En el marco de una presentación colectiva que incluyó a una veintena de colegios de abogados, la Justicia Federal dictó una medida cautelar que paraliza la aplicación de dos artículos de la Ley N.° 27.802 de Modernización Laboral.
La resolución fue dictada por el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.° 11, el mismo que impuso una multa diaria de $100 mil a la Jefatura de Gabinete de la Nación por no cumplir el fallo que dispuso la aplicación de la ley de financiamiento universitario.
El planteo de los abogados
El colectivo demandante estuvo integrado por más de una veintena de instituciones representativas de la abogacía de distintas jurisdicciones del país, entre los cuales el Colegio de Abogados de Córdoba, de Villa María, Río Cuarto, San Francisco, Bell Ville, Villa Dolores, Cruz del Eje, Laboulaye, Deán Funes y Río Tercero, además de colegios de las provincias de Misiones, Corrientes, Catamarca, Río Negro, Chaco, La Pampa, Santa Fe, Salta, Neuquén y Tierra del Fuego.
Las entidades recurrieron a la Justicia para solicitar una medida cautelar, con el objeto de frenar los efectos inmediatos de los artículos 10 y 56 de la Ley 27.802. Argumentaron que vulneran garantías constitucionales al afectar la percepción de los honorarios profesionales —de carácter alimentario—, alterar la regulación de las costas procesales e introducir un mecanismo de responsabilidad solidaria que desincentivaba el libre ejercicio de la abogacía.
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Qué resolvió el tribunal
En su fallo, el juez Martín Cormick hizo lugar a la medida cautelar colectiva por el término de tres meses. La resolución dispuso suspender los artículos 10 y 56 de la Ley N.° 27.802: En consecuencia, se restablece la vigencia del texto anterior del artículo 20 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Esta modificación -suspendida temporalmente- hacía responsable solidario al abogado de las costas procesales junto a su cliente y autorizaba a las grandes empresas a cancelar las sentencias condenatorias en hasta seis cuotas mensuales y a las MiPyMEs en hasta 12 cuotas, además de limitar la responsabilidad por costas.
