médicos del Hospital Privado) y conoce la temática a fondo. De las reuniones que ambos mantuvieron con los directores de 44 hospitales provinciales surgió la implementación de un nuevo mecanismo de evaluación de desempeño de los equipos de salud en cada nosocomio.

Uno de los primeros diagnósticos que recibió Llaryora cuando se sentó en el sillón principal del Panal fue el estado de situación de cada ministerio. Lo que detectó el gobernador es que la inversión que hace el Estado en las tres áreas claves –salud, seguridad y educación- es importante, señalan las fuentes consultadas. Sin embargo, puso el foco en tornar eficiente la inversión. “Los niveles de inversión que se realizan en el área de Salud deben traducirse en una mejor calidad del servicio”, insisten.

No es lo mismo. La “avanzada” de Llaryora sobre los empleados públicos unió a los gremios estatales que rechazaron los despidos de contratados y el ajuste sobre los trabajadores y le cuestionan al gobernador por la suba de los aportes a la Caja y al Apross.

Los referentes de los sindicatos que nuclean a los trabajadores estatales se mostraron compactos en la demanda de reincorporación “en forma inmediata” de todos los contratados a los que no se les renovó su fuente laboral. Los representantes gremiales advirtieron que la administración llaryorista sigue los pasos de “las políticas de ajuste” aplicadas por el gobierno de Javier Milei. Por ese motivo, el SEP convocó a asambleas y actos de protesta para este lunes en las reparticiones de Capital e interior y llamó a movilizarse el martes.

La relación de Llaryora con los gremios no será la misma que mantuvieron con José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti. “El contexto económico era diferente”, dicen desde el gobierno. “Llaryora va más al choque, es muy diferente al modo de gobernar del Gringo y el Gallego, y hoy las conducciones de algunos gremios es más combativa”, señala un gremialista. El cambio de época se experimenta desde ambos bandos.