La madrugada del 6 de agosto del 2020, Blas Correas se convirtió en víctima de un brutal crimen en manos de un grupo de policía s que, además, hicieron todo lo posible para encubrir el asesinato plantando pistas falsas.
El caso generó un tremendo impacto institucional, político y social, que aún hoy tiene consecuencias.
La mamá de Blas, Soledad Laciar, se mantuvo todos estos meses entre el dolor irreparable por la muerte de su hijo y el pedido de justicia. Sigue reclamando para que se investiguen las responsabilidades políticas en el crimen.
El homicidio ocurrió cuando el adolescente viajaba en un Fiat Argo, con cuatro amigos. En un control policial sobre la avenida Vélez Sarsfield, los efectivos comenzaron a disparar en dirección al auto que recibió, al menos, cuatro impactos de bala, uno de los cuales ingresó por la luneta trasera e impactó en la espalda de Blas.
Desde ese momento se generó por parte de los policías una cadena de complicidades para ocultar, mentir y desviar la atención del brutal crimen de un chico de tan solo 17 años.
Apelada. La causa fue investigada desde un primer momento por el Fiscal José Mana. En nueve meses la fiscalía finalizó la investigación y elevó la causa a juicio. Hoy se encuentra en un juzgado de Control por la apelación de dos defensores. Alejandro Pérez Moreno es el abogado que representa a la familia de Blas y respecto a la investigación llevada adelante por el fiscal, siempre se mostró conforme y destacó que la “investigación fue seria y muy prolija”.
La fiscalía dictó la elevación a juicio a 13 policías, ocho de ellos están presos. En la acusación, José Mana hizo una precisa descripción de cada uno de los responsables.
Los principales acusados son los cabos Javier Catriel Alarcón y Lucas Damián Gómez, quienes deberán responder como coautores penalmente responsables de los delitos de homicidio calificado, por haber sido cometido en abuso de su función por un miembro de las fuerzas policiales y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego, en concurso ideal.
Alarcón y Gómez son los policías que dispararon. Gómez es quien ejecutó el balazo fatal contra Blas. Estos dos policías enfrentan una posible pena de prisión perpetua.
El resto de los policías acusados son Sergio Alejandro González, Wanda Micaela Esquivel, Yamila Florencia Martínez, Walter Eduardo Soria, Enzo Gustavo Quiroga y Jorge Ariel Galleguillo. Están imputados como autores del delito de encubrimiento, además de omisión de deberes de funcionario público.
Leonardo Alejandro Martínez, Rodrigo Emanuel Toloza Ezequiel, Agustín Vélez y Leandro Alexis Quevedo están acusados como autores de los delitos de falso testimonio y encubrimiento. En tanto que Juan Antonio Gatica deberá responder como autor del delito de encubrimiento.
Para la reconstrucción del hecho se hizo el relevamiento de cámaras de los móviles policiales, de domos de seguridad, la apertura de más de cuarenta aparatos celulares (a los investigadores les llamó mucho la atención que había policías con hasta cuatro celulares diferentes), además de informes técnicos de diversas secciones de la Policía Judicial.
Para el fiscal quedó acreditado que los policías Alarcón y Gómez fueron los que dispararon, que la policía Wanda Esquivel fue quien plantó el arma falsa para acusar a Blas y a sus amigos y que el resto de los policías involucrados hicieron todo lo posible para desviar y obstruir la investigación.
De los 13 imputados en la causa, ocho de ellos (Alarcón, Gómez, Martínez, Esquivel, González, Soria, Quiroga y Galleguillo) se encuentran detenidos.
Todavía está pendiente el tramo de la causa correspondiente al Sanatorio Aconcagua, en el cual enfrentan imputaciones los empleados Casalino, Guadalupe Moya y Andrea Mezzaccapo por abandono de persona.
Por otra parte, en la Fiscalía Anticorrupción a cargo de Matías Bornancini está la causa en contra de Ana Becerra, titular del tribunal de conducta policial imputada por abuso de autoridad. Se le cuestiona el procedimiento por el cual decidió que los principales acusados del crimen de Blas, los policías Gómez y Alarcón, hayan estado en tareas operativas, cuando tenían causas previas.
Por su parte el excomisario Gonzalo Cumplido, hoy precandidato a diputado, fue sobreseído y ya no forma parte de la investigación.
Exclusivo. En diálogo con PERFIL CÓRDOBA el fiscal José Mana, quien pudo desentrañar toda la trama de complicidades policiales, aseguró: “Todo lo expuesto creo que nos lleva a reflexionar sobre la necesidad como sociedad de generar una profunda transformación en las fuerzas de seguridad. El homicidio de Blas y la serie de conductas policiales que lo rodearon, se enmarcan en el contexto de la violencia institucional. Claramente esto refleja la necesidad de generar un cambio estructural en la Policía de la Provincia de Córdoba”.
En relación con la actitud que tuvieron los policías en plantar un arma para tratar de torcer la investigación y la consecuente cadena de complicidades, Mana afirmó: “La decisión de plantar un arma deja en evidencia que las maniobras encubridoras de este tipo no serían ajenas al ámbito de la policía, o al menos de los efectivos involucrados”.
En una perspectiva general de la causa, el fiscal aseveró que su balance de la investigación es “positivo” y resaltó que “alcanzó todos los tramos del evento que terminó con la muerte de Valentino Blas Correas”. “En efecto –amplió Mana– la instrucción se desarrolló a partir de una línea de tiempo que abarcó desde el momento inicial en que se suscitó un incidente entre el vehículo en el que se conducían los jóvenes con el conductor y acompañante de una motocicleta, hasta el hallazgo sin vida de Blas Correas en el interior del automóvil. Es más, el análisis se proyectó también hacia atrás, cuando remitimos los antecedentes al fuero Anticorrupción para que indague sobre el retorno a la actividad policial por parte de los policías autores de los disparos. Ellos habían sido separados temporalmente de sus respectivas funciones”.
El crimen de Blas ocasionó una enorme conmoción social, pero además fue un impacto al corazón de la fuerza policial y también a la gestión de seguridad del Gobierno provincial. Ante la pregunta concreta al fiscal sobre si recibió presiones políticas o alguna directiva para redireccionar la investigación, Mana es contundente al responder: “Por supuesto que no. De hecho si se analiza el resultado de la investigación y de la causa, se puede fácilmente inferir eso. Además, si lo hubiera habido, el resultado sería el mismo, porque no hubiera afectado en nada mi actuar como fiscal”.
